La noticia comenzó a circular en la mañana del 28 de setiembre, respaldada en información de la policía. El reporte indicaba que un grupo de normalistas tenía retenido al encargado de seguridad pública del municipio de Chilchota, en la sierra Purépecha, en Michoacán, y que el funcionario, además de ser un ex militar, había hecho llegar un audio a un portal web en que pedía ayuda a gritos porque los estudiantes amenazaban con prenderlo fuego. Algunos medios llegaron incluso a afirmar que lo habían prendido fuego. Los estudiantes respondieron que tenían retenido a Alfredo Lucio Ríos Chaves, pero el uniformado estaba bien y en contacto con su familia. Su intención era intercambiarlo por 48 compañeros y una maestra detenidos en la Procuraduría General de Justicia del estado desde el 27 de setiembre, al día siguiente de cumplirse dos años de la masacre de Ayotzinapa. Desde agosto, 90 estudiantes de magisterio de Michoacán vieron la cárcel por manifestarse políticamente.
Ríos Chaves fue liberado en la madrugada del 29 y casi en simultáneo también lo fue un grupo de jóvenes. Como el acuerdo había sido incumplido, los estudiantes tomaron a otros cinco policías municipales y quemaron autobuses. El 30 de setiembre todos los jóvenes fueron liberados.
Menos de diez días antes de que la avanzada contra los estudiantes michoacanos comenzara, un trajeado presidente del Consejo Coordinador Empresarial del estado de Michoacán, Arcadio Méndez Hurtado, salió a la prensa para pedir mano dura. El empresario y lobista reclamaba por todos los medios posibles que el gobierno federal actuara de una vez contra los estudiantes que estaban dañando los intereses de su gremio. Particularmente, dijo, el problema son las escuelas rurales, en las que se prepara a los alumnos en “tácticas de guerrilla”.
“Siempre tomamos autobuses y camiones, pero los devolvemos cuando terminamos de usarlos. Es la forma que tenemos de trasladarnos aunque no tengamos los medios para hacerlo”, dijo una estudiante de la Onoem (Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán), coordinadora autónoma de estudiantes de magisterio. ¿Cuál es su reclamo? “La abrogación de la reforma educativa y la garantía de plazas base para los normalistas que egresan de las escuelas. Por eso presionamos a las empresas, porque sabemos que son ellas las que mueven al gobierno”, explicó la joven.
“Las normales vienen de una tradición radical, porque si no, no les hacen caso. Es la precariedad de recursos lo que los obliga a movilizarse, ya sea por presupuesto o por plazas. La toma de camiones es una de las prácticas más extendidas”, dijo el periodista Luis Hernández Navarro. La reforma educativa, una de las reformas estructurales anunciadas hace tres años por el presidente Enrique Peña Nieto, permite que cualquier persona con título universitario que pase un examen de admisión pueda dar clases, retirando la exclusividad de la formación del personal de la educación a las escuelas normales. “La reforma laboral de la educación, ya que de eso se trata en realidad, es una espada de Damocles que pende sobre los maestros. La reforma pretende cambiar su relación con el Estado, hacerlos perder su seguridad en el empleo, someterlos a vigilancia y a evaluaciones permanentes. Es el mismo conflicto que pretende que los estudiantes que egresan de las normales rindan exámenes para conseguir plazas en donde trabajar. Como si el magisterio no fuera una profesión de Estado, como si fuera borrón y cuenta nueva.”
Los estudiantes saben que su pelea es política. ¿Por qué recurrieron a la retención de policías, a los cortes de rutas y a la quema de automóviles y camiones como acciones principales? “Todo se realizó como medio de presión para la libertad de nuestros compañeros y creemos que fue efectivo. Entendemos que, como siempre, su liberación fue producto de la movilización. Nuestros compañeros son presos políticos. Fueron detenidos mientras planteaban nuestras exigencias como normalistas del Estado, ante las que sólo hemos recibido represión y detenciones como respuesta del gobierno”, señalaron en la Onoem. Los jóvenes aseguraron haber obtenido “el apoyo total de las comunidades indígenas y de distintos sectores de la sociedad, a pesar de las campañas mediáticas”, montadas en su contra.