Cuando cae el telón - Semanario Brecha

Cuando cae el telón

Casi un cuarto de siglo de intensa participación militar en operaciones de paz ha generado cierta “fatiga” en el personal, pero también una “adicción institucional” en unas Fuerzas Armadas cuyos mandos prefieren no reformarse en profundidad.

Durante el Consejo de Ministros abierto celebrado en el balneario de San Luis, el presidente de la República anunció que Uruguay pondrá fin a su participación en la operación de paz en la República de Haití. Con ello confirmó la implementación de la ley aprobada en diciembre pasado por el Parlamento. La novedad fue opacada por otras noticias de mayor impacto. Sin embargo, el asunto merece un comentario.

La participación de contingentes militares organizados de las Fuerzas Armadas en la denominada Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) fue, sin lugar a dudas, la más polémica de las contribuciones de tropas que el país haya realizado al organismo internacional desde que se desplegaron los primeros contingentes militares en Camboya (la Untac, en 1992).

Sin embargo, la contribución de Uruguay con personal militar para operaciones de paz había comenzado mucho antes, con el envío de observadores militares a la frontera indo-paquistaní (el Unmogip) en los años cincuenta. La historia de los contingentes militares desplegados en el marco de iniciativas multilaterales de paz tuvo su primer antecedente en tiempos de la dictadura, en 1982, cuando se decidió enviar al Sinaí una compañía de transporte del Ejército a la Fuerza Multinacional de Paz y Observadores (Mfo, por sus siglas en inglés), creada para observar el cumplimiento de los Acuerdos de Camp David entre Estados Unidos, Egipto e Israel. Al día de hoy  permanecen –aunque fuera de la órbita de las Naciones Unidas– unos 60 militares uruguayos en el Sinaí, si bien la última autorización parlamentaria data de 2003 y por el plazo de un año (ley 17.666). Curiosamente, el asunto nunca generó polémica.

Antes de ensayar algunas explicaciones con respecto a la experiencia uruguaya de participación en la Minustah, conviene repasar brevemente ciertos hechos. Los memoriosos recordarán que, a mediados de 2004 –último año del mandato presidencial del doctor Jorge Batlle– el Frente Amplio (FA) se opuso sin fisuras a la iniciativa de enviar tropas uruguayas a Haití. Ello ocurrió a pesar de la sorpresa provocada dentro de la izquierda por la decisión del gobierno de Luiz Inácio “Lula” da Silva de que Brasil asumiera el mando del componente militar de la Minustah.

Pocos meses después, en diciembre de 2004, cuando ya el FA se preparaba para asumir el gobierno, Batlle solicitó la venia parlamentaria para ampliar el número de efectivos del contingente militar en Haití. Entonces, aunque con renuencias, la bancada frenteamplista acompañó la iniciativa casi unánimemente. Los problemas políticos más serios comenzaron cuando en 2005, ya en el ejercicio de la presidencia, Vázquez adoptó la decisión de promover una segunda ampliación del número de efectivos militares en Haití. Allí tuvo lugar una situación traumática: una fuerte polémica interna en el partido de gobierno y la renuncia a su banca por parte del diputado Guillermo Chifflet.

Posteriormente, siempre con debates aunque sin el dramatismo de aquel momento, los gobiernos frenteamplistas fueron otorgando sucesivas prórrogas, mediante autorización parlamentaria, a la permanencia de tropas en la Minustah. Así, a fines de 2006 se alcanzó el número máximo de efectivos uruguayos desplegados en Haití (1.144), que se mantuvo con pequeñas variaciones hasta fines de 2013 cuando totalizaron 944, para reducirse a 260 en 2015, de acuerdo a los datos de las Naciones Unidas. Actualmente, los militares uruguayos remanentes en la isla caribeña sólo llegan a conformar un batallón junto con efectivos peruanos.

