Cartas sobre la mesa - Semanario Brecha

Cartas sobre la mesa

Las universidades privadas vuelcan los dineros obtenidos mediante las donaciones exoneradas en iniciativas diversas, de acuerdo a la información entregada a Brecha. Sin embargo, sobresalen con claridad aquellas orientadas a potenciar el emprendedurismo y el desarrollo empresarial.

En 2015 la Universidad Católica accedió a donativos por 15 millones de pesos

Frente a la información parcial vertida oficialmente por el Ministerio de Economía (Mef), las universidades privadas resolvieron enviar a Brecha una serie de documentos donde aparecen los nombres de los proyectos financiados a través del Sistema de Donaciones Especiales (Sde), mediante el cual un 83 por ciento de los donativos empresariales son aportados por el Estado, a través de la renuncia fiscal (Irae y Patrimonio). Los escritos a los que accedió el semanario constatan la entrega al Mef de las rendiciones de cuentas de fondos recibidos en 2015 a través del Sde (previsto en la ley 18.834 y otras normas complementarias).

Las carátulas están firmadas por representantes de las instituciones educativas, tienen el correspondiente acuso de recibo ministerial y están fechadas entre el 22 de febrero y el 31 de marzo de 2016 (es decir, dentro de los plazos legales dispuestos para efectuar la rendición del gasto de las donaciones exoneradas). Además, en ellas figuran los nombres de los proyectos (véase recuadro), con excepción del escrito de la Universidad de la Empresa (Ude), donde no aparecen mencionados.

Estos datos no figuran en el anexo “Donaciones especiales”, del proyecto de rendición de cuentas entregado formalmente al Parlamento el 16 de junio por parte del Mef, en representación del Poder Ejecutivo. Allí aparece sólo el listado de instituciones beneficiarias del sistema, los montos recibidos por cada una de ellas y qué empresas realizaron donaciones. En un apartado de ese anexo, titulado “Instituciones que aportaron información”, el Mef, rector de esta política, da cuenta de que sólo dos universidades privadas remitieron la documentación obligatoria. Únicamente figura un estado contable “preliminar” de la Universidad Católica (Ucudal) y uno más detallado de la Ude, pero en ninguno de los dos casos aparece información de los proyectos financiados con las donaciones empresariales.

Brecha intentó (nuevamente) tener la palabra de las autoridades de Economía, aunque sin éxito. Por ende, fue a través de las propias universidades privadas que finalmente pudo conocer el tipo de iniciativas que son aprobadas a través de este mecanismo, que al comprender fondos estatales deberían ser de acceso público.

LOS PROYECTOS. Una parte significativa de los dineros aportados por el Estado a través de las exoneraciones impositivas es volcada por las universidades privadas a sus escuelas de negocios o a la formación de empresarios, ya sea a través del fortalecimiento de las cátedras de emprendedurismo (en el caso de la Ort), la participación en actividades académicas específicas, o mediante el otorgamiento de becas (véase recuadro). El Centro de Líderes Emprendedores e Innovadores (Initium) de la Universidad de Montevideo (UM) tiene como cometido central alentar la “cultura emprendedora” de sus alumnos sobre la base de que “la economía de un país se mueve con la creación de nuevas empresas” duraderas en el tiempo. “Una manera muy simple de empezar a incluir estos temas en los cursos es que los profesores utilicen ejemplos desde el punto de vista de un empresario/emprendedor y no de un empleado”, explica en el sitio institucional la coordinadora de Initium, Josefina Maisonnave Aishemberg.

La Ucudal destinó casi 3 millones de pesos (exactamente 2.971.313, de acuerdo a la información otorgada por esta universidad) a la organización del Foro Mundial de Escuelas de Negocios Jesuitas (Iajbs 2014). Su última edición, realizada en Uruguay, tuvo como principales ejes temáticos la “innovación en la pedagogía de la enseñanza de los negocios” y “los desafíos en la relación empresa-universidad de inspiración jesuita”.

