El franquismo enjuiciado desde Argentina: Justicia universal - Semanario Brecha
El franquismo enjuiciado desde Argentina

Justicia universal

A casi cuarenta años de la caída de la dictadura, en España no ha sido posible enjuiciar a la dictadura franquista, acusada de centenas de miles de casos de asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, apropiaciones de niños, torturas. A los pocos que pretendieron hacerlo se los echó. El gobierno de Mariano Rajoy, que tiene en su interior y en su entorno a integrantes de aquella dictadura, ha recibido el otoño con un pedido por demás incómodo: una jueza argentina quiere que extradite a tres represores del franquismo. Son los primeros, pero podrían no ser los últimos: el suegro de un ministro del PP y algunos ex jueces están en la lista de aquellos que aún viven en la más absoluta impunidad.

Jesús Rodríguez Barrios sabe que en algún armario de alguna oficina pública madrileña aún guardan su prontuario. Entre sus “peligrosos” antecedentes figura haber participado en una manifestación o integrar las filas de la Liga Comunista Revolucionaria, un partido trotsquista ya desaparecido. Esa carpeta amarillenta que aún custodia el Estado es el símbolo de lo que Jesús ha tenido que aguantar desde hace 38 años, cuando España se desprendió de Franco… Pero no de los franquistas.

En este país, la transición a la democracia emprendida tras la muerte del “Generalísimo” en noviembre de 1975 incluyó un peaje de impunidad que aún hoy se mantiene activo y que se ha mostrado infranqueable para quienes continúan reclamando justicia. Sin embargo, a 10 mil quilómetros de Madrid ha surgido una esperanza. Basada en el principio que permite perseguir los crímenes contra la humanidad más allá de la patria de los asesinos, la jueza argentina María Servini de Cubría no sólo aceptó la querella presentada por varios sobrevivientes y familiares de víctimas del franquismo, sino que ha decidido pedir la extradición de cuatro torturadores para que respondan por sus actos.

Tras recibir el pedido de la magistrada, el juez de la Audiencia Nacional española Pablo Ruz comprobó que, al igual que tantas otras veces, el tiempo también se había aliado con la impunidad, evitando que dos de ellos tengan que enfrentar a la justicia: el ex inspector policial y ex escolta de Franco y de la Casa Real, Celso Galván Abascal, y José Ignacio Giralte González, ex miembro de la bps y ex comisario del Cuerpo Nacional de Policía, fallecieron en 2007 y 2009, respectivamente.

“Se trata de una decisión histórica. Setenta y siete años después del golpe de Estado de Francisco Franco, es la primera vez que un órgano judicial de cualquier país del mundo decide llevar un procedimiento judicial para esclarecer los crímenes del franquismo”, resume Rodríguez a Brecha. Entre los imputados se encuentra aquel sujeto bajito y mirada desorbitada que lo torturó en 1975, en ocasión de su tercera detención. Se llamaba –y se llama– José Antonio González Pacheco, pero sus víctimas lo conocían –y así lo recuerdan– por su apodo de película: “Billy el Niño”.

A González Pacheco –ex inspector de la temible Brigada Político Social (bps), versión española de las SS nazis– le encantaba interrogar, dar palizas y arrastrar a las víctimas de los pelos. De hecho, Jesús Rodríguez tuvo que soportar sus golpes durante las tres sesiones rutinarias de tortura a las que fue sometido. “Me dieron lo que se daba de oficio”, comenta. En el expediente judicial emitido el miércoles 18 por la justicia argentina figuran varios testimonios de hombres y mujeres que, al igual que Jesús, pudieron sobrevivir a los castigos de Billy el Niño. Todos coinciden en describirlo como un ser despiadado y cruel que disfrutaba torturando.

El otro imputado por María Servini de Cubría es el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, quien en la actualidad figura como dueño de un centro hípico en Madrid. En el listado también figuraban Galván Abascal y Giralte González, pero la imputación llegó tarde: ambos ya fallecieron. En efecto, la edad es uno de los factores determinantes a tener en cuenta por las víctimas, ya que no siempre existe la oportunidad de juzgar a represores que sigan vivos. El más joven de los acusados por Servini de Cubría es Billy el Niño, quien el próximo domingo 6 de octubre festejará sus 67 años, mientras que Muñecas tiene, al día de hoy, 74.

