La posible instalación de una base militar de avanzada (forward location) de Estados Unidos en Durazno y la participación de Uruguay en una nueva misión de paz de la ONU en Nepal fueron desarticuladas por el Ministerio de Defensa (MDN) en las últimas semanas. Las iniciativas, promovidas desde la cúpula castrense, se inscribirían en la “Doctrina Obama” que promueve el Pentágono para fortalecer los vínculos militares con la región. Además, desde el MDN existiría la intención de controlar con mayor rigor la actuación de las Fuerzas Armadas en el exterior, luego de que las autoridades se desayunaran de los detalles de un ejercicio militar en la costa de la Florida, sede del Comando Sur de Estados Unidos (en lo que pareció una reedición –pero al revés– del entrenamiento que en junio tuvo la Armada uruguaya con los Seals, la unidad de elite de la marina estadounidense que participó en el asesinato de Osama bin Laden en Paquistán y que opera fuera de los límites del derecho internacional).
Este “giro” en la orientación política del MDN generó malestar en la embajada de Estados Unidos –así se lo hizo saber la embajadora al ministro Fernández Huidobro– y resistencia en los militares uruguayos. Además de un “freno” a la “diplomacia militar”, el cambio pareció dejar al descubierto la tensión que existe en la interna ministerial entre la impronta del “dejar hacer, dejar pasar” del ministro, y la del Partido Socialista (PS) que, a través del subsecretario Jorge Menéndez, buscaría potenciar –según confiaron a Brecha fuentes del gobierno– el mando político y civil ante la “vorágine” de iniciativas militares. Esa misma línea política es la que pretende avanzar en la aplicación de la ley marco de defensa o evitar dañar a la Unasur, donde no se ven con buenos ojos los ejercicios militares liderados por Estados Unidos.
SEMBRANDO BASES
Cuando el MDN rechazó el proyecto que podría abrir la puerta a la instalación de una base militar de nuevo cuño en el interior del país, hubo sorpresa por el grado de avance que había tenido la iniciativa. El proyecto, según supo Brecha, habría sido elaborado por el Comando Sur de Estados Unidos en conjunto con las Fuerzas Armadas uruguayas para promover en un predio del cuartel de Durazno la “construcción de un barracón” con financiamiento estadounidense. La justificación era que serviría a la capacitación académica de los militares frente a desastres naturales, en el marco del Sistema Nacional de Emergencia. Pero no pasó desapercibida para el gobierno la elección de Durazno, pues la Fuerza Área dispone allí del aeropuerto internacional de Santa Bernardina, lo que habría implicado un riesgo “indefendible” a nivel internacional en tanto supondría otorgarle “la llave” del país a Estados Unidos para que realizara operaciones con la “excusa” de la capacitación militar ante desastres naturales; la única temática, por otro lado, que no recogió consenso en la declaración final de la Cumbre de Punta del Este (véase nota de Raúl Zibecchi) por las suspicacias que genera en el Sur.
Los militares uruguayos también justificaron la iniciativa en el marco de la reestructura y el traslado de unidades hacia el Interior y por la oportunidad que significaba de conseguir financiamiento exterior, dado el exiguo margen para inversiones. El despliegue que ahora se está reformulando estaba planteado ya desde las guerras civiles entre blancos y colorados a comienzos del siglo XX, por lo cual la modernización de las Fuerzas Armadas implica necesariamente un rediseño espacial, logístico y financiero. En ese marco, el Batallón de Infantería número 13 será trasladado a Durazno y necesitará inversiones para adecuar las instalaciones y construir viviendas para los soldados.
La inversión estadounidense que se previó en Durazno podría interpretarse como un nuevo “enclave” del Comando Sur en momentos en que la “Doctrina Obama” de promoción de bases camufladas es resistida por la Unasur: “Estados Unidos está sembrando un nuevo tipo de bases en el Sur, más pequeñas y disimuladas, pero con la logística necesaria para garantizar en pocas horas un gran despliegue de tropas”, dijo la periodista argentina Telma Luzzani (Brecha, 28-IV-12). Incluso un documento público del Pentágono confirma que ese país buscará formas innovadoras para mantener su presencia mediante ejercicios militares conjuntos o asesoramiento. Así lo confirma también el director del Centro de Estudios Estratégicos de la Unasur, Alfredo Forti*: “Lo prioritario para el Comando Sur de Estados Unidos es el establecimiento de relaciones de cooperación que permitan la instrucción y la diseminación de doctrina, asociada a la provisión de equipamiento. Esos son los dos brazos más eficaces para profundizar la presencia real sin necesidad de establecerse” (Brecha, 20-VII-12).
