En muchos países obtener un título universitario es considerada una forma bastante segura de garantizar ingresos superiores a los que se tendrían con sólo haber cursado la educación secundaria –un concepto que sería pertinente poner a prueba–. Si bien las universidades públicas son una opción más económica, en la pugna del mercado laboral suelen ser mejores puntuados aquellos que asistieron a instituciones de prestigio, que resultan ser las privadas.
En Estados Unidos, como en otros tantos lugares del mundo, ser un profesional egresado de una universidad es sinónimo de ser un deudor. Y mucho más desde que las matrículas se han triplicado en los últimos treinta años. Cerca del 70 por ciento de los que están haciendo un posgrado finalizan sus estudios con una deuda de alrededor de 30 mil dólares.
La vida de un universitario ya es difícil de por sí y se complica aun más con una deuda a cuestas. Es por eso que un grupo de estudiantes se ha organizado en el llamado Debt Collective (Colectivo de deuda), rechazando pagarles a instituciones financieras y gubernamentales a las cuales pidieron un préstamo para estudiar en distintas instituciones privadas.
Esta “huelga de deuda” busca reunir a tantos deudores como pueda para forzar un cambio en el sistema educativo estadounidense. Para llegar a todo el país crearon un sitio web donde cada estudiante puede inscribirse, anotando el monto de su deuda, ciudad y universidad donde estudió y una dirección de correo electrónico de contacto.
La página de inicio del sitio web reza: “Si le debes mil dólares al banco, el banco es tu dueño. Pero si le debes un trillón, entonces el banco te pertenece. Juntos, el banco es nuestro”. Además aparece un contador donde figura el valor total de las deudas estudiantiles, que hasta el cierre de esta edición llegaba a 182.170.071 dólares.
Todo comenzó cuando en abril del año pasado la Oficina de Protección Financiera al Consumidor (Opfc) abrió una investigación sobre varias instituciones educativas a raíz de cientos de denuncias de estudiantes vinculadas con la deserción escolar, tasas de los préstamos no pagados y tácticas mentirosas de reclutamiento.
En noviembre el organismo demandó al Corinthian Colleges, una de las cadenas de instituciones educativas más grandes de Estados Unidos, por comercialización engañosa. El personal encargado de reclutar estudiantes los animaba a cometer fraude en las solicitudes de ayuda financiera, lo que provocó que cerca del 60 por ciento de ellos no pudieran pagar sus deudas y cayeran en default por los siguientes tres años.
Tras las acusaciones públicas, 15 ex alumnos indignados se declararon en huelga el pasado febrero, entregaron una carta al Departamento de Educación (DE) del gobierno, afirmando que no devolverían el dinero que recibieron como préstamo para asistir al Corinthian, porque se sentían obligados a “hacer pagos a un sistema inmoral que se beneficia de nuestras aspiraciones. Pagamos un alto precio por grados que nos han llevado al desempleo o empleos que no pagan un salario digno”.
El DE y la Opfc están trabajando en conjunto para resolver la situación particular del Corinthian, tratando de que se perdonen las deudas. Este caso ha sacudido al gobierno estadounidense, que a fines de marzo presentó una acción ejecutiva que pretende mejorar la interacción entre el gobierno federal y los universitarios, y anunció nuevos planes para facilitar los pagos de las deudas estudiantiles, aunque insiste en que los morosos deberán continuar amortizando sus préstamos o podrán sufrir desde un aumento de las tasas de interés, tener problemas con sus puntajes para pedir un nuevo crédito, o ser embargados.
El malestar ha trascendido al Corinthian y el número de quienes protestan supera el centenar –y sigue creciendo–; afirman no haber tenido mucha idea sobre las reales condiciones del préstamo a la hora de pedirlo, no consideran que la educación recibida valga el dinero que deben y creen que nadie debería endeudarse por satisfacer necesidades básicas tales como educación o salud.