Unos 800 ocupantes de predios privados en el asentamiento Los Eucaliptos, al norte de la ciudad de Maldonado, quedarán en la calle si su defensa no logra detener el lanzamiento judicial decretado por el magistrado Darwin Rampoldi para el próximo jueves 19. Los plazos se acortan y los nervios se tensan, en medio de chisporroteos políticos y versiones cruzadas, sin que aparezca una solución concreta para esta inédita situación. La semana pasada la doctora Ana Rosa Benítez –otrora actuaria del Poder Judicial y ex líder de una Ong dedicada al trabajo con adolescentes– asumió la defensa de los asentados y adelantó a Brecha que hoy viernes solicitará la prórroga judicial por razones humanitarias y de emergencia social. Con esto espera frenar el desalojo masivo y ganar tiempo para que sus patrocinados dejen el predio teniendo, al menos, una alternativa de realojo provisorio. Los vecinos, en tanto, formaron una comisión para analizar contrarreloj la estrategia judicial e iniciar contactos gubernamentales y políticos.
“Para nosotros lo primero es conseguir la prórroga judicial, pero estamos de rehenes de una discusión política y la solución no aparece”, se impacienta Zully Galván, vicepresidenta de la comisión, al recibir a Brecha en el Sector D del asentamiento. Casi todos los hombres y mujeres que van sumándose a la charla a pleno sol, rodeados de niños y perros en cantidades iguales, se instalaron en terrenos privados pensando que pertenecían a la Intendencia. Pero las tierras comunales son las de los sectores A, B y C, que comenzaron a formarse en 2007. De hecho, ante la noticia del inminente lanzamiento son varios los núcleos familiares que migraron del sector privado hacia el público –donde no hay riesgo de expulsión–, tras encontrar lugar en ranchos de conocidos, asegura el presidente de la comisión vecinal, Pablo Sosa. Otra resultante del fallo judicial es la llegada de nuevas familias al Sector D. En estos días detectaron cuatro, aunque cueste creer que alguien desee meterse en el ojo del huracán. “Fueron traídas por otros vecinos, convencidos de que esta comisión logrará que nos regularicen a todos”, comenta Sosa, molesto. Han visto instalarse a los recién llegados sin poder hacer nada: no se sienten con autoridad para echarlos ni quieren sumar tensión.
SIN CHANCE. La vida en el Sector D parece todavía más precaria que en el resto del asentamiento. Allí el rancherío de maderas se apiña junto a amorfas calles de tierra, se acumula la basura en los chircales circundantes y bajan las aguas servidas desde otro asentamiento, el Nueva Esperanza. Todavía se observan cubículos a medio terminar y algunos terrenos delimitados por cordeles, en la antesala de otra ocupación. Hasta ahora instalarse era relativamente sencillo para quien pudiera invertir entre 14 mil y 25 mil pesos. Casi todos compraron los ranchos ya armados a personas que vivían allí o que los levantaron como negocio. “Gente avivada, que te vendía sin decir que era área privada”, argumenta el presidente de la comisión. También sostiene que un sereno contratado por el dueño de los terrenos, cuya vivienda de material está a una cuadra del rancherío, llegó a cobrar hasta 2 mil pesos para hacer la vista gorda ante cada ocupación.
Zully Galván dice que fue la primera en llegar al Sector D, hace dos años y medio, aunque para los propietarios de la tierra las ocupaciones datan de abril de 2014. Se mudó de Artigas al deslumbrante Maldonado hace una década, con trabajo conseguido. Luego trajo a dos hermanas pero las tres perdieron el empleo, nunca lograron ingresar en un plan de acceso a la vivienda y terminaron en el asentamiento Benedetti. De allí pasaron a las tierras privadas de Los Eucaliptos. “La mayoría somos obreros uruguayos que vinimos hace años a trabajar a Maldonado. Nos sentimos discriminados porque no somos marginales ni vagos ni narcotraficantes, como se ha dicho por culpa de dos o tres”, se defiende la artiguense, que allá en el norte trabajó en la zafra de caña de azúcar y en la extracción de piedras semipreciosas. Ahora tiene un pequeño quiosco que abre a las seis de la mañana. “Nadie va a decirme lo que es el trabajo”, espeta, con trazas de acento fronterizo. Quiebra una lanza por todos los sin chance de acceder a una vivienda digna. Como Raúl Pereira, oficial herrero llegado de Montevideo donde –asegura– fue edil colorado y hasta secretario de un senador. “Hoy vivo en el asentamiento por necesidad. Yo no quiero vivir en la mugre, quiero tener mi casa, pero ojo, también hay especuladores. Están acá por negocio, porque tienen propiedades que alquilan en la ciudad. Hay gente que recibe una vivienda social y la vende o alquila y vuelve a asentarse. Eso nunca va a cambiar”, advierte.
