Con la promesa de izar y arriar un pabellón nacional e instalar un centro de información turística, este verano Diego Trujillo Rodríguez regentea una cafetería en un inmueble de la Intendencia ubicado bajo el mirador de Punta Ballena. El local, que usufructúa gratuitamente, le fue adjudicado en forma directa por el intendente, Enrique Antía, en principio, por el término de dos años. Trujillo Rodríguez es hijo de Diego Trujillo Seoane, ex “cajero” de campaña de Antía y uno de los colaboradores involucrados en sendas denuncias por presunto enriquecimiento ilícito durante su primer gobierno (2000-2005), ambas archivadas por la jueza Adriana Graziuso, quien actualmente es directora general de Asuntos Legales de la Intendencia de Maldonado.
Según constató Brecha esta semana, en el inmueble que los Trujillo reciclaron (con vidrio y madera) sólo funciona un “café y restó”. No hay muestras del proyecto cultural para jóvenes artistas de Maldonado ni del centro de información turística en los cuales la administración justificó el comodato. Por otra parte, el expediente (2015-88-01-14763) se tramitó con inusual celeridad.
Trujillo presentó su iniciativa el 15 de octubre y al día siguiente ya contaba con la aprobación del director general de Turismo, Luis Borsari, que la definió como “única, ingeniosa e innovadora”. Al jerarca le sedujo la propuesta de “contar con un puesto de información turística en un lugar único y emblemático (…) y en un ambiente joven armonizado por el arte”. Cuatro días después el director de Espacios Públicos, Ruben Darío Pérez, también dio su aval al proyecto de Trujillo. “Vemos una apuesta importante en un lugar de gran valor pero deprimido y peligrosamente abandonado”, opinó en su informe. Aunque no compete a su área, el jerarca se expidió sobre lo “vital” de contar con “un centro de informes acompañado del mantenimiento del deck, además del arriado e izado de la bandera uruguaya” ubicada en el mirador. “Por último, si a esto se le agrega un pequeño lugar con servicios de cafetería, actividades culturales y centro cultural para promoción de artistas del departamento todo el año, no tenemos ninguna objeción a que este proyecto joven sea una realidad”, concluyó. El 22 de octubre el director general de Higiene y Medio Ambiente, Jorge Píriz, también aprobó el proyecto, “siempre que cumpla con las ordenanzas” vigentes en la materia, y envió las actuaciones al prosecretario, Álvaro Villegas. Cuatro días después, éste concluyó que “la propuesta es conveniente para la administración” y solicitó un dictamen legal para determinar la viabilidad jurídica de otorgar el comodato por mera resolución del intendente. Según el artículo 35 de la ley 9.515, si la duración del contrato excede el período de gobierno o su monto supera los 2 mil pesos, se requiere la aprobación de la mayoría absoluta de los ediles en la Junta Departamental. Pero el 5 de noviembre la directora de Jurídica, Daniela Trotta, opinó que éste no era el caso y cinco días después el intendente aprobó el comodato (resolución 08202/2015).
Resultó mucho menos generoso con el Consejo de Educación Técnico Profesional de Utu que, también por comodato, gestiona la Escuela de Alta Gastronomía Pedro Figari en la parada 12 de Playa Mansa. En noviembre había revocado la resolución adoptada al final de la pasada administración, con anuencia de la Junta Departamental, para que el centro de estudios funcionara en el parador municipal hasta 2020. En cambio, Antía decidió ceder el local a Utu por un año y renovarlo anualmente hasta cumplir el plazo total máximo de cinco años. En la resolución (08051/2015) alega que la revocación del comodato anterior “tiene en cuenta la política en materia de paradores que se desarrolla en este período de gobierno”. Condiciona la continuidad del contrato a “la voluntad de cualquiera de las partes” y el uso del inmueble a que “se mantenga y amplíe la oferta de los cursos que allí se ofrecen y se ejecuten mejoras edilicias en el local”, entre otros requisitos.
