De la cuerda de Gloria cuelgan unas pocas prendas. Enseguida está la linde, y tras de sí, un extenso mar amarillo. Es la soja, que no ha crecido aún. Al costado, la piscina donde juegan sus nietos y el pozo del que saca el agua que utiliza en el hogar. Y también sus perros. Todo en unos pocos metros, no más de cinco. Y allí fumigan, a esa distancia de su casa. Sentada a la sombra de un árbol, Gloria explica que se han dado distintas situaciones que tienen nuevamente en alerta a los vecinos, que ya reaccionaron contra la fumigación con avioneta en 2009. En aquel momento, y pese a que el expediente municipal está archivado, se prohibió el uso de este método en el departamento. Desde entonces, el productor involucrado en las denuncias, Máximo Castilla –un reconocido médico de la ciudad de Canelones– , pasó a fumigar de forma “mecanizada terrestre”, con el conocido “mosquito”. Y los vecinos vuelven a denunciar.
LA MISMA HISTORIA. La maestra Adriana Pascual es una de las vecinas que lidera la iniciativa. Bajo un árbol al costado de su casa, su hija tiene las “sillitas de jugar”. Y ahí juega. Y separada por un camino, a no más de 15 metros, está también la soja, y pasa el “mosquito” rociando glifosato. Al principio no sabía bien qué pasaba en el campo de enfrente, y empezó a preguntarle a otros vecinos, que la pusieron al tanto. Se dispuso a investigar, y a buscar información. El productor en cuestión fumiga a escasos metros de la casa de Adriana y de las de varios vecinos, cuando en realidad la normativa vigente exige que sean 300 metros. Un decreto del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (mgap) de mayo de 2004 explicita: “Prohíbense las aplicaciones terrestres mecanizadas de productos fitosanitarios en cultivos extensivos (cereales, oleaginosos y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado”. He aquí la cuestión, la interpretación del concepto de centro poblado. Para la Intendencia de Canelones (ic), en Paso Picón hay un centro poblado de hecho, pero en realidad los padrones implicados en las denuncias son rurales. Y este ha sido el argumento del mgap para justificar su pasividad ante el tema. El organismo se comprometió con los vecinos a realizar la consulta formal a la comuna canaria para que se expida sobre el tema, y según confirmó Brecha, el pedido llegó a la comuna el lunes 27 de enero. Los vecinos han realizado varias denuncias. La primera por “uso incorrecto de productos fitosanitarios” en las oficinas del mgap en la ciudad de Canelones, el 10 de setiembre de 2013. De allí la denuncia fue derivada al Ministerio de Salud Pública (msp) y se inició un expediente. Cada vez que el productor fumiga los vecinos inician denuncias vía web en la Dirección General de Servicios Agrícolas del mgap, responsable del registro, control y venta de estos productos, así como también de controlar su uso y aplicación. Ambas carteras se hicieron presentes en el lugar con personal técnico. La más controvertida de las visitas fue la del ingeniero Douglas Maldini, de la Dirección General de Servicios Agrícolas, que no convenció a los vecinos pues percibieron falta de interés y prepotencia por parte del mencionado funcionario. Los análisis de agua que encargó dieron negativo respecto a la presencia de glifosato. El informe del msp –cuyos representantes estuvieron en dos ocasiones en la zona y se reunieron con personal de la Intendencia de Canelones– está terminando de ser redactado, según confirmó a Brecha Carmen Ciganda, la directora de Salud Ambiental y Ocupacional de esa cartera. La jerarca prefirió no expresarse sobre el caso hasta que se eleve el informe, que según adelantó, además de presentar conclusiones, contendrá recomendaciones prácticas de acción para proteger la salud de los vecinos. La Secretaría General de la ic también está pendiente del asunto. Tanto es así que Federico López, secretario personal de Yamandú Orsi, titular del cargo, fue afectado por agroquímicos tras tomar fotografías y filmar la fumigación del 17 de noviembre pasado. En la denuncia presentada al Banco de Seguros del Estado por accidente de trabajo aparece como motivo del accidente “deriva de fumigación” y como lesiones producidas: “Alergia, inflamación de ganglios, náuseas, dolor de cabeza, ardor de vías respiratorias, irritación de la vista, dolores musculares”. A su vez, el funcionario realizó la denuncia por uso incorrecto de productos fitosanitarios. Sin embargo, ese expediente municipal está parado en el Área de Calidad Ambiental y Gestión de Residuos de la Dirección General de Gestión Ambiental desde el 4 de diciembre de 2013 y aún no ha sido levantado para ser analizado; digamos que duerme en un cajón.
