Cuando (casi) todo es castigo

Nuevos datos y viejas sombras sobre el sistema de encierro de adolescentes que infringen la ley. Hoy se presenta un libro que cuestiona el papel del Poder Judicial en la suerte de los menores que terminan tras las rejas.

Foto: Archivo Brecha

Un nuevo trabajo sobre la situación de los menores privados de libertad, elaborado por unicef y el Observatorio del Sistema Judicial del Movimiento Nacional Gustavo Volpe, refleja, según dijo a Brecha Susana Falca, una de las coordinadoras del proyecto, “que no se está cumpliendo con los estándares internacionales mínimos en las condiciones en que los jóvenes privados de libertad deben transitar su proceso”.

El estudio cuestiona, además de las conocidas carencias y conflictos de los lugares de encierro, el proceso judicial y el papel de jueces y abogados defensores en el desarrollo de cada causa y su función socieducativa.

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Para Falca queda claramente establecido que “las responsabilidades institucionales están repartidas. El encierro no es sólo responsabilidad del inau, sino también del Poder Judicial, que tiene la obligación por ley de controlar las condiciones en que se cumple la privación de libertad”. El derecho a la defensa, dice, “es la única forma confiable de que los adolescentes puedan comprender la causa judicial”, y este trabajo “muestra un gran desconocimiento de los adolescentes sobre ese proceso. La sanción por ley tiene un carácter socioeducativo. El adolescente tiene que participar informado y asistido en todas las etapas. De lo contrario pierde todo el sentido que la ley establece. Y la mayoría desconoce el proceso judicial. Nadie se los está haciendo entender. Y así, todo se reduce al castigo”.

El informe se basa en el trabajo que desde 2005 viene realizando el Observatorio del Sistema Judicial (osj) haciendo el seguimiento y el análisis de expedientes judiciales y de casos concretos relevantes. Este abordaje permitió “un acercamiento objetivo y estadísticamente confiable” de las prácticas judiciales derivadas de infracciones a la ley penal de niños, niñas y adolescentes.

Otra parte del estudio se realizó encuestando adolescentes detenidos en centros de Montevideo, Mal­ donado y Salto. El 95 por ciento son varones.

EL JUEZ, APARTE. La ley obliga a los jueces a visitar por lo menos cada tres meses los centros de privación de libertad y dejar constancia del resultado. Es una tarea prevista para vigilancia, control y seguimiento de las medidas socioeducativas. Sin embargo, el 82 por ciento de los adolescentes consultados “dice no haber recibido ninguna visita del juez de su causa durante la privación de libertad”. Para la mayoría de los jóvenes, la figura del juez de su causa está más presente que la de su abogado defensor: un 65 por ciento dice conocer a aquél. Pero a la vez, el contacto no es frecuente y el 85 por ciento afirmó haber visto al magistrado por última vez en el juzgado. Lo que evidencia la ausencia casi absoluta de las visitas que, según indica el informe, “poseen una función preventiva”, ya que el simple hecho de que los jueces ingresen regularmente a los lugares de detención contribuye a la protección de quienes se encuentran detenidos.

Otro tanto sucede con los abogados defensores. Más de la mitad de los consultados aseguraron no conocer a su abogado defensor, y un 70 por ciento dice no haber tenido ninguna visita de éste durante el cumplimiento de su pena. El 20 por ciento lo vio una vez, el 9 por ciento dos veces, y el 2 por ciento tres. El 85 por ciento no sabe cómo conectarse con sus defensores y el 93 por ciento asegura no tener contacto.

Esta realidad demuestra que “muchas veces los adolescentes son privados de su libertad, pero no cuentan con información relativa al proceso, razón por la cual quedan librados a su suerte, sin capacidad de acción ni incidencia sobre lo que les ocurre”.

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 MUY BAJO PERFIL. Los datos obtenidos permiten conocer la realidad social en la que se encuentran inmersos los jóvenes. Se consideraron variables como el sexo, la edad, el lugar de residencia, la composición del núcleo familiar, el nivel educativo alcanzado y la vinculación con el mundo laboral. El mayor porcentaje de adolescentes privados de libertad tiene 17 años. Éstos representan el 33 por ciento del total, mientras que, en el otro extremo, el menor porcentaje (5 por ciento) se corresponde con la edad mínima de ingreso al sistema penal: 13 años.

El 73 por ciento reside en Montevideo y el resto es del Interior. Allí los residentes en Maldonado representan el 8,5 por ciento, seguidos de los de Canelones y Tacuarembó (con 5 y 4 por ciento respectivamente).

