La segregación socioespacial, territorial o residencial ha sido estudiada desde hace mucho a nivel internacional regional y local. Con estas acepciones se designa al fenómeno por el cual distintos grupos ven afectado positiva o negativamente su acceso a los servicios y posibilidades (en cantidad y calidad) que la ciudad ofrece, el derecho a uso y goce de ella, según su condición de clase, etaria, su etnia, origen migratorio, entre otros aspectos.
Hay, en general, consenso en que son variadas las tendencias (sociodemográficas, económicas, políticas, etcétera) que inducen a una profundización del fenómeno de la segregación socioespacial. Su origen debería comprenderse como el resultado de la conjunción de efectos producidos por el mercado, la política pública y la sociedad civil. A la vez, como un fenómeno que no responde sólo a claves económicas y urbanísticas, sino también socioculturales y psicológicas. Existen coincidencias también en las diversas expresiones que la segregación socioespacial asume, algunas más notorias y otras más difusas. Sin embargo, son aquellas extremas o polares las que evidencian y denuncian con mayor fuerza y claridad este fenómeno en el territorio.
Salvo pocas excepciones, diferentes autores procedentes de distintas corrientes de pensamiento comparten los efectos adversos que la segregación genera. Para quienes abogan por la existencia de niveles necesarios de integración para el adecuado desarrollo social, este fenómeno pone en cuestión cotidianamente la posibilidad de sostener dichos niveles. Para aquellos que adhieren a la superación de las condiciones materiales y simbólicas actuales en pos de una sociedad justa y equitativa, la segregación socioespacial es una expresión clara de la materialización de la desigualdad y las condiciones de opresión que acarrea. En ambos casos, su “tratamiento” parece necesario, sea para regular este fenómeno o para superarlo.
SU EXPRESION EN URUGUAY. En el caso de Uruguay, los estudios vinculados al fenómeno de la segregación socioespacial han cobrado fuerza fundamentalmente a partir de los noventa, década en la que comienzan a hacerse más visibles en el territorio las fracturas socioeconómicas que años de desmantelamiento productivo y decisiones de gobierno de cuño neoliberal habían generado. Junto con su visibilidad, dicho fenómeno interpelaba una construcción identitaria nacional de larga data, basada en la cual el país se había presentado a su población y el mundo como una sociedad “híper integrada”, un “país de cercanías” (Real de Azúa, 1964), de clases medias, la “Suiza de América”.
Investigar este fenómeno, sus orígenes y consecuencias pasó así a ser relevante en ámbitos académicos y políticos. Explícita o implícitamente, parecería existir preocupación, fundamentalmente, por la segregación que se desarrolla y expresa en contextos de pobreza. La gran cantidad de información al respecto da cuenta de dicha relevancia. Sin embargo, muy poco existe en el país con relación a qué sucede en los enclaves más ricos, aquellos que eligen segregarse, por qué lo hacen y qué efectos puede estar teniendo dicha elección en términos urbanos y sociales.
En Uruguay este tipo de segregación protagonizada por las clases medias superiores se dio en forma mucho más tardía que en otros países latinoamericanos. Son varias las hipótesis que pueden levantarse en relación a esto, desde una mayor “homogeneidad” social en relación con la región, la tradición barrial consolidada, hasta la propia idiosincrasia nacional, que tiende a disimular el prestigio social. Sin embargo, la incipiente expansión que este tipo de urbanizaciones ha tenido en los últimos años nos estaría hablando de que, como viene sucediendo desde hace un tiempo en la mayoría de los países de América Latina, Uruguay estaría frente a un progresivo fenómeno de privatización de la sociedad.
Este tipo de enclaves están restringidos en Montevideo, por lo que, dada la centralidad de la capital, gran parte de ellos se encuentra en departamentos en general aledaños. Si bien no existe a la fecha un registro oficial, estudios recientes1 hablan de unas 60 urbanizaciones de este tipo en el país, localizadas casi en su totalidad al sur del territorio (San José, Colonia, Canelones, Maldonado, Rocha), exceptuando las que están al norte de Paysandú.
LIBERTAD PROTEGIDA. Para la comprensión de este fenómeno, la conexión entre clase y territorio resulta central. El territorio constituye aquí un elemento central en los procesos de diferenciación social, configura cotidianidades y trayectorias de estas clases. Los enclaves constituyen así especies de “islas”2 con parámetros de homogeneización social definidos en su interior, y a la vez profundamente separados de otras zonas.