LA CARTA. El asunto movilizó al productor, que salió al cruce de las denuncias con una carta fechada el 13 de diciembre de 2013 y entregada personalmente a los vecinos. A excepción de Adriana Pascual, que la recibió a través del almacenero, Fontán –uno de los vecinos nombrados en la carta– , y de Jesús Pedreira, que se negó a recibirla por considerar a Castilla “persona no grata”, el resto de los vecinos la recibió en mano propia. En esa carta el médico descarga una serie de agravios hacia los vecinos, adelantando que a por lo menos dos de ellos les iniciará acciones legales. Con Pascual ya lo hizo y ella tuvo que ir a declarar a la Seccional Primera el pasado 14 de diciembre en calidad de indagada. “Sepan ustedes que somos una familia de bien de buenas costumbres siempre tratamos de ayudar al prójimo y darle una mano al que la solicita”, comienza el texto que, tras hacer referencia al deterioro de la casa de la maestra Adriana Pascual diciendo que “presenta un estado lamentable”, alega que eso sí provoca enfermedades respiratorias en personas sensibles como su hija y su esposo. Luego pasa a referirse a la maestra: “(…) dicha persona está con licencia médica psiquiátrica que no va a trabajar que sólo concurre a cobrar su sueldo, que no le devuelven al Estado uruguayo lo que invirtió en ella que es enseñar y educar sólo le sigue sacando para provecho personal ”.
Después le toca a Fontán: “En cuanto al señor Fontán que alguien le dijo que era un referente de Paso Picón yo le diría que mal representado está Picón, este señor lo único que hice fue atenderle a su familia. Madre hija ex mujer en forma totalmente desinteresada ya que nunca se le cobraron honorarios, con el paso del tiempo lo veo en Paso Picón hablando disparates sin ningún fundamento injuriándome por maldad”. Tras tildarlo de ignorante agrega: “nunca lo vi trabajar”, y cierra: “Señor vecino no se dejen manipular saquen sus propias conclusiones esta gente es deshonesta” (sic).
CONTRA LA CORRIENTE. Llegando a la casa de Ariel Gulpio se puede ver, además de un hermoso jardín, una cascada de piedra coronada por una virgen. Allí reza junto a su señora todas las noches. Y junto a ella, trabaja hace 35 años en un proyecto que camina en dirección opuesta a la soja que lo rodea. Produce suelos orgánicos, y al hablar hilvana un proyecto con otro, sobre una y otra planta. Como ecoanalista, se dedica al estudio, comportamiento y transformación de los ecosistemas y dice estar capacitado para crear un suelo natural para cualquier especie. “Lo mío es aprender a usar de la mejor manera la tierra”, explica. Produce humus orgánico, que vende en grandes cantidades en Montevideo. En este momento aspira a llegar a la macroproducción, y camina hacia la certificación de que sus suelos son orgánicos como objetivo inmediato. Es decir, las fumigaciones pueden acabar con todo su trabajo instantáneamente. Ve que sus plantas están siendo afectadas por el glifosato, y las señala una a una: “Ese fornio está completamente quemado, y eso no lo quema ni la helada ni 50 grados de temperatura, está rodeado de tacuaras, y con un ecosistema preparado especialmente para él. En Ecuador nacen con 46 grados a intemperie total. Me las quemó el glifosato, no tengo ninguna duda”. Explica que viene siguiendo el tema desde las primeras plantaciones experimentales y conoce los efectos del glifosato. Y denuncia: “Es un veneno para el ser humano y para todo el entorno de la creación. Para lo único que es positivo es para el cultivo de transgénicos, con sus genes modificados para tolerar el glifosato”. Para el ingeniero Maldini, “si obtuvo la aprobación por parte del ministerio cumple con las normas legales vigentes en cuanto a su efectividad, y sus efectos sobre el ambiente y la salud humana. En cuanto a esto hay cuatro categorías toxicológicas, y el glifosato es categoría 3, no es de los más tóxicos”. Gulpio dice: “Decile al ministerio que si es tan inocuo vengan y se paren cuando están fumigando, no dentro del tractor, sino acá en la esquina nomás”. Interrumpe Jorge, el esposo de Adriana Pascual: “Si él asegura que es inocuo, yo me paro con él”. “Yo no”, cierra Gulpio. Además de “pánico”, lo que siente es impotencia. Con vehemencia denuncia: “Me está tirando el veneno en la cara. Estamos tomando mate ahí al lado, es mate con glifosato”. Y Gulpio cierra con un desafío: “Yo reto a quien sea a que venga y are a cuatro metros de profundidad estos campos que están acá, y si encuentran una lombriz le doy todo lo que tengo”. Está seguro.
LA VERSIÓN DEL MÉDICO. El doctor Castilla, consultado por Brecha, reafirmó todo lo volcado en la carta enviada a los vecinos, esgrimiendo que allí dijo la verdad. Durante el transcurso de su testimonio, la mayoría de las referencias tuvieron que ver con Adriana Pascual. “Todo el que la apoye y me ensucie sin saber va a ser castigado por la ley porque yo me voy a encargar de que reciba su merecido”, dijo.
