El martes 13 la selección de Chile no necesitó de acrobacias para ganarle categóricamente a Perú en Lima, con todo el público en contra y los consabidos insultos nacionalistas. Mientras la mayor parte del país organizaba “la previa” con asados, tragos y banderas al viento, la presidenta Michelle Bachelet realizó su propia jugada, poco más de dos horas antes del partido.
En un discurso por cadena nacional de siete minutos, la mandataria hizo el muy aplazado anuncio sobre el proceso para remplazar la Constitución legada por la dictadura, un documento que según la derecha empresarial fue la base de “las décadas más exitosas de la historia nacional”.
En setiembre de 2005 los corresponsales extranjeros recibimos un folleto de 40 páginas, diseñado e ilustrado con bastante lujo, que contenía el relato oficial de la firma de la “Constitución 2005”. En una aparatosa ceremonia en el palacio de gobierno, el presidente Ricardo Lagos presentó un texto, aprobado por el Congreso, que era básicamente un maquillaje de la Constitución pinochetista, con la eliminación de los senadores designados y la reducción de algunas potestades de las Fuerzas Armadas. Los cambios se habían logrado tras largas negociaciones con los partidos de la derecha mientras Augusto Pinochet estaba perdido en su senilidad y cercano a la muerte, aunque sin ser juzgado por los crímenes de su régimen. Lagos afirmó entonces que Chile “tenía por fin, una Constitución democrática” y recibió el aplauso de todos los políticos y dignatarios reunidos en el patio de La Moneda, incluida una Michelle Bachelet que se preparaba para sucederle en la presidencia.
Casi una década más tarde, y ante la movilización de numerosos grupos de la sociedad civil que identificaron a la Constitución maquillada por Lagos como la causante de numerosos problemas que marcan la vida de los chilenos, desde los abusos de los sistemas privados de salud y de pensiones hasta el lucro con la educación y la falta de democracia interna en las universidades, la por segunda vez candidata Bachelet incorporó en su programa de gobierno la redacción de una nueva carta fundamental, para remplazar por completo a la de la dictadura.
Apenas la candidata se convirtió nuevamente en presidenta, la derecha inició una ofensiva para la defensa de la Constitución vigente, en tanto que, dentro de la coalición de gobierno, la Democracia Cristiana (DC) manifestó su oposición a cualquier modificación constitucional supuestamente “desestabilizadora”, como la asamblea constituyente que piden las organizaciones de la sociedad civil. Después del cambio de gabinete de mayo de este año, la DC pudo expresar ese punto de vista con más fuerza a través de Jorge Burgos, su hombre en el poderoso Ministerio del Interior (que en Chile tiene categoría de vicepresidencia de la república). “Con la Democracia Cristiana tenemos grandes coincidencias y creemos que eso podría ayudar a resolver estos temas”, expresó en una visita reciente al palacio de gobierno el presidente de Renovación Nacional, uno de los dos partidos de la coalición de la derecha. En esas condiciones, la presidenta fue pateando para adelante el comienzo del proceso para cambiar la Constitución, hasta que el día del partido Chile-Perú hizo un tiro al arco con el que intentó satisfacer a todas las hinchadas.
Su oferta electoral estaba clara, y todavía puede leerse en Internet o en la propaganda escrita de la campaña presidencial: “La reforma constitucional despachada por las cámaras del Congreso Nacional, sancionada por el gobierno, deberá ser sometida a ratificación del pueblo mediante referéndum, antes de su promulgación”. No obstante, Bachelet informó sobre un proceso constituyente que podría prolongarse más allá de su mandato. Habrá una primera etapa de educación cívica –ya definida por la derecha como de “adoctrinamiento”–, para que la gente sepa qué es una Constitución; entre marzo y octubre de 2016 se recogerán las opiniones de la ciudadanía sobre qué espera de la Constitución; con ese material, un grupo de notables y el gobierno habrán de elaborar el borrador del nuevo texto. A fines del año próximo la presidenta enviará al Congreso un proyecto de ley para que este habilite al cuerpo legislativo resultante de las elecciones de 2017 a iniciar la reforma; así, el Parlamento siguiente deberá optar por uno de los tres procedimientos para cambiar la Carta Magna: por medio de una comisión bicameral, en una convención de ciudadanos y legisladores, o en una asamblea constituyente. También se incluye la posibilidad de que esas tres opciones sean sometidas a plebiscito, el mismo instrumento al que se someterá la versión final de la Constitución.
Mirando el calendario, todo parece indicar que Bachelet sólo volverá a ser una espectadora que aplaude en el acto de promulgación de la nueva Constitución, como lo fue en 2005. Por otra parte, las organizaciones civiles hacen notar que se deja el meollo de la cuestión en manos de la presidencia y el Parlamento, lo que mantiene la esencia de la carta actual. El Observatorio Ciudadano, por ejemplo, una de las agrupaciones de defensa de los derechos humanos y cívicos más importantes, dijo que se debió dar preeminencia a una asamblea constituyente, debido a que el mayor poder de decisión sigue estando en los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero “como es de público conocimiento, ambos están hoy seriamente cuestionados por la ciudadanía, y por lo mismo, el proceso constituyente anunciado genera dudas e incertidumbre sobre la legitimidad de sus resultados finales”.
Otro detalle que se desprende del proceso anunciado es que seguirán siendo necesarios los votos parlamentarios de la derecha para asegurar su continuidad. La Unión Demócrata Independiente, el partido mayoritario de la alianza derechista, ha negado repetidas veces ese respaldo, mientras que el ex presidente Sebastián Piñera ya habla de presentar un proyecto alternativo “de una reforma que permita perfeccionar y no desmantelar la Constitución de hoy”. Coincidentemente, Renovación Nacional, el partido de Piñera, comenzó hace algunos días una ronda de contactos con la DC para buscar puntos comunes en el tema constitucional.