Al cierre de esta edición, un nuevo oficio –al que accedió Brecha– era presentado en el juzgado penal de Carmelo, a cargo de Alexandra Facal. El propósito, relatan los de Colonia, es aportar como prueba el comunicado de la empresa madre de Adobe que expresa que “no ha mandatado, ni autorizado a ninguna persona física o jurídica a celebrar acuerdos que pudieran involucrar el pago de multas, indemnizaciones o cobro de honorarios, relacionándolos directa o indirectamente con los derechos de autor de Adobe Systems Inc” (El Observador, 16-IV-15). Y poner también en manos de la justicia el documento del “software constatado en El Eco”, elaborado por Fernando Couto, presidente y cara visible de los antipiratas, en el que se detalla un monto por cada programa sin licencia utilizado en la redacción allanada. En la lista están los programas de Adobe (según publicó el portal Sudestada).
Solicitan también a la jueza que cite a declarar al presidente de la Organización de la Prensa del Interior, para que presente el listado de “los medios de prensa afectados y aporte la totalidad de la información que obre en su poder respecto al pago de multa y honorarios al doctor Couto como consecuencia de los procedimientos llevados a cabo por el mismo, en función al comunicado de Adobe”, y que se cite también a declarar en la causa a los representantes de Microsoft Uruguay para comprobar si esta empresa confirió o no su representación a Couto y la Asociación Antipiratería para el cobro de multas y honorarios por el uso sin licencia de alguno de sus programas.
Según relató a Brecha Enrique Erramuspe, abogado de los periodistas cuyas computadoras fueron requisadas, los escritos presentados provocaron la separación de una pieza aparte del expediente, que según pretenden, esté especialmente dedicada a investigar a los antipiratas. El abogado comentó también que están terminando de redactar el caso para presentarlo en un juzgado de crimen organizado de Montevideo la próxima semana.
Vale recordar que la redacción de Nueva Palmira del diario en cuestión fue allanada en febrero en un operativo conducido por el propio Couto actuando como “perito”, en el que se requisaron todas las máquinas (monitores, torres y todos los etcéteras incluidos) utilizadas para la confección del diario. Brecha informó cómo, a comienzos de marzo, tuvo lugar una audiencia por el caso en el juzgado de Facal, en la que ni la magistrada ni la fiscal, Alicia Ghione, hicieron lugar al pedido de devolución de las máquinas incautadas, arguyendo que la medida no afectaba la libertad de prensa. En esa audiencia de marzo, Ghione había manifestado su voluntad de pedir el procesamiento de Daniel Roselli, director responsable de El Eco.
Los colonienses apelaron el fallo. La fiscal Ghione fue trasladada de departamento y su sucesor aún no ha asumido. La causa está pausada en la apelación.
Brecha se comunicó con Couto para que respondiera por la quita del respaldo que significa el comunicado de la empresa Adobe: “Hay integrantes de la asociación vinculados de forma directa con las marcas del software detectado en El Eco. Vamos a sacar un comunicado de prensa. El problema son las manifestaciones unilaterales de un medio de prensa que es el único que ha tenido problemas con todo esto. Hay un expediente judicial formado y seguramente se formen más. Esto no es tema mediático, es legal”, se defendió.
Además del relato de los medios de prensa del Interior que terminaron pagando a Couto por “honorarios profesionales” (véase Brecha, 27-II-15), este semanario recabó el testimonio de una imprenta comercial (también del Interior) que, tras recibir el aviso de la Asociación Antipiratería de que sus máquinas no tenían registro de licencia en el país, decidió adquirirla directamente con la casa madre en Canadá. Creyendo haber solucionado el asunto, no dieron crédito cuando meses más tarde Couto se presentó en la imprenta con una orden judicial de allanamiento, la Policía y el argumento de que continuaban en infracción porque no aparecían en los registros de los vendedores locales. Couto hizo oídos sordos al argumento de los dueños de haber adquirido la licencia en el exterior del país, y procedió a incautar las máquinas. Los dueños de la imprenta terminaron pagando 1.500 dólares al abogado para que las devolviera. La causa abierta por Couto para denunciar una irregularidad inexistente fue cerrada por el juez en abril de este año, luego de que el gestor no se presentara a declarar.
Según consta en los expedientes, el sustento legal en el que Couto basa los procedimientos es la ley de derecho de autor, la 17.616. Couto explicó a Brecha que su participación en los procedimientos como “perito idóneo” la confirió un protocolo de actuación elaborado por el Ministerio del Interior: “Surgió como una inquietud nuestra, por una reforma que se había hecho a nivel operativo en Montevideo. Se sacó ese protocolo para echar luz sobre eso. Lo sacó la Jefatura de Policía de Montevideo, está basado en una circular del año 2009 del Ministerio del Interior”.
Brecha intentó confirmar la existencia de este protocolo en el mencionado ministerio, pero desde la Unicom se sostuvo que en las unidades de delitos informáticos no se tiene copia ni noción de su existencia.