MUNDO APARTE. En el grupo de desalojados también está Elena, que hace dos años era inquilina y pagaba 400 dólares mensuales por un terreno en un lindo barrio-jardín fernandino. Mientras caminamos por el límite oeste del asentamiento, cuenta que manejaba la grúa en Calpusa y que, junto a su marido, perdió el empleo debido a problemas financieros de la constructora. “No pudimos seguir pagando, ni mantener el auto. Vinimos aquí obligados, pero sólo lo saben unos pocos conocidos. No se lo digo a nadie porque te estigmatizan o te miran raro”, confiesa. Lo más duro de este cambio de vida fue ver a sus hijos “aterrados por el impacto de la lluvia y el viento en el techo de chapa: eso no te lo imaginás cuando estás bajo un techo de material”. Una desazón parecida sintió Paola que, como otras mujeres del grupo, llegó a Maldonado para trabajar como empleada doméstica y se instaló en Los Eucaliptos cuando quedó desempleada y sin recursos para afrontar un alquiler en San Carlos. “Los primeros meses llorás y llorás”, musita, al recordar el pasaje familiar al nuevo ambiente.
Richard, montevideano, medio oficial albañil llegado hace dos décadas a trabajar en la construcción, cree que los “nacidos y criados” en Maldonado deberían ser más considerados con los uruguayos que vinieron en busca de oportunidades y cayeron en desgracia. “Nosotros levantamos Maldonado, nosotros ayudamos al desarrollo del departamento”, remarca. Está desempleado y sobrevive “requecheando” en contenedores de basura para complementar la asignación de sus hijos y la ayuda que el Mides le da a su esposa. “Dicen que no hay crisis pero acá el 75 por ciento de los obreros está desocupado y tenemos olla popular”, acota Zully.
Junto a la portera de un solitario rancho rodeado de pastizales, en lo que parece ser una esquina, están Blanca y su hijito de 2 años, con quien vive sola. Mientras atiende el llanto del niño manifiesta sus dudas sobre lo que pasará el jueves 19 si la justicia no da una prórroga. “Junté 20 mil pesos en la temporada y le compré el rancho a una pareja que iba a tener un niño y no quería criarlo aquí. Yo vine de El Placer (asentamiento de La Barra en vías de realojo), pero ‘me vacunaron’, no sabía que acá era privado. Ahora los nervios me están matando. Porque cuando me saquen no sé ni quién me va a ayudar a trasladar el rancho.” No imagina, como otros vecinos, lo que puede ocurrir si se produce algún incidente con la Policía durante el desalojo. “Nos amenazaron con traer a la Metropolitana si resistimos, no queremos violencia, pero veremos qué pasa si tocan a uno de nuestros hijos”, advierte otra mujer, la única que dice ser oriunda de Maldonado.
COMO SIRIOS. Un hombre sigue la charla con aire de desconfianza pero rompe su silencio para recriminar la política del gobierno con respecto a los refugiados extranjeros. No concibe la diferencia entre una víctima de la guerra y un hombre viviendo en un asentamiento irregular. “Nosotros nos aguantamos la crisis y la falta de trabajo, vivimos en la miseria y nos echan para el costado. Pero vienen los presos de Guantánamo y los sirios y les dan tierra y sueldo”, se queja.
