El atraso chileno respecto de la llamada “agenda de derechos” no es escaso. De a poco intenta superarlo, pero a paso lento. La semana pasada, tras aprobar una ley que autoriza las uniones civiles para homosexuales, el Congreso comenzó a tratar un proyecto de ley para despenalizar el aborto, aunque sólo en algunos casos: riesgo presente o futuro para la vida de la madre, malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, y violación. Nada más. “Los hechos han demostrado que la prohibición absoluta y la criminalización de toda forma de interrupción del embarazo no han impedido ni impiden su práctica en condiciones de gran riesgo para la vida y salud de las mujeres”, dijo la presidenta Michelle Bachelet. En Chile ingresan cada año a los hospitales alrededor de 16.500 mujeres por embarazos con menos de 22 semanas que presentan peligro de vida para la madre y malformaciones fetales graves. No se conocen estadísticas sobre embarazos fruto de violaciones ni estimaciones fiables sobre el número de abortos clandestinos.
La ley vigente prevé entre tres y cinco años de prisión para la mujer que aborta, y no autoriza la interrupción del embarazo en ningún caso. Sólo siete países en el mundo son tan restrictivos como Chile en este plano, entre ellos El Salvador y la Nicaragua actual de Daniel Ortega. La prohibición del llamado aborto terapéutico fue decidida en el último año de la dictadura de Augusto Pinochet, y desde entonces la Iglesia y los partidos de derecha se opusieron con éxito a todos los intentos de legalización que llegaron al parlamento. Lidia Casas, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, dijo a la agencia Afp que “son muy comunes los casos de mujeres que acuden a un hospital por hemorragias graves tras abortar y que son interrogadas por matronas con la intención de denunciarlas; (también) las demoras en la atención cuando sospechan que han abortado voluntariamente, o (cuando) sufren una pérdida espontánea y son interrogadas por médicos que dudan del origen de su hemorragia”.
Si el proyecto de ley es aprobado, la mujer tendrá 12 semanas tras la gestación para abortar por las causales autorizadas. Las menores de 14 años deberán contar con permiso de sus padres o tutores, salvo en caso de violación, en que el plazo se extenderá cuatro semanas más.
Por otro lado, y tras ocho meses de discusiones, el Congreso aprobó el llamado “primer pilar” de la “gran reforma educativa hacia la equidad y la gratuidad” prometida por la presidenta socialista. .
La nueva ley dispone, entre otras cosas, la eliminación progresiva, a partir de marzo de 2016, del pago por las familias de las escuelas subvencionadas, que captan más de la mitad de la población escolarizada. Además a ningún alumno se le podrá exigir que rinda exámenes previos para inscribirse en un establecimiento, ni los antecedentes socioeconómicos de sus familias, y sólo podrán seleccionar a su alumnado (hasta un tope de 30 por ciento) los llamados “liceos de excelencia”, los más reputados de la enseñanza estatal del país. Desde 2017, finalmente, no podrá haber establecimientos educativos con fines de lucro en el sector público.
“Se acabó un sistema educativo impuesto en dictadura y a espaldas del pueblo”, comentó el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre. Los partidos de la derecha anunciaron que recurrirán “a todas las herramientas de la democracia para deshacer” la ley.