EL MEJOR SUEGRO. La concesión del comodato a Trujillo sigue la tónica de los primeros meses de gobierno, en que Antía ha beneficiado a familiares, amigos y militantes con cargos, contratos y compensaciones salariales. El profesor y ex edil nacionalista Andrés Rapetti fue el primero de la familia en ingresar a la nueva administración departamental, en julio pasado. Su suegro, el intendente, lo designó como director de Educación en la Dirección General de Cultura, con un grado 11C (resolución 05353/2015). La segunda de la familia fue Milena Mirza, novia del único hijo varón de Antía, quien llegó al edificio comunal en agosto. Su suegro le dio un cargo en la Dirección General de Administración y Recursos Humanos con un grado 9C (resolución 05644/2015). Al mes siguiente llegó a la Intendencia el colombiano Carlos Augusto Pérez Arboleda, novio de otra hija de Antía, para “la generación, producción y edición de diferentes contenidos” en la Dirección de Comunicaciones (resolución 06541/2015). El intendente contrató a su yerno en forma directa, durante tres meses, por un monto total de 320 mil pesos. Argumentó que era “imperioso” arrendar tales servicios “durante la elaboración del proyecto de presupuesto quinquenal, donde se diseñará la política de recursos humanos”. Poco importaron al intendente los cuestionamientos y pedidos de informe desde la Junta Departamental. No sólo no respondió a las consultas de la bancada del Frente Amplio sobre el tema, sino que el pasado viernes 19 renovó el contrato a su yerno en términos similares al anterior. Para esa fecha el proyecto de presupuesto quinquenal ya estaba a estudio del Legislativo y habían sido despedidas dos funcionarias de Comunicaciones que ingresaron por concurso durante la última administración del intendente Óscar de los Santos. En los hechos, sus contratos vencieron el 31 de diciembre y Antía argumentó que la administración no estaba “interesada” en renovarlos.
Por el mismo mecanismo quedaron fuera de la Intendencia otros 16 funcionarios y funcionarias de diferentes reparticiones que también concursaron y que contaban con probada capacidad para desempeñarse en los cargos. Mayoritariamente, eran militantes y simpatizantes del FA y opositores a la directiva del gremio de municipales (Adeom) afín al intendente. Varios trabajadores impugnaron el acto administrativo, ante presuntas irregularidades en el proceso, al tiempo que la preo-cupación llegó a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de diputados a instancias del Pit-Cnt y el Plenario Intersindical de Maldonado. Los recursos están en trámite.
ENCUBIERTOS. A estos ejemplos, se suman las más de 200 “compensaciones por tareas diferentes al cargo” de las que se beneficiaron militantes y familiares de jerarcas y diputados. Según datos recabados por la lista opositora de Adeom, “en la mayoría de los casos los ascensos se produjeron sin ningún criterio. Primó en éstos la afinidad política y el pago de favores, cuando no el simple y llano nepotismo”. En la nómina de beneficiarios figuran varios familiares de los nuevos directores generales. Como la esposa del director general de Higiene, que pasó del grado 7 al 9 en el escalafón, y su cuñado, que cobrará como un grado 12 aunque está en el 9. La esposa del diputado Nelson Rodríguez (Unión y Cambio), la esposa del director general de Administración y la hija del director general de Obras pasaron del grado 7 al 11. La esposa del subdirector general de Hacienda ascendió de subjefe grado 8 al grado 10. El esposo de la alcaldesa de Maldonado, ex presidenta de Adeom, pasó de sobrestante como grado 8 a director grado 13. La hermana de la secretaria de bancada del Partido Nacional ascendió del grado 7 al 9. Con este mecanismo, además, Antía logró desmantelar al sindicato de Adeom, al designar en cargos de confianza u otorgar compensaciones a directivos que integraron listas de los candidatos blancos a la Intendencia (véase Brecha 15-X-15). Casi todos renunciaron para dejar a sus suplentes.
Ahora la oposición frenteamplista observa, con preo-cupación, el artículo 32 del proyecto de presupuesto quinquenal enviado a la Junta a principios de enero. “En las ofertas de empleo público se reservará un cupo de hasta un 30 por ciento para ser designado directamente por el intendente, a efectos del cumplimiento de tareas en forma transitoria y en régimen de contrato por tiempo determinado. Dentro de ese cupo se contemplarán necesidades fundadas y específicas que realicen los municipios. Los funcionarios designados de esta manera cesarán el último día de la actual administración”, propone el proyecto. La iniciativa del jefe comunal es interpretada como un “retroceso” en la transparencia de la gestión. Ediles y dirigentes consultados por Brecha entienden que esas designaciones directas serán cargos de confianza encubiertos. Otra evidencia de que, con Antía, volvió el nepotismo a la Intendencia de Maldonado.