“Los delitos constituyen crímenes de lesa humanidad por lo que, en uno u otro caso la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución”, subrayó la magistrada argentina en la petición formulada a Madrid. El guión señala que todos ellos deberán ser detenidos por la policía española en cuanto llegue la orden de la jueza porteña –cosa que, hasta el cierre de esta edición, no había ocurrido– y puestos a disposición de los jueces de la Audiencia Nacional. Paradójicamente, se trata del mismo órgano judicial en el que se desempeñaba el juez Baltasar Garzón, expulsado de su cargo tras pretender investigar… los crímenes del franquismo.

PASARÁN O NO PASARÁN. En cualquier caso, la decisión sobre el futuro de Pacheco, Giralte y Muñecas dependerá del Ejecutivo español, que deberá resolver si cumple con el acuerdo de extradición firmado entre ambos países o si, por el contrario, continúa defendiendo la teoría de que la amnistía firmada en 1977 por los sucesores de Franco mantiene a salvo a todos aquellos que cometieron terribles crímenes en nombre de la patria. De momento, el gobierno de Rajoy mantiene silencio. Su único gesto tuvo lugar el pasado 2 de mayo, y no fue precisamente alentador para las víctimas: según cuenta Servini de Cubría en su resolución, ese día tenía previsto recoger el testimonio mediante teleconferencia de 12 sobrevivientes de la dictadura, quienes realizarían su declaración desde el consulado de Argentina en Madrid. Sin embargo, la jueza tuvo que suspender la sesión tras recibir una llamada del embajador de Argentina en España, Carlos Bettini, quien le informó sobre el “malestar y descontento” que causaba a las autoridades españolas su decisión de escuchar a los querellantes.

“A pesar de todo, yo no pierdo la fe. Tiene que haber alguien que reaccione y sienta la tremenda vergüenza que supone para la justicia supuestamente democrática de España que tenga que ser la jueza de una nación extranjera la que pida responsabilidades por estos casos”, subraya Jesús Rodríguez a Brecha. Al igual que al resto de las víctimas del terror franquista, le sigue indignando que su país no sea capaz de rendir cuentas con el pasado. “Durante el siglo XX no ha habido ninguna dictadura en el mundo en la que el aparato represor se haya reciclado con tanta impunidad como en España”, se lamenta.

No en vano, la resolución de Servini de Cubría estuvo precedida por una serie de detalles significativos sobre los nexos ideológicos y sentimentales entre el gobernante Partido Popular y el nunca olvidado franquismo. Durante el verano que acaba de terminar, la prensa animó la alicaída agenda informativa con varias fotos de integrantes de Nuevas Generaciones –las juventudes del pp– agitando banderas franquistas, haciendo saludos al mejor estilo nazi o posando delante del Valle de los Caídos, el monumento construido por la dictadura para reivindicar a sus combatientes. Otros militantes del brazo juvenil del pp, como Ángel Lara, no tuvieron temblores de pulso a la hora de plasmar sus pensamientos políticos en las redes sociales. Entre las “cosas que queremos que vuelvan”, Lara citó a Franco, “aunque morirá cuando vea en lo que se ha convertido España”.

En medio del escándalo estival, la dirección del Partido Popular anunció que llevaría estos casos al Comité de Derechos y Garantías del partido, aunque hubo algunos dirigentes adultos que prefirieron relativizar las actitudes de sus jóvenes, asegurando que aparecer con simbología fascista no era más que “una chiquillada”, tal como lo afirmó el presidente de la Diputación de Valencia e integrante de esta formación política, Alfonso Rus.