Entre los resultados de las iniciativas enfocadas a la investigación e innovación se encuentra “La casa uruguaya”, una vivienda autosustentable (aquella que fue exhibida en la explanada de Tres Cruces el año pasado) diseñada por estudiantes y docentes de todas las facultades de la Ort. La casa, que funciona con energías renovables y cuenta con diversos sistemas inteligentes amigables con el ambiente, fue galardonada con el primer premio en el concurso internacional más importante sobre arquitectura sostenible, en el que compitieron prestigiosas universidades latinoamericanas, norteamericanas, europeas.

También financiado mediante el Sde, el Observatorio de Energía y Desarrollo Sostenible de la Ucudal trabaja para generar “análisis y opinión independiente” sobre el sector energético de Uruguay y la región. En esta misma área, el Centro de Innovación e Ingeniería de esta institución promueve la creación de empresas vinculadas al desarrollo tecnológico.

Asimismo hay al menos dos proyectos de voluntariado financiados por las donaciones exoneradas. Por un lado está el de “voluntariado corporativo” de la Ucu-dal que, de acuerdo a la definición adoptada por esta universidad, se trata de “cualquier medio formal u organizado utilizado por una compañía para animar y apoyar a sus empleados y jubilados a ofrecer voluntariamente su tiempo y habilidades al servicio de su comunidad”. Este tipo de voluntariado es para la Católica una “herramienta clave en la construcción de una cultura corporativa de la responsabilidad social empresarial (Rse)”. El voluntariado de la UM (identificado como Vum) busca que sus estudiantes canalicen “su solidaridad con los más necesitados y con los problemas sociales” (entre otros: donación de libros y ropa, entrega de tablets del Plan Ibirapitá, participación en el Mc Día Feliz), pero también “comunicar y fortalecer la imagen institucional de organización”, por ejemplo, mediante la gestión de redes sociales.

Otra porción de las donaciones, estimuladas por el Mef a través de descuentos de impuestos, es volcada por las universidades a mejorar su infraestructura (laboratorios y “capacitación terciaria del espíritu emprendedor” de la Ucudal) o su funcionamiento (“Fortalecimiento de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales” de la Ort).

DESDE LA ACADEMIA. Entre los académicos especializados en políticas de innovación de la Udelar existen matices acerca del mecanismo de financiamiento de las universidades privadas contemplado por la ley de mecenazgo. Pero hay acuerdo sobre la necesidad de que el Estado tenga un rol más activo en la planificación y en la fiscalización de las propuestas académicas, tanto para las instituciones privadas como para la propia Udelar. Hasta el momento la aprobación de proyectos para la educación superior postulados a través de este mecanismo es realizada exclusivamente por el Mef, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con proyectos de salud o de infancia, que son estudiados por Salud Pública o el Mides, respectivamente (Brecha, 12-VIII-16).

Judith Sutz, doctora en socioeconomía del desarrollo, docente y asesora en la Comisión Sectorial de Investigación Científica (Csic) de la Udelar es crítica con la modalidad de financiamiento indirecto que hace el Estado de proyectos de universidades privadas. “Estoy en contra de que el Estado renuncie a la posibilidad de direccionar como quiere el dinero de su renuncia fiscal, que hasta ahora está siendo dirigido hacia donde las empresas quieren”, apuntó.

La académica, que ha publicado numerosos trabajos sobre innovación e investigación en Uruguay, consideró que es “de sentido común” que la aprobación de los proyectos tenga una pata de evaluación en los ámbitos educativos, pero que si se mira seriamente el sistema actual no alcanza con que se sume una comisión o un tribunal del Ministerio de Educación (Mec). Lo que debería cambiar es la raíz del sistema: “Que se use en becas o en innovación no es el problema, en el fondo lo que hay que evaluar es si es razonable que haya renuncia fiscal delegada a los gustos y preferencias de las empresas privadas. Yo creo que no”.

Carlos Bianchi, coordinador de la Red Temática de Estudios del Desarrollo de la Udelar, comentó a Brecha que la discusión es oportuna para repensar la educación superior como sistema y definir líneas comunes que amplíen el acceso a una educación que necesita mejoras. Sólo el 20 por ciento de la población alcanza el nivel terciario, lo que según su visión es un porcentaje ínfimo comparado con los países desarrollados. De todas maneras aclaró que “no plantearía nunca la discusión en términos de que el Estado no debe dar recursos públicos a los privados, ni en una dicotomía de universidad pública versus privada, como creo que hizo el (grupo político) Ir. Lo que entiendo es que el Estado debería tener como política objetivo un plazo razonable para ampliar el acceso a la educación superior de calidad y a la investigación, y si eso implica que se siga dando dinero por renuncia fiscal está bien, pero que no sea darlo a tontas y a locas, y sin control de que efectivamente sea bien gastado”.