Un razonamiento similar empleó el diputado colorado Germán Cardoso, aliado político del intendente blanco Enrique Antía, al reclamar apoyo al gobierno nacional para afrontar la “crisis social” departamental: “Si está bien darles terrenos a extranjeros que vienen de zonas donde viven penurias, más bien, más justo y más digno para la identidad nacional será darles tierra y apoyo a miles de uruguayos que necesitan un realojo urgente en Maldonado”, argumentó desde el Parlamento, a principios de mes. Días antes, en Maldonado, Antía intentó conmover a la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), Eneida de León, con fotos satelitales de Los Eucaliptos: le reclamó un plan de desarrollo barrial para todo el asentamiento y le dijo que no tiene recursos. No obstante, en setiembre descartó la alternativa propuesta por el Frente Amplio departamental, vinculada con la estrategia de vivienda del ex intendente Óscar de los Santos (Alianza Progresista) que compró 36 hectáreas y creó un fondo de 130 millones para realojar habitantes de este asentamiento y del cercano Mario Benedetti. Antía taló ese proyecto de raíz porque entiende que es “un mamarracho” y que los terrenos, adquiridos por la pasada administración en una zona de chacras, son “demasiado caros y productivos” para alojar gente proveniente de asentamientos. Lo declaró en setiembre en rueda de prensa, para anunciar su plan de fraccionar esas hectáreas en padrones de 300 y 400 metros cuadrados y convocar a parejas jóvenes que puedan pagarlos.
EXPECTATIVA. Por estos avatares los desalojados sienten que políticos y gobernantes los usan para pasarse facturas entre partidos en lugar de buscar acuerdos para ayudarlos. “Acá viene uno y otro y los días pasan y no tenemos soluciones. Los nervios aumentan y seguimos sin saber qué pasará el 19”, lanza Pereira a los ediles frenteamplistas Leonardo Delgado (Alianza Progresista) y Leonardo Corujo (Cabildo), integrantes de la Comisión de Vivienda y Asentamientos de la Junta Departamental, que participan esta mañana del encuentro vecinal.
Ambos creen que al rechazar la propuesta frenteamplista el Ejecutivo departamental está aceptando presiones de propietarios linderos que “no quieren pobres” en la zona. “Son los mismos que protestaban cuando se iba a instalar la cárcel regional de Las Rosas, diciendo que vendrían familiares de presos de todo el país a instalarse en la zona de chacras”, dice Delgado. En ese sentido se expidió la semana pasada la Mesa Política del FA departamental: “La Intendencia no tiene como rol principal el de vigilante de la propiedad privada. Tampoco la vía para obtener una vivienda en Maldonado debe ser una usurpación; pero: ¿no existirá una intencionalidad de los privados para obtener algunas ventajas, trasladando el problema que hay sobre su propiedad a la esfera pública?”, sugirió en un comunicado. Los padrones ocupados pertenecen a la sociedad anónima española Erosur, liderada por un uruguayo radicado en el exterior cuya identidad se maneja cual secreto de Estado. A él pretende convencer Antía de que otorgue unos meses de prórroga, con la intención de negociar las tierras y que los ocupantes puedan quedarse en ellas. Desde el miércoles, sin embargo, circulan dos nuevas versiones aún no confirmadas por el jerarca. Una sostiene que se considera expropiar otros terrenos (previa autorización judicial y anuencia del Legislativo departamental), y otra que se permutarían al privado las tierras compradas por la pasada administración. Así, en ascuas sobre su futuro, en el Sector D de Los Eucaliptos más de uno quisiera despertar en la mañana del jueves 19 como de un mal sueño.
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Un río de gente
Datos del Observatorio Territorial Departamental presentados a mediados de 2014 revelaron que unas diez personas llegan cada día a instalarse en Maldonado. Con base en las variables, se estableció que unas 10 mil residían en asentamientos. La Capuera, Barrio Kennedy y Los Eucaliptos aparecían como los más populosos. En este último, sin embargo, las cifras son inciertas: hay jerarcas que hablan de que allí residen mil familias, mientras otros dicen que son sólo 1.500 personas. Para despejar dudas y actualizar datos, la Intendencia anunció que en diciembre próximo censará la zona.
Entre 2004 y 2011 la población del departamento aumentó 18 por ciento y algunas áreas multiplicaron varias veces su cantidad de habitantes, según el Observatorio. El crecimiento demográfico responde, como se sabe, a la migración interna en busca de fuentes laborales asociadas al turismo y la construcción. Así, junto a Canelones y Montevideo, Maldonado encabeza el ranking de los departamentos con mayor déficit habitacional.
No obstante, en medio de una polémica con el gobierno blanco, el Frente Amplio departamental recordó recientemente que durante la gestión de Óscar de los Santos hubo “una inversión histórica” de la Intendencia en planes de vivienda. Subrayó, además, que Maldonado es el segundo departamento de Uruguay en cantidad de viviendas construidas, fruto de las políticas aplicadas y de la modificación de ordenanzas y de leyes, como la de acceso a viviendas de interés social.
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