Apenas regresado del Río de la Plata, el presidente francés François Hollande y su primer ministro, Manuel Valls, presentaron una reforma laboral que nada tiene que envidiar, por lo derechosa, a la que en España aprobó el Partido Popular y que el Partido Socialista ibérico, cuando coqueteaba con la izquierda para intentar formar gobierno, se comprometió a derogar: el proyecto del gobierno francés contempla despidos en masa a placer de las empresas y con indemnizaciones bastante menores a las hoy vigentes, cuestiona la semana de trabajo de 35 horas, autoriza el trabajo dominical sin paga extra y otras linduras por el estilo. Las centrales sindicales acusaron al gobierno de promover una regresión al siglo XIX, y Valls les respondió responsabilizándolos de lo mismo. El primer ministro es uno de los principales defensores de la tesis según la cual el PS francés debe operar una mutación ideológica completa (mejor dicho, plasmarla en el papel) e incluso cambiar de nombre y dejar de llamarse socialista. Una veintena de intelectuales de izquierda y la ex ministra de Trabajo y ex secretaria general del PS Martine Aubry, una socialdemócrata de pura cepa, firmaron un manifiesto para “salir del camino sin salida” en que estaría embarcado el partido. “¿Qué quedará de los ideales del socialismo cuando, día tras día, se hayan sepultado sus principios y sus fundamentos?”, se preguntan en el texto estos díscolos, que anunciaron su renuncia a los cargos que ocupan en la dirección del PS.
“La jungla” de Calais (véase Brecha, 14-I-16), un campamento en el que vivían hacinados miles de candidatos al refugio, en la frontera entre Francia e Inglaterra, fue desmantelada por la policía esta semana. Los inmigrantes resistieron a pedradas, pero fueron dispersados con gases lacrimógenos, mientras unas aplanadoras destruían las carpas. El gobierno prometió que no iba a recurrir a la fuerza.
Lejos de allí, en la frontera entre Grecia y Macedonia han quedado atrapados más de 8.000 inmigrantes. Macedonia había decidido el fin de semana no dejar pasar a nadie más. Los refugiados intentaron forzar la valla pero fueron reprimidos por la policía. Entre ellos hay cientos de niños. Las peleas entre los propios refugiados que permanecen en Grecia en el campo de Idomeni, previsto para 1.500 personas, son cosa cotidiana. Grecia pidió a la UE unos 450 millones de euros para atender la situación de emergencia de los iraquíes y sirios que han llegado al país (unos 70 mil, como mínimo). A fines de mes habrá una cumbre especial de la UE sobre la llamada “crisis de refugiados”, pero nada nuevo se prevé: los duros están ganando la batalla.