Del alambrado de uno de sus campos cuelga un cartel raído: “Prohibido atar animales cerca del alambrado, pasturas con tóxico”. Sin embargo, el productor afirma que “el glifosato es un matayuyos común y corriente, que no es ningún veneno, ningún tóxico y se utiliza en todo el país”. En la misma línea agrega: “hace veinte años que soy productor y nunca usé una protección contra el glifosato y no tengo ningún problema bronquial, no tengo nada”. Esto coincide con la apreciación de uno de los vecinos –que prefirió preservar su identidad– quien comentó a Brecha que el productor en cuestión no toma las precauciones necesarias para manipular los productos. Sobre esto, el vecino expresó: “Él mismo se está haciendo daño; si él quiere suicidarse problema de él, pero que no jorobe a los demás”. Sobre el caso, Castilla dice: “Lo que estoy haciendo es todo legal, en un padrón rural, aplico lo que permite el Ministerio de Ganadería y el Ministerio de Salud”. En este punto resurge el nudo principal de esta trama, y quizás la solución posible. Si se considera a Paso Picón un centro poblado, el productor debería amoldarse a las distancias fijadas por la normativa vigente. Maldini dijo a Brecha que si esto sucede, el mgap hará que la normativa se respete. Para Castilla, “Picón no es un centro poblado, un centro poblado es una ciudad”. En cuanto a la entrega de la carta, dice: “En todos lados me recibieron felicitándome, y dándome para adelante y que no le diera pelota a esta mujer que es una loca desubicada”. Esta versión dista notablemente de la de los consultados, que en su mayoría tildaron la carta de “vergonzosa”. El doctor se defiende diciendo: “Esto es envidia y persecución personal. Desgraciadamente en este país la justicia tarda pero llega; los que se sientan mal, que ellos consideren que yo les hago mal, tienen los mecanismos pertinentes para denunciar, yo voy a seguir curando porque soy un buen ciudadano”.
POR LOS NIETOS. Gloria lo deja en claro: “Yo no estoy contra la persona, porque puede plantar si es su tierra, pero si él nos está envenenando, ahí está el problema”. Y también deja ver su preocupación: “Quiero saber firmemente si nos afecta o no nos afecta. Porque en pila de países se ha comprobado que esto es peligroso. Y él falta que se meta debajo de la cama nuestra a darlo”. Su pelea –dice– es por sus nietos. Igual que Teresa, otra de las vecinas afectadas, que con dos tapas de olla en sus manos muestra la distancia entre la soja, su casa, sus animales y su quinta. Recuerda como una situación traumática el paso rasante de la avioneta, y las consecuencias que tuvo en ella y sus nietos (uno de ellos debió ser internado). “Y con el mosquito pasa casi lo mismo, porque es alto, y encima él ni mira, si el viento está para acá queda el veneno en las casas”, dice. Cuando las fumigaciones, siente ardor en las vías respiratorias, los ojos y la boca. “Por dos o tres días se siente un olor espantoso, yo ya lo tengo metido acá”, cuenta, y se señala la nariz. “Los que ya estamos viejos, bueno, pero los hijos y los nietos son jóvenes y no tienen que estar recibiendo y aspirando todo eso”, cierra.
Marcelo es el almacenero de Picón, y su negocio está a unos 150 metros de la soja. Ha ido a las reuniones para informarse y ayudar en lo que se pueda, y tiene la sensación de que los vecinos están “tirados a la deriva”. Al almacén llegan quienes están al frente de las denuncias, los indiferentes, los que resaltan las virtudes del cultivo, y hasta el propio productor involucrado. De ahí la cautela de Marcelo al opinar. Pero de todas formas deja entrever lo que piensa: “No tenemos la información, ni nadie que nos proteja. Más allá de que el productor esté en regla o no, la sensación es la de estar solo. Yo no tengo los estudios para decir si es malo o no, y si encima vienen del ministerio y te dicen que es inocuo, ¿a qué te aferrás?”. Tampoco es ajeno a la realidad que permite que se den situaciones de este tipo: “¿Cómo echás para atrás una cosa de éstas, si continuamente la televisión está dando que es lo que más produce, lo que más se exporta, que es lo que más plata está dejando, que es una empresa pujante, que esto y aquello?”. Los cultivos se extienden hasta las márgenes de los arroyos Canelón Grande y Canelón Chico, ambos afluentes del Santa Lucía. Y esta situación ocurre en lo que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente catalogó en mayo de 2013 como “zona prioritaria sensible A”, cuyo objetivo de uso preponderante es: “Fuente de agua potable”