Diversos estudios coinciden en algunas características de estos enclaves: acceso controlado y vigilado, seguridad permanente, exclusividad, espacios privados de recreación y deportes, y homogeneidad económica del entorno social. Muchas veces incluyen negocios y diversos servicios (educación, salud), ubicados en las propias áreas residenciales. Por lo general se sitúan en sitios con cualidades ambientales y paisajísticas de interés, dentro o en las afueras de la ciudad.
En general este tipo de urbanizaciones agregan a la demanda que buscan satisfacer ofertas de seguridad, contacto con la naturaleza, resguardo de la privacidad, tranquilidad y libertad. La mayoría se ubican en áreas distantes del centro de la ciudad; pero, como dicen los anuncios, lo suficientemente cerca como para llegar en auto.
Para el caso de Uruguay, se destacan algunas tendencias compartidas y singularidades que estos sitios poseen: se trata de universos de elite que transforman la manera como las personas de las clases medias y altas viven, consumen, trabajan y piensan; están demarcados, pero no aislados por muros, enfatizan el valor de lo privado sobre lo público, se promueven por aspectos vinculados a la seguridad, tranquilidad, y contacto con la naturaleza; confieren estatus y prestigio.
La oferta inmobiliaria incluye la venta de solares en cuotas, asociada a ofertas de equipamientos exclusivos. Está dirigida a sectores de ingresos medio-altos y altos, fundamentalmente a la familia de tipo nuclear, y dentro de ella los destinatarios privilegiados son los niños y su crianza en un espacio de libertad protegida. Estos modelos comienzan a concentrar muchas de las funciones y servicios, logrando en estos casos una estructura funcional urbana autónoma que les es propia. Es decir, estas comunidades organizadas, reguladas con sus propias normas, están en condiciones de desarrollar una existencia privada.
Parece importante centrarse, más que en juicios de valor o penalizaciones morales con relación a estas urbanizaciones y su elección, en los efectos que este tipo de segregación promueve. Las consecuencias no pueden deslindarse de los efectos que todo proceso de segregación socioespacial genera. Contribuyen a consolidarlo, a establecer y hacer visibles fronteras materiales y simbólicas que obstaculizan la posibilidad del encuentro, la construcción de ciudadanía con y entre diferentes, a la vez que privatizan el espacio público.
Sin lugar a dudas son la expresión a nivel urbano, territorial, material de las desigualdades sociales y el creciente proceso de privatización que viven nuestras sociedades y ciudades, de una demanda por vivir en entornos seguros y diferenciados. La tendencia a la construcción de una ciudadanía privada, el miedo o criminalización de la otredad, la prescindencia de lo público son algunos de los elementos que parece consolidar este tipo de segregación.
En general los estudios encontrados colocan su preocupación en las posibilidades de integración social existente a partir del desarrollo de estos enclaves y de lo que suponen. Si bien se comparte dicha preocupación, parece relevante interrogarse sobre cuáles son las posibilidades de transitar hacia una sociedad con equidad, cuando este tipo de señales urbanas parecen demostrar un camino inverso.
Los riesgos de seguir consolidando el proceso de segregación territorial ya se visualizan hoy, en una tendencia clara a que el espacio que se habita condicione, en gran medida, las posibilidades y el lugar a ocupar en la sociedad. Desandar este proceso que se ha venido consolidando desde hace ya unas décadas no es una tarea fácil. Sin embargo, no estamos ante un fenómeno irreversible, como tampoco lo es la desigualdad en la que se sustenta. Como toda construcción social, es transformable, y para tales efectos, percibir y comprender las condicionantes que la generan resulta fundamental.
Un fenómeno que se sustenta en la inequidad y expresa la desigualdad precisa postulados y medidas capaces de cuestionar estas bases. Si la opción deseada sigue siendo la no continuidad, y en lo posible la reversión de la segregación instalada, criterios de equidad y justicia social parecen ineludibles.
* Magíster en planificación territorial y gestión ambiental por la Universidad de Barcelona. Docente del Departamento de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, Udelar.
- Pérez Sánchez, M (2016), “Un fenómeno invisibilizado. Barrios privados en Uruguay”, en revista Vivienda Popular, número 28 (Cooperativismo de vivienda: de un medio siglo al siguiente), págs 58-65.
- Falero et al (2013), “Cambios y disputas territoriales: el caso de la región metropolitana”, en Revista Contrapunto. Territorios en disputa, número 3, (1). Universidad de la República, Montevideo, págs 33-45.