A criterio del experto, uno de los requisitos que deberían tomarse en cuenta a la hora de aprobar los proyectos es la calidad de las instituciones. “En Uruguay –explicó– hay universidades privadas muy buenas, con las que puedo tener mil discrepancias pero que tienen enseñanza de calidad. Pero también hay instituciones, aunque pocas, que toman la educación como un buen negocio y de lo que menos se preocupan es de la enseñanza de calidad, y menos de la investigación.”. Bianchi entiende que no hay soluciones inmediatas, pero que es importante que se estudie tanto lo que refiere a las donaciones como al sistema general de exoneraciones tributarias que tienen las instituciones educativas privadas. Discernir, por ejemplo, los motivos de que la Udelar pague aportes patronales y no lo hagan las universidades privadas debería estar sobre la mesa y sus motivos explicitados.

Según Sutz es válido que exista la posibilidad de que las empresas privadas sean exoneradas de impuestos por donar a proyectos específicos, pero considerando que la mayoría de ese dinero es del Estado lo más justo sería que se utilizara en el ámbito público. A criterio de la investigadora es “entendible” que los empresarios no quieran que el dinero vaya a Rentas Generales y se use de cualquier manera, pero considerando las necesidades educativas actuales plantea como posibilidad el diseño de nuevos mecanismos, también específicos, pero públicos. “Se puede hacer una batería de propuestas, incluso por barrios: el barrio A va a construir siete centros Caif, por ejemplo. O se puede usar la plata para cumplir una meta. Por ejemplo se podría tomar la decisión de que el dinero fuera a un fondo para la construcción de cierto número de liceos de tiempo completo. Eso ayudaría además a que las metas sean verificables”, propuso.

Brecha intentó comunicarse con responsables académicos de varias universidades privadas, pero éstos declinaron hacer declaraciones. Desde la UM explicaron a este semanario que el rector, Juan Manuel Gutiérrez –quien ofició de vocero luego de la reunión que mantuvieron los rectores de las instituciones privadas con autoridades del Mef–, no realizará más pronunciamientos, ya que reservan el tratamiento del tema con los “actores políticos correspondientes”, prefiriendo no polemizar más sobre el tema.

PIEDRA EN EL ZAPATO. En el sistema político, la pelota ahora está en el Senado, que aún no analizó el asunto formalmente. La propuesta de Ir de quitar a las universidades privadas de la lista de instituciones beneficiarias del Sde fue votada por Diputados en la rendición de cuentas, en medio de una interna fogosa por el abatimiento de los gastos en la educación. El ministro Danilo Astori se pronunció en contra de modificar el sistema que él mismo gestó durante el período pasado, pero dentro del equipo económico la propuesta de cambio obtuvo el respaldo del director del Banco Central, Mario Bergara, que se mostró favorable a revisar el sistema vigente. El senador José Mujica (que profundizó los beneficios fiscales durante su gobierno) se plegó esta semana a esta postura.

Todo el manejo de este sistema de donaciones queda en la órbita del Mef. Es el que administra los dineros provenientes de las donaciones, establece los montos máximos por empresa y el que hace las comunicaciones correspondientes a éstas, a los beneficiarios y a la Dgi. Pero también el Mef es el único organismo del Estado que realiza un análisis de los proyectos presentados por las universidades privadas, que no pasan por el Ministerio de Educación.

Los controles del Mec sobre la calidad académica y curricular de las instituciones terciarias privadas han venido mejorando en los últimos años (en 2014 se aprobó un nuevo decreto), pero Uruguay todavía no cuenta (como sí lo tiene el resto de la región) con un sistema de acreditación, aunque hubo dos intentos fracasados. En 2010 el Mec envió al Parlamento un proyecto de ley para crear una Agencia de Promoción y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Terciaria; cuatro años después remitió otro similar para actuar a través de un Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Terciaria. En ninguna de las ocasiones hubo acuerdo entre los legisladores frenteamplistas, como tampoco la hay, hasta el momento, con relación a las donaciones exoneradas.

