Un estruendoso terremoto, como el que acaba de demoler a un país pobre como Nepal, o una gigantesca erupción volcánica, como la recientemente activada en la Patagonia chilena, puede ser una fantástica oportunidad para hacer negocios. Bajo el eufemístico y marquetinero nombre de “derivado climático” u “obligaciones catástrofe”, poderosas empresas, con la apoyatura institucional de organismos internacionales como la Onu y el Banco Mundial, ofrecen a los estados periféricos la posibilidad de blindarse económicamente ante la irrupción de fenómenos naturales devastadores. Según los especialistas, este capítulo de la securitización nace gracias al encuentro de tres hechos coyunturales: la primacía del capitalismo financiero, que tiene el know how para especular mediante bonos con obligaciones a futuro; la austeridad fiscal como paradigma económico de ciertos gobiernos, que implica achicar el gasto público en, por ejemplo, la construcción de infraestructura pública segura; el embate del cambio climático que convierte a zonas costeras turísticas o enclaves agropecuarios sojeros en económicamente vulnerables. El investigador Chris Williams, autor de Ecología y socialismo, define así esta triple convergencia: “La economía está cada vez más financiarizada: los capitales buscan rendimientos no en inversiones productivas sino en la especulación. Esto se junta con dos fenómenos adicionales: los problemas fiscales que están experimentando muchos estados y la creciente exposición a tragedias ambientales”.
ESTADOS CLIENTES. Corporaciones como la aseguradora alemana Munich Re, la helvética Swiss Re, y la británica Lloyd’s, son la punta de lanza en el sector privado de la denominada “securitización de los riesgos de catástrofes”. ¿Quiénes son sus clientes? Naciones o pequeños productores agrarios sin capacidad presupuestaria para desarrollar la infraestructura que se necesita para hacer pie luego de una sequía o un aguacero sostenido; eventos que en los últimos años se han precipitado, de acuerdo a una parte de la comunidad científica, por el impacto de la huella de carbono en nuestra biodiversidad. El mecanismo es sencillo y algo cínico: los gobiernos más vulnerables en sus finanzas se declaran pobres de recursos para recomponer caminos y puentes tras el paso de un poderoso sismo; en segundo lugar, los organismos internacionales y un circuito de Ong, siguiendo los paradigmas de la gobernanza y la productividad, aconsejan el maridaje público-privado para disminuir el impacto de los descalabros de la madre naturaleza; por último, las aseguradoras hacen su negocio. Corporaciones como la británica Lloyd’s intentan demostrar en sus informes que los seguros contra el riesgo climático también son un negocio para los gobiernos. “El Estado asume una proporción excesiva de los costes de las catástrofes naturales en los países que tienen una débil tasa (de penetración) de los seguros”, subrayó Lloyd’s. A modo de ejemplo la compañía cita el terremoto de mayo de 2008 en la región china de Sichuán, que dejó cerca de 70 mil muertos y 18 mil desaparecidos. Según la firma, sólo el 0,3 por ciento de los daños, estimados en 125.000 millones de dólares, corrieron por cuenta de las aseguradoras, lo que dejó a Beijing teniendo que pagar casi la totalidad de los costos. “Cuando las economías de fuerte crecimiento continúan desarrollándose y las cadenas de abastecimiento están cada vez más interconectadas, es hora de preguntarnos: ¿puede permitirse el mundo un riesgo tan elevado?”, se interroga Richard Ward, director general de Lloyd’s, en tono filantrópico, en un cable divulgado por la agencia Afp.
En teoría el círculo cierra, pero la realidad indica que en determinadas ocasiones la especulación financiera prima sobre el interés público. “En abril de 2010 un terremoto sacudió el estado mexicano de Baja California, pero su epicentro se encontraba al norte de la zona delimitada por el bono catástrofe. Por lo tanto, el dinero de la obligación no fue liberado y México continuó pagando la póliza”, recuerda el sociólogo Razmig Keucheyan en un artículo titulado “La expansión del mercado de las catástrofes”, publicado recientemente en la revista latinoamericana Nueva Sociedad. Lo que se dice una verdadera “burbuja climática” estalló entonces en México, que siguió pagando un seguro, elogiado y promovido en su momento por el grupo inversor Goldman Sachs, pero infructuoso para sanear la infraestructura de la zona afectada. “Se necesita también idear e implantar nuevos programas de seguros contra desastres que funcionen por criterios no lucrativos e impidan que personas que lo han perdido todo por culpa de un huracán o un incendio forestal se queden a merced de unas aseguradoras que ya están adaptándose al cambio climático escatimando pagos de compensaciones a sus asegurados y golpeando aun más a las víctimas con exagerados aumentos de las primas de sus pólizas”, alerta la ensayista canadiense Naomi Klein en su reciente libro Esto lo cambia todo. El capitalismo contra el clima.
