En la oscuridad

Las secuelas de la privatización de Pluna
Los legisladores del partido de gobierno que en su momento se opusieron a la instalación de una comisión investigadora sobre la quiebra de Pluna hoy se estarán preguntando si no hubiera sido mejor transparentar los capítulos oscuros de la privatización y sus coletazos. Y eso por una sencilla razón: en aquel momento las responsabilidades seguramente provocarían moretones (todos ellos bien merecidos) en algunos sectores del fa y a algunos de sus dirigentes; hoy, en la largada de una campaña electoral que se anuncia peliaguda desde las internas, las abultadas facturas no van a discriminar entre responsables y cómplices.

De hecho, la política de mirar para el costado ha sido recurrente en todos los episodios donde el secretismo fue el factor fundamental, en el (falso) entendido de que la admisión es una debilidad y la debilidad compromete el triunfo electoral; y que al final todo se olvida. Sólo una inmensa cola de paja puede haber permitido que, cuando se discutió la investigadora, el senador Jorge Larrañaga afirmara que “han dejado un agujero en el que se puede ver hasta Japón” sin que hubiera una correspondiente reacción.
En el de Pluna el secreto justificó la mentira, desde la llegada de aquel joven emprendedor que iba a salvar a la aerolínea (sobre quien el ministro de Ganadería José Mujica dijo: “No me gusta nada”) hasta el aterrizaje en la subasta de los aviones del “caballero de la derecha”. La “madre de las mentiras” en el caso Pluna fue de autoría del entonces ministro de Economía, Danilo Astori: el 4 de enero de 2007 Astori disipó sin miramientos los vapores de fin de año con el anuncio de la privatización, “porque el Estado no puede seguir perdiendo 2 millones de dólares mensuales”. Y tras cartón lanzó una noticia tranquilizadora: los inversores pondrían 177 millones de dólares y un plan de negocios para la compra de aviones. El ministro de Economía sabía que eso era falso: Matías Campiani y su flamante empresa Leadgate no iban a poner un peso en la renovación de la flota aérea, iban a comprar los aviones con la garantía del Estado uruguayo. Y aunque el Estado garantizaba el 100 por ciento de la compra, aceptaba reducir su participación en Pluna sa a un 25 por ciento de las acciones. Estos detalles se mantuvieron en secreto hasta que se firmó el acuerdo definitivo; se argumentaba que no se podía informar para no entorpecer las negociaciones, como si el inversor pudiera dar marcha atrás en ese insólito regalo de Reyes.
Ahora bien: ¿qué cualidades exhibía Matías Campiani para que se lo convocara a salvar una aerolínea sin saber nada del negocio y, sobre todo, se le diera una garantía por 177 millones de dólares? Es posible imaginarse que con una tal garantía –que eximía de arriesgar dinero– empresarios más idóneos en el negocio de aerolíneas podrían haber intentado salvar Pluna. Sin embargo el señor Paul Elberse, una especie de “soldado de fortuna” que ha trabajado para banqueros que, en Uruguay, han dejado bancos fundidos, fue elegido, como consultor, para buscar al “salvador” de Pluna. Eligió a Campiani, y el gobierno aceptó la elección.
Es imposible ignorar el vínculo entre Campiani y Elberse. Éste ocupó cargos clave en el Banco Comercial tras el vaciamiento de los hermanos Rohm y participó del nacimiento –al calor de las cenizas– del Nuevo Banco Comercial en 2003. Tras un período de “saneamiento”, la totalidad de las acciones del nbc pasaron a un fondo de inversiones, Advent, a fines de 2005. El padre de Matías Campiani integró el directorio del nbc hasta que en 2009 –dado que las inversiones del fondo se volvían volátiles– se iniciaron gestiones para la venta de las acciones al Scotiabank, el banco que había financiado la compra de los 13 aviones. Contra todo pronóstico, los aviones fueron adquiridos a la fábrica canadiense Bombardier en lugar de acordar el negocio con la brasilera Embraer. Cuando el “plan de negocios” de Campiani comenzó a hacer agua, y la “nueva Pluna” se agujereaba como un queso mordisqueado con malos negocios para la compañía, aunque no tanto para sus ejecutivos, lo único que quedó en pie fue la garantía del Estado uruguayo que, claro está, pasó a manos del Scotiabank, dueño del cuarto banco privado del país en importancia.
Todo lo que vino después –la irreflexiva suspensión de los vuelos, la liquidación de Pluna, la ley que sustituía a la norma de concursos, la subasta, los contubernios con López Mena, los almuerzos vergonzantes, los sofismas a modo de explicaciones en las interpelaciones en el Senado–, tiene su explicación en aquella mentira inicial cuyas consecuencias heredó el ministro Fernando Lorenzo, sobre quien caen todos los reclamos de renuncia. Si la secuencia de los desastres –y desatinos– no tiene una explicación oculta, y por oculta inconfesable, entonces es posible concluir que la elección del inversor, la generosa garantía y la entrega del 75 por ciento de las acciones de Pluna se reducen a una postura casi filosófica: aceptar cualquier socio, incluso el más impresentable, con tal de no asociar a los propios trabajadores.
Tan absurdo es ese extremo, el de admitir la total negligencia, que sólo queda la hipótesis de la causa inconfesable. Hay dos elementos que lo abonan: la decisión de no efectuar ninguna reclamación o juicio contra Campiani y sus socios de Leadgate; y la determinación de elegir al abogado Ricardo Olivera García, asesor de Campiani, como corredactor de la ley de liquidación de Pluna, esa que acaba de ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y que implica que el Estado pagará dos veces por los aviones que financió el Scotiabank. Esas dos medidas sugieren que se estaba comprando silencio.