Primero fue la represión salvaje a los trabajadores de la empresa avícola Cresta Roja en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Ezeiza, con policías y gendarmes. Después la cinematográfica huida de los tres condenados por un triple crimen del penal de máxima seguridad de Marcos Paz, bajo la responsabilidad del Servicio Penitenciario Bonaerense, que generó una comedia de enredos lo suficientemente atractiva como para mantener entretenida a la sociedad mientras el gobierno despedía trabajadores por decreto.
En la noche del viernes 29 de enero la murga Los Auténticos Reyes del Ritmo, de una villa cercana al Bajo Flores y el estadio del club San Lorenzo de Almagro, ensayaba en la calle. Es una murga integrada por niños que viven en el barrio. Un operativo de la Gendarmería Nacional irrumpió en la calle para desbaratar a una banda narco y con prepotencia empezó a disparar sobre mujeres, chicos y ancianos que se encontraban en su camino. Resultado: una docena de niños y mujeres heridos. Una hora más tarde los uniformados exhibieron a dos compañeros heridos en otro operativo, tratando de hacerlos pasar como víctimas del vecindario murguero.
Las denuncias no se hicieron esperar, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quedó en medio del fuego. Mientras ella desconocía cualquier operativo con heridos y se fotografiaba junto a los dos gendarmes heridos y hospitalizados, su colega Marcos Peña, jefe de Gabinete y mano derecha de Mauricio Macri, reconoció el hecho y aseguró en conferencia de prensa que la investigación “llegará a fondo porque se trata de un tema delicado para el gobierno”. Bullrich quedó prendida del cargo con alfileres.
En los seis operativos en los que estuvo involucrada alguna fuerza de seguridad en las últimas semanas los uniformados portaban armas con munición gruesa, según los informes oficiales y de organismos de derechos humanos.
Desde el gobierno nacional aseguran que “se terminó la docilidad para con quienes pretendan impedir la libre circulación o intenten agredir a fuerzas de seguridad”. La vicepresidenta, Gabriela Michetti, aseguró que “la firmeza en la actuación de las fuerzas de seguridad va a ser una constante bajo este gobierno”.
El 19 de enero Macri firmó un decreto que declara por un año la emergencia en seguridad y puso en manos de Bullrich los resortes para luchar contra el narcotráfico, el robo de armas, el contrabando y “todo tipo de delitos en general, que pongan en riesgo la seguridad de los ciudadanos”. Puede prorrogarse por un año más si así lo decide el presidente. Para los organismos de derechos humanos se trata de una nueva forma de doctrina de seguridad nacional sin estado de sitio, según sostuvieron en rueda de prensa Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el Cels, el Servicio de Paz y Justicia y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
Desde que asumió el nuevo gobierno, las villas miseria de la Capital y el Gran Buenos Aires se han convertido en territorios identificados como bases del enemigo interno del momento: el narcotráfico.
“Están locos, están locos”, gritaban las madres de los pibes murguistas mientras los uniformes verdes escupían fuego y entraban con camiones y automóviles por las calles de tierra. Un ejército loco, como describía Gregorio Selser a las fuerzas de César Sandino. Sólo que con un objetivo diametralmente opuesto a aquel del líder nicaragüense.