[notice]

Becas, becas

Ante la posibilidad de que se quitaran las exoneraciones fiscales a las empresas donantes, los rectores de las universidades privadas pusieron en duda la continuidad de las becas para los estudiantes menos privilegiados (aunque posteriormente el rector de la Ucudal, Eduardo Casarotti, afirmó: “las universidades vamos a seguir manteniendo las becas”). Todas las instituciones que aportaron información sobre sus proyectos a Brecha destinan donaciones al otorgamiento de becas. El Claeh es el único que volcó en éstas la totalidad de lo recibido, pero también es el que recibió el menor monto por parte de los empresarios. En total, el Claeh otorgó 64 becas parciales (la mayoría del 10, 15 y 20 por ciento) en 2015: 21 para Derecho (abogacía y escribanía), 21 para Medicina, y 22 para la Licenciatura en Gestión Cultural (opción que no está disponible en la Udelar). De acuerdo a la información disponible en los sitios institucionales, Camino Tic es un sistema de becas “sociales” y “totales” de la Ort para la formación en carreras técnicas de esa área en coordinación con el Rotary Club y la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (Cuti), en tanto “fuente generadora de oportunidades de empleo”. Mediante un mecanismo similar, el “Fondo abriendo oportunidades-Responsabilidad Social Empresaria” de la Ucudal otorga becas de grado a jóvenes cuyos padres trabajan en empresas que firman convenio con esa universidad y cuyas familias sean de “bajos ingresos”. Para los casos restantes (“Fondo de becas”, de la UM, y “Fondo de becas carreras no universitarias”, de la Ort) no hay información disponible.

[/notice] [notice]

Las propuestas aprobadas1

Centro Latinoamericano de Economía Humana CLAEH (1.940.395 pesos)

– Fondo de becas de grado.

 Universidad Católica (15 millones de pesos)

– Fondo de becas abriendo oportunidades.

– Foro mundial de Iajbs 2014.

– Fortalecimiento de la infraestructura académica para la capacitación terciaria del espíritu emprendedor en el Uruguay, 4ª parte.

– Fortalecimiento de laboratorios de ingeniería 2013.

– Incorporación al país de conocimiento de punta mediante expositores internacionales de alto nivel.

– Mejora de la calidad educativa en centros de contexto crítico 2013.

– Adquisición permanente de bibliografía y bases de datos 2013.

– Mejora de la enseñanza de la ingeniería a través del fortalecimiento de la infraestructura de laboratorios.

– Fortalecimiento de laboratorios de ingeniería, fase 2.

– Cátedra de investigación en logística 2013.

– Verduras, frutas, pescado: disponibilidad y costos 2014.

– Centro de innovación e ingeniería 2014.

– Laboratorio de innovación y emprendimiento 2014.

– Voluntariado corporativo 2015.

– Kairós 2014.

– Personas antes del final de la vida.

– Propuesta para la facilitación del comercio internacional en materia legislativa y operativa.

– Observatorio de energía y desarrollo sostenible 2013.

 Universidad de la Empresa (2.591.933 pesos)

– Sin datos.

 Universidad de Montevideo (13.317.063 pesos)

– Educadores para el cambio.

– Fondo para emprendedurismo.

– Actividades jurídicas universitarias.

– Fondo de becas.

– Fondo para investigación e innovación.

– Voluntariado UM.

Universidad ORT (11.288.507 pesos)

– La casa uruguaya Sdlc.

– Fortalecimiento de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales.

– Cátedra de Emprendedurismo, Universidad Ort Uruguay.

– Proyecto de Equidad de Acceso a los Estudios Universitarios y Técnicos para Estudiantes de Ingresos Insuficientes.

– Camino TIC.

– Fondo de becas carreras no universitarias.

  1. Luego de que las universidades privadas acercaran la información, Brecha realizó una solicitud de ampliación relativa al contenido de las iniciativas financiadas mediante el Sde. Aquí trasladamos los datos aportados en el plazo dispuesto. Los montos recibidos por estas instituciones en 2015, mediante las donaciones exoneradas, son los informados oficialmente por el Mef.

[/notice]

 

Artículos relacionados