EL SHOW DEBE CONTINUAR. Los seguros climáticos tienen un claro subtexto político: las cadenas globales de valor no pueden perder la productividad de enclaves territoriales enteros por la acumulación pluvial excesiva o por el derrame caliente de un río de lava sobre unas preciosas hectáreas de soja. Esos abruptos comportamientos de la naturaleza deben ser corregidos y sanados en poco tiempo para que, por ejemplo, el mercado de los commodities no pierda márgenes de rentabilidad. En su ensayo, Razmig Keucheyan interpreta así la securitización del mercado de catástrofes: “el Estado capitalista también tiene la función de construir la naturaleza. Ésta, para ser explotada de forma permanente, primero debe ser organizada o configurada. Los microseguros pueden ser considerados una forma de ‘acumulación por desposesión’, como apunta David Harvey. El principio siempre es el mismo: en un período de baja en la tasa de ganancias, de crisis del capitalismo, ¿cómo hacer rentables los sectores de la vida social y de población que escapan al mercado?”.
Swiss Re retruca con una visión bien pragmática: “Un campesino sin seguro, por ejemplo, es menos productivo. Sujeto a los avatares de la naturaleza o de las enfermedades, tenderá a invertir menos en maquinaria y fertilizantes, y por tanto su productividad tenderá a estancarse. Además, de todos modos, esto es en última instancia responsabilidad del Estado, pues si se destruye la cosecha o si el campesino se enferma, será su apoyo el que buscará”. Según Erwann Michel-Kerjan, asesor de Financiamiento de Catástrofes de la Ocde, especialista de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania y lobista de un seguro climático en Chile para prevenir el costo de los sismos, el mercado de catástrofes tiene tanta lógica como futuro: “Los desastres climáticos y ambientales son cada vez más frecuentes. El tema es quién se hace cargo de los costos. Es diferente sacar un seguro para autos, que tiene un riesgo normal, que un seguro para catástrofes que afectan simultáneamente a muchísima gente”.
El capitalismo puede estar en crisis económica, pero no en crisis de ideas. Tras la caída del muro de Berlín los financistas globales han craneado negocios donde nadie los veía posibles: los derivados financieros para vender inmuebles a futuro son un ejemplo de esa magia capitalista. Luego las empresas se subieron a la ola verde del cambio climático e impulsaron los bonos de carbono y el etiquetado green para vender productos ambientalmente seguros. Ahora el nuevo hit pasa por la securitización climática. “Hay malos años, como 2004 y 2005, pero es muy difícil imaginar un año en que tengamos decenas de terremotos e inundaciones. Si eso ocurriera la industria podría quebrar, pero la probabilidad es muy baja”, indica muy suelto de cuerpo Erwann Michel-Kerjan. “El entusiasmo entre las aseguradoras es tal, que entre las propuestas a futuro se considera la posibilidad de crear un derivado o swap que proteja a la desaparición de las especies: una manera rentable de cuidar la biodiversidad”, apunta el periodista Marcelo Justo, de la Bbc. Según Naomi Klein, los gobiernos no deberían ceder al sector privado la iniciativa de la gestión en infraestructura pública. “Países como Filipinas, Kenia y Bangladesh no deberían verse obligados a gastar el dinero de sus presupuestos para sanidad y educación en costosos planes de seguros contra desastres contratados con grandes empresas trasnacionales, como sucede actualmente. Su población debería recibir compensación directa de los países y empresas más directamente responsables del calentamiento del planeta”, advierte Klein en un libro cuya tesis principal pasa por entender al cambio climático como una consecuencia directa de un modelo productivo global depredador de los recursos naturales.
América Latina, una región proclive a verse afectada por eventos climáticos excepcionales en el arco andino, donde abundan los movimientos sísmicos, o en la llanura agropecuaria de la cuenca del Plata, expuesta a recurrentes crisis hidrometeorológicas, está debatiendo en estos momentos la conformación de un Grupo de Alto Nivel en la Reducción de Riesgos de Desastres dentro de la Unasur para consensuar un plan de acción. Uruguay, a cargo de la secretaría pro témpore, preside dicho colectivo. Ernesto Samper, secretario general de la Unasur, que visitó Buenos Aires recientemente para participar en un homenaje al ex presidente Néstor Kirchner, viene insistiendo en la necesidad de establecer denominadores comunes en dicha agenda. Por el momento no se ha hecho pública la posición de los diferentes países del Cono Sur, sin embargo ha trascendido, en el más estricto off periodístico, que tanto Samper como el gobierno de Brasil no descartan impulsar la creación de un cuerpo castrense para socorrer a las poblaciones civiles afectadas por fenómenos naturales. Esa visión, que no difiere demasiado del criterio militarista promovido por el Comando Sur estadounidense –aunque su objetivo sea interferir en los planes del Norte promoviendo la participación de la oficialidad propia–, minimiza el debate sobre cómo debe ser el diálogo a futuro entre los estados y el sector privado para disminuir los costos del riesgo climático. El debate no es menor y aún no está cerrado. Por lo pronto, habrá que abrir los paraguas para protegerse de los feroces chubascos.
[notice]Con Ricardo Mena, jefe de la Oficina Regional de las Américas, de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
“La participación privada es muy bien vista”
Ecuatoriano, Ricardo Mena es el funcionario clave de la región para conocer la agenda de la securitización de desastres. Desde Panamá, Mena coordina la oficina latinoamericana de la ONU que trabaja en la reducción del riesgo de desastres.