Sin embargo, los populares también tienen entre sus filas a dirigentes y militantes entrados en años que no dudan en ensalzar la dictadura. Es el caso del alcalde de la localidad gallega de Beade, Senén Pousa, quien ha reconocido a la prensa que tiene un gran cuadro de Franco en su despacho y que siente una profunda admiración por el dictador, lo cual jamás ha despertado ni el más mínimo problema con los jefes de su partido. Mientras tanto, su correligionario Manuel González Capón, alcalde del también gallego pueblo de Baralla, saltó a la palestra a finales de julio pasado con una frase que lo inmortalizará: “Los condenados a muerte por Franco se lo merecían”. Los concejales de la oposición pidieron su renuncia, pero González Capón logró mantenerse en el cargo gracias al irrestricto apoyo de sus compañeros del pp.

LOS PRÓXIMOS. Las relaciones fraternales entre el partido del gobierno y el franquismo no terminan ahí. El actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, tiene muy cerca a uno de los dirigentes franquistas que promulgaron órdenes de asesinato: su suegro, José Utrera Molina, fue uno de los ministros de la dictadura que firmó la condena a muerte del anarquista Salvador Puig Antich, asesinado mediante el sistema medieval del garrote vil en marzo de 1974. Precisamente por eso, las víctimas del franquismo incluyeron a Utrera en el listado de “franquistas vivos” que entregaron a la jueza Servini de Cubría, por lo que aún albergan la esperanza de que, tarde o temprano, la magistrada argentina también solicite la extradición del suegro de Gallardón.

Entre los denunciados también se encuentra Rodolfo Martín Villa, un político ultraconservador que supo ocupar cargos en dictadura y en democracia. Los querellantes lo acusan de ser uno de los presuntos responsables del asesinato de cinco trabajadores durante una huelga general en Gasteiz, capital del País Vasco. Por entonces, Villa era ministro de Relaciones Sindicales. A finales del año pasado, el gobierno de Rajoy lo designó como consejero de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), también conocido como el “banco malo”, un organismo creado para la compra, gestión y venta de los denominados activos tóxicos de las entidades financieras españolas.

El listado que actualmente está en manos de Servini de Cubría incluye asimismo a Fernando Suárez González, otro ex ministro franquista que firmó condenas de muerte y que hoy ocupa un asiento en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y a Jesús Cejas Mohedano, integrante del Consejo de Guerra que en setiembre de 1975 ordenó el fusilamiento del militante comunista José Humberto Baena. En 2002, el Consejo General del Poder Judicial admitió su ingreso a la carrera de la magistratura.

El documento presentado por las víctimas se completa con el nombre de Rafael Gómez Chaparro, un ex juez del Tribunal de Orden Público que hizo la visto gorda ante varias denuncias de torturas. Se jubiló en plena democracia, el 14 de mayo de 1991, debido a que había sobrepasado la edad legalmente establecida para el desempeño de sus funciones. Para el Poder Judicial, su pasado franquista no afectaba en lo más mínimo su carrera.

“Confiamos que todos ellos sean imputados por la justicia argentina”, afirma a Brecha Josu Ibargutxi, ex preso político e integrante de la Plataforma Vasca para la Querella Contra los Crímenes del Franquismo. Actualmente, los impulsores de esta histórica denuncia preparan un segundo listado con nombres de otros dirigentes y amigos de la dictadura que “continúan incrustados en diferentes estamentos económicos, sociales y civiles. Son los herederos del régimen y hoy continúan gozando de grandes privilegios”, explica Ibargutxi. ¿Y si el gobierno se negase a extraditarlos? “Entonces quedará demostrado que, al igual que ocurriese en los años del franquismo, el Estado español continúa siendo refugio de asesinos, fascistas y corruptos”, sentencia este ex preso que hoy, quizás por primera vez, se siente un poco más libre.

LA VISITA DE LA ONU. Cuando aún no había acabado de digerir el pedido de extradición formulado por la justicia argentina, el gobierno de Mariano Rajoy tuvo que hacer frente a otra noticia incómoda: desde el pasado lunes se encuentra en España una representación del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias. Los expertos Ariel Dulitzky y Jasminka Dzumhur llegaron acompañados por dos integrantes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y permanecerán en este país hasta el lunes 30. Al cierre de esta edición ya se habían reunido con familiares de desaparecidos y abogados, y también estaba previsto que fuesen recibidos por autoridades gubernamentales.