Los 13 años de participación en la Minustah estuvieron jalonados, además, por el trágico accidente del avión de la Fuerza Aérea y el episodio de abuso cometido por marineros uruguayos contra un joven en Port Salut. Indudablemente las tropas uruguayas también aportaron, a través de sus actividades de apoyo humanitario, algún alivio a una población que sufre penurias y carencias sencillamente inenarrables. Ahora bien. ¿Cuál es el balance de la Minustah? ¿Por qué los militares sudamericanos fueron, prácticamente, su columna vertebral? ¿Por qué los gobiernos del FA promovieron la significativa presencia de tropas militares uruguayas en Haití?

Vista con perspectiva histórica, la política de los países sudamericanos –con Brasil a la cabeza– en relación con la operación de paz de las Naciones Unidas en Haití puede interpretarse como un intento de asumir la responsabilidad de resolver una grave crisis en Haití, ubicado en una zona de alta sensibilidad geopolítica en la región, y además poner en obra un enfoque diferente de cooperación internacional. Obviamente, la realidad actual de Haití vuelve inevitable calificar el ensayo como fallido. Es imposible analizar aquí en profundidad el fenómeno, aunque puede enmarcarse en la problemática general que llevó al desgaste de los gobiernos progresistas en Sudamérica.

En cuanto a la participación de militares uruguayos en las operaciones de paz desde el fin de la Guerra Fría, puede afirmarse que cumplió dos objetivos para los gobiernos. Por un lado, dotar de una misión profesionalmente pertinente a unas Fuerzas Armadas que salían de más de una década de tutela autoritaria del gobierno. Por otro, representó un mecanismo ad hoc de financiamiento para las Fuerzas Armadas y su personal.

Ambos objetivos adquieren todo su sentido al considerar una característica general de la sociedad uruguaya, a la que nuestros partidos no escapan: los asuntos de la defensa nacional y en particular los temas militares les son ajenos. Ello se traduce en ausencia de voluntad política para asumirlos y, en especial, para resolverlos. Seguramente porque para ello se requiere invertir recursos: políticos y económicos.

Pero volviendo a la Minustah. ¿Por qué el abrupto cambio de posición del FA desde su llegada al gobierno? Es muy probable que la respuesta se encuentre si se toman en cuenta dos fenómenos complementarios y concurrentes. En el plano regional e internacional, la alianza con Brasil. Eso que el ex presidente José Mujica tan gráficamente definió como “subirse al estribo” de un Brasil que intentaba posicionarse como potencia emergente en el mundo. En un plano más doméstico, quizás sea necesario tomar en consideración que al asumir el gobierno, en su política respecto de las Fuerzas Armadas, Vázquez priorizó el objetivo de resolver la cuestión de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. No es aventurado suponer que, como contrapartida, haya decidido no afectar los intereses de los militares que habían encontrado en las operaciones de paz una “salida” a sus problemas logísticos y doctrinarios, así como una forma de recuperar el prestigio social perdido con la dictadura.

Cabe reconocer que ya en 2013 el entonces presidente Mujica había promovido el repliegue de las tropas en Haití. ¿Por qué demoró casi cuatro años en concretarse? La respuesta es sencilla: recién ahora se ha logrado que las Naciones Unidas asuman el costo de la repatriación de los equipos militares que pertenecen a Uruguay así como los ya exiguos efectivos uruguayos en Haití.

Entre 2001 y 2015 el número de efectivos uruguayos en operaciones de paz nunca bajó de 1.500, rondando los 2.500 entre 2004 y 2009. A fines de febrero de este año las Fuerzas Armadas mantenían 1.418 militares desplegados al servicio de las Naciones Unidas. Cuando se complete el repliegue en Haití, la cifra rondará los 1.100 militares de las tres fuerzas (cifras de la Onu), concentrados en la Monusco (Congo).

Es de conocimiento público que se analiza la posibilidad de participar en alguna nueva operación de paz en África. Sin embargo, hay problemas políticos, operacionales, logísticos y de seguridad que vuelven compleja la decisión. Por otra parte, casi un cuarto de siglo de intensa participación militar en operaciones de paz ha generado cierta “fatiga” en el personal, pero también una “adicción institucional” en unas Fuerzas Armadas cuyos mandos prefieren no reformarse en profundidad.

 

*    Profesor adjunto del Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Udelar.

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