EL VASO DERRAMADO
El freno a esta propuesta castrense habría sido la gota que derramó un vaso lleno de iniciativas militares que han puesto a prueba el liderazgo político. El mes pasado el gobierno uruguayo mandó una fuerte señal a la diplomacia militar: envió un comunicado a todas las embajadas y agregadurías militares extranjeras para que las invitaciones a cursos, capacitaciones y entrenamientos a los uniformados pasen primero por el MDN. El detonante de este cambio fue la participación uruguaya en el entrenamiento antes citado en la costa de la Florida (un desembarco anfibio). El MDN se habría enterado de los detalles de este entrenamiento cuando “los militares ya estaban en el avión”. La táctica consiste en “saltearse” el control civil al solicitar autorizaciones con fundamentos operacionales que desbordan al elenco político, carente de una estructura potente de asesores civiles. La idea del gobierno fue entonces cortar con las comunicaciones oficiales paralelas y alinear los “entrenamientos” de los militares a los objetivos del Estado, aunque éstos no estén todavía definidos. “Este comunicado cambia el eje del relacionamiento. Más que un freno a la diplomacia militar supone un cambio de rumbo en la orientación política que implica que seamos tratados por los otros países como iguales y que no se presenten proyectos previamente negociados que después resultan difíciles de revisar porque incluyen cursos con nombre y apellido, donaciones, equipamiento o financiación”, señaló a Brecha una alta fuente del gobierno. Este “alto” en la canilla libre de intercambios se inscribe también en una política iniciada por el ex ministro de Defensa Luis Rosadilla, que se propuso renegociar todos los acuerdos bilaterales militares del siglo pasado.
En esa línea se entiende que el secretario de Defensa de Estados Unidos, León Panetta, le presentara al presidente Mujica un proyecto para modificar el Convenio de Asistencia Militar de 1952. Menéndez, en conferencia de prensa, declaró que el gobierno también cree que el actual convenio es “inadecuado” y que estudiaría un nuevo acuerdo entre “países iguales”, pero aclaró que sería en la misma línea que los documentos firmados con otros países de la región. Una alta fuente de la cancillería consultada por Brecha estimó que esto se podría concretar una vez que el Consejo de Defensa de la Unasur avance en una doctrina para la defensa coordinada de la subregión. No obstante, para las Fuerzas Armadas es clave que se concrete un acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos si se pretende continuar aprovechando la transferencia de recursos y la capacitación históricamente realizada.
Esta señal del mando político va en línea además con encarar otro problema: asegurar la “confianza mutua” que promueve la Unasur. El MDN no tuvo oportunidad de avisar a tiempo los detalles del entrenamiento en la Florida al Consejo de Defensa Sudamericano, pese a que hay un acuerdo de intercambio de información sobre ejercicios de cooperación militar que promueve la presencia de veedores. Esta omisión ha sido señalada por diversos analistas de la región y se suma a los cuestionamientos a Uruguay por los ejercicios con los Seals. Lo que parecería confirmar que la cara exterior de la defensa uruguaya estaría logrando lo que la cara interior no puede. O no quiere.
* Forti es también secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa argentino.
Hecha la ley, hecha la trampa
Aunque Uruguay se muestra activo respecto de una estrategia internacional (“una visión Unasur de la defensa”), no sucede lo mismo en el plano nacional. La reestructura de las Fuerzas Armadas no tiene como sustento una definición política de la defensa nacional. De hecho, siguen siendo los militares y no los políticos quienes han elaborado la mayoría de los documentos sobre la modernización de las fuerzas, donde además incluyen lineamientos políticos (defensa de recursos naturales, extranjerización de la tierra, etcétera), ocupando un rol protagónico el Estado Mayor de la Defensa (Esmade), órgano asesor militar cuyo jefe, el general Daniel Castellá, preside además la secretaría permanente del Consejo Nacional de Defensa (Codena), el órgano asesor político, en lo que algunos entienden es un contrasentido. Incluso hay analistas que sostienen que la nueva institucionalidad no refleja necesariamente el fortalecimiento de la conducción política. Según supo Brecha, tampoco los socialistas están conformes con este esquema, aunque no ha prosperado una alternativa de peso. Así es que la lentitud para llevar a la práctica la ley de defensa de 2010, que supone la aprobación –o al menos la discusión pública– de un conjunto de normas específicas (nueva ley orgánica de las Fuerzas Armadas, reforma de la educación militar y del sistema de retiro, entre otras), parecería confirmar un “congelamiento” en la agenda de defensa, a pesar de que en los últimos años existió un amplio consenso que impulsaba a repensar qué tipo de Fuerzas Armadas necesitaría Uruguay. Incluso desde la Comisión de Defensa de Diputados se reconoce la falta de iniciativas, pero se considera que actualmente hay otras prioridades, según explicó a Brecha el diputado y ex ministro Jose Bayardi.