Según los cálculos realizados por historiadores y organismos de derechos humanos, 150 mil personas fueron secuestradas y desaparecidas por el franquismo. En ese sentido, la delegación de la ONU pretende verificar si el Estado español ha dado pasos a favor de la justicia y la verdad. De momento, más de 2 mil fosas comunes esperan ser desenterradas.

HISTORIA CONOCIDA. “A mi padre le habían torturado hasta la muerte, un amigo de mi padre murió allí”, cuenta Luis Pérez, una de las muchas víctimas de las torturas cometidas por la Brigada Político Social, principal cuerpo policial represor de la dictadura de Francisco Franco. “Me tuvieron colgado por la ventana por la que habían tirado a Julián Grimau, esposado con las manos atrás y sujetándome sólo por los pies, creí que me tiraban.

Como él, un grupo de personas torturadas por la policía del régimen –que también se han adscrito a la querella contra los crímenes del franquismo que tramita la jueza argentina María Servini de Cubría– han elevado su voz en un nuevo y todavía inacabado trabajo audiovisual de Jordi Gordon, autor de La cultura vigilada, documental en el que numerosos intelectuales y artistas, como Caballero Bonald, Juan Marsé, Raimon y Pere Portabella, recordaban algunos de los oscuros episodios vividos durante la dictadura

“Me rompieron la nariz de un culatazo y me abrieron la cabeza… es probablemente la detención en la que más me torturaron”, cuenta otro de los agredidos, José María Galante, en el próximo documental de Gordon. “Fui esposado al radiador, tumbado, con dos policías turnándose golpeando las plantas de los pies en tandas muy largas –de veinte minutos a media hora– y el tercer policía detrás golpeando el encuentro del cuello y los hombros. Nos torturó gente de nuestra generación, nos torturó gente que tenía 24 años, o 23”, recuerda a su vez Acacio Puig.

La Plataforma por la Comisión de la Verdad sobre los Crímenes del Franquismo –una iniciativa que impulsan más de cien asociaciones memorialistas y de víctimas del franquismo– y la justicia argentina ya han alcanzado metas que en España nunca se lograron.
Según los autos del ex juez Baltasar Garzón, la represión franquista dejó al menos 113 mil desaparecidos y unos 30 mil niños apropiados por el régimen que fueron sustraídos a las familias republicanas.

“UN DEBER DE TODOS LOS PAÍSES”. “Es tal el agravio a la conciencia de la humanidad, que el castigo de los responsables es un deber de todos los estados, como agentes que son de la comunidad internacional, con independencia del lugar de comisión de los hechos.” Ese es uno de los argumentos que utilizó la jueza argentina María Servini de Cubría en su pedido de extradición de los cuatro agentes franquistas. Recurriendo a la misma línea argumental por la cual se juzga a los responsables de la represión en su propio país, la magistrada destacó la “evidencia histórica” existente acerca del “plan sistemático” aplicado por los golpistas que derrocaron a la república en el 39 para “destruir y eliminar a sus adversarios, incluidos los opositores políticos y todos aquellos que legítimamente respaldaron la legalidad del régimen constitucional hasta entonces vigente, lo que ocasionó víctimas también entre sus familiares”.

Juzgar esos hechos es “una obligación” para cualquier Estado, en función del principio de jurisdicción universal, en casos de “crímenes particularmente horrendos, practicados de manera sistemática o generalizada” que hasta ahora han quedado impunes por la aplicación de un “criterio meramente territorialista” en un país cuya justicia se reveló “ineficaz” para asumir la tarea. La jueza trae a colación los argumentos utilizados en su momento por la propia justicia española para pedir a Gran Bretaña la extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet, valiéndose de “la jurisdicción universal que la ley orgánica del Poder Judicial español establece, sobre la base de una acusación fundada en genocidio, tortura y terrorismo”. Había un detalle, claro está: quien pidió la extradición fue Baltasar Garzón, que tiempo después fuera separado de su cargo por el Supremo español precisamente por pretender enjuiciar al franquismo.

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