—¿Cómo debería ser el diálogo público-privado en la reducción de riesgos de desastres?
—Indudablemente, el incremento y mayor intensidad con que están ocurriendo sobre todo los fenómenos hidrometeorológicos en nuestra región hacen que haya que darle a este tema mayor prioridad. Muchas veces, igualmente, no necesitamos de grandes eventos para que pequeños agricultores o pequeñas fincas sufran un daño importante por inundaciones muy localizadas. Y si estos sectores no están debidamente protegidos, la situación derivará en una pérdida de ingresos económicos y en medios de vida, lo cual tiene un impacto notable en su progreso. Varios países han desarrollado esquemas, en algunos casos públicos, en otros mixtos, y en otros totalmente manejados por el sector privado, para poder asegurar cosechas y cultivos frente a amenazas naturales, principalmente relacionados con el exceso o la escasez de agua. La participación privada es muy bien vista si sus programas son lo suficientemente atractivos, abordables desde el punto de vista del costo, y fundamentalmente si son efectivos. El tema es que a veces hay limitantes que no permiten desarrollar esas alianzas público-privadas. Por ejemplo, en algunos países no existe suficiente información que permita determinar de alguna manera cuál es el riesgo que se debe asegurar. Nosotros estamos promoviendo, justamente, que los países tengan bases de datos históricos de desastres desagregados a nivel subnacional, y en función de eso poder promover ciertos instrumentos financieros, como seguros o reaseguros, que permitan limitar las pérdidas que ocasionan dichas amenazas.
—La Unasur está debatiendo este tema, ¿Con qué criterios?
—En efecto, la Unasur estableció en 2014 la creación de un Grupo de Alto Nivel para la Reducción del Riesgo de Desastres, que ha empezado a funcionar y que todavía no tiene una estructura en sí. Es un sistema que pasa por secretarías pro témpore. En este momento Uruguay preside dicha secretaría. Uruguay está muy interesado en darle dinámica a este grupo de alto nivel y, en consecuencia, hay un plan de trabajo que incluye temas de interés común para los países. Nosotros, puntualmente, estamos colaborando con información para la posible formulación de una estrategia colectiva en esta área. En paralelo, en marzo de este año se aprobó en la cumbre de Sendai, en Japón, un nuevo índice internacional que orienta a los países en la reducción de riesgos de desastre. Este plan global tendrá vigencia por 15 años, hasta 2030. Y en él ya se dejan establecidas las premisas a tener en cuenta para disminuir tanto la pérdida de vidas como de activos ante la emergencia de un desastre natural. Lo que busca básicamente este plan es que los países adopten un modelo de desarrollo que evite la generación de nuevos riesgos frente a las amenazas naturales. Es una visión muy prospectiva y muy vinculada con el desarrollo sostenible. Un ejemplo: si una ciudad proyecta un crecimiento urbano hacia zonas propensas a inundaciones, sin tomar en cuenta la potencial amenaza, es muy probable que dicha expansión sufra años más tarde un desastre climático.
—¿Cómo reducir desde los estados la posibilidad de que el sector privado no cumpla con los compromisos asumidos? La reducción del riesgo climático, ¿no debería ser una prerrogativa exclusivamente pública?
—México ha aprobado desarrollar mecanismos de protección financiera frente a amenazas naturales y ha emitido bonos que ha puesto a disposición del mercado internacional. “Bonos-catástrofe” para poder financiar el impacto de situaciones de desastre. En todo caso, el sector público y el privado acuerdan seguir ciertos parámetros, y siempre que el evento natural no exceda dichos parámetros, se puede proceder con el pago de la prima. De lo contrario la compañía no paga el monto acordado. Por otro lado, incluso países desarrollados, como Canadá, con la ocurrencia cada vez más frecuente de inundaciones, se han visto envueltos en arduas negociaciones con aseguradoras que se han retirado de ciertas zonas o han revaluado sus primas porque estiman muy alto el riesgo a cubrir. Lo mismo sucede en la costa este de Estados Unidos, donde la penetración de dichos seguros es muy alta. Por el contrario, en América del Sur la penetración de los seguros de riesgo todavía es baja. Los sectores aseguradores tienen voluntad de trabajar este capítulo pero sobre bases robustas de información gubernamental. Los estados incluso pueden establecer mecanismos de aseguramiento público. Si el sector privado considera poco rentable trabajar en una zona demasiado propensa a los desastres naturales, los gobiernos pueden asumir dicha tarea otorgando, por ejemplo, incentivos fiscales a las familias de menos recursos para que éstas puedan asegurarse sin tener contratiempos económicos. La región ya cuenta con 19 países que han elaborado una base de datos sólida para inferir cuáles son los potenciales riesgos climáticos en sus territorios. Sin embargo, un país como Brasil carece de dicha herramienta y eso termina jugando en contra del sector privado, que se siente con pocos elementos para ofrecer su cartera de negocios allí.
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