En Montevideo, la mayoría vive en Piedras Blancas, La Paloma,Tomkinson, Casabó, Pajas Blancas, Cerro, Casavalle y La Teja, zonas donde se puede establecer una importante incidencia de la exclusión social. Barrios donde, hasta 2005, ocho de cada diez niños y adolescentes vivían en situación de pobreza, cuatro de cada diez en contexto de pobreza extrema y dos de cada diez en la indigencia. Allí también se concentran “las mayores tasas de desnutrición, retraso de crecimiento, fracaso escolar y deserción educativa”.

El núcleo familiar de estos adolescentes también es relevante para analizar las prácticas judiciales y el endurecimiento de las medidas que se toman, “sobre todo ante la persistencia de argumentos relativos a la incontinentación familiar o familia desintegrada en los expedientes”. El 49 por ciento de los adolescentes proviene de hogares monoparentales, en general con jefatura materna, mientras que el 31 por ciento convive con ambos padres, un 10 por ciento con otros familiares, y más de un 4 por ciento carece de núcleo familiar.

En cuanto al nivel educativo, surge del estudio que casi el 40 por ciento no terminó la escuela, el 30 hizo primaria completa e idéntico procentaje no culminó la secundaria. Por otra parte, el 53 por ciento expresó haber trabajado alguna vez en changas informales o tareas no remuneradas con familiares.

En definitiva los adolescentes que provienen de hogares pobres o marginales, con las consiguientes configuraciones sociales e individuales, resultan “más vulnerables frente a los sistemas de control social punitivo y corren un verdadero riesgo de ser institucionalizados”.

 MALDITA RUTINA. El 73 por ciento de los entrevistados manifiesta no estar desarrollando ninguna actividad educativa. Pero esta realidad varía mucho según el sexo –las adolescentes participan más– y el centro de detención. Entre las actividades existentes se destacan los estudios de primaria, seguidos por los cursos de panadería, peluquería y orfebrería, carpintería, computación, costura, dibujo, taller de mimbre, tambo y herrería.

Muchos testimonios dan la idea de una rutina centrada en la satisfacción de necesidades básicas como comer y dormir.“Me levanto, me lavo los dientes, bajo a tomar la vaca (leche) y me siento a mirar la tele hasta la hora del alimento. Después pasamos mucho rato en el patio pero no hacemos nada ahí”, relata un joven.

Los adolescentes de algunos establecimientos destacan el ocio, la ausencia de actividades y el encierro. “Me levanto y me acuesto de nuevo, desayuno y duermo, ceno y duermo, estoy tomando pastillas para dormir.” “Me aburro mucho porque pasamos 22 horas trancados –explica–. Patio sólo tenemos una hora de mañana y una hora en la tarde. Estoy todo el día dibujando, o mirando tele, o jugando a las cartas.” Otro cuenta: “Lo único que hago es fumar, nada más. ¿Qué voy a hacer? Voy al patio en la mañana y después estamos trancados todo el día. Me levanto, miro tele, escucho radio… Estoy todo el día encerrado. Paso todo el día en la misma rutina”.

Una chiquilina explica que en un día normal “tomamos mate, salimos al patio, tomamos sol porque estamos re blancas. Nos trancan a las ocho y después miramos las paredes. Te trancan y pasás todos los días durmiendo”.

También la medicación está presente en los relatos. El 64 por ciento de los adolescentes entrevistados expresó estar tomando algún tipo de fármaco: 72 por ciento para dormir, 11 por ciento tranquilizantes y 11 por ciento “para los nervios”.

Los adolescentes no conocen la existencia de un reglamento que prevea conductas y sanciones.

—¿Cuál es la peor sanción?

—Que te corten las visitas o las llamadas.

—Las llamadas no tanto; las visitas es peor.

—Te las pueden cortar cuando se les antoje.

El 76 por ciento manifiesta no saber de qué forma plantear sugerencias o quejas a la institución. Y los conflictos se resuelven de distinta forma. La más violenta se relaciona con el régimen carcelario (“Un motín”, “Te agarrás a bombazos de una” o “A botellazos, motín, todo…”).

Sin embargo los adolescentes que se encontraban en un establecimiento semiabierto opinaron distinto:

—Acá no da, acá estás libre, ¿para qué vas a hacer relajo? No da. ¿Para qué vas a hacer un motín?

—Y si está todo mal con alguien ¿qué hacés?

—Le pegás.

—De una.

—¿No le decís al funcionario?

—No, ni ahí.

—No, eso está todo mal.

 *          El libro «Privados de libertad. La voz de los adolescentes» será presentado hoy en las intalaciones del hotel nh Columbia y contará con la participación de uno de sus realizadores, Javier Palummo, y además el presidente de inau, Víctor Giorgi, Luis Pedernera por el Comité de los Derechos del Niño, un representante de la Suprema Corte de Justicia y uno del grupo parlamentario por los derechos del niño.

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