Uno de los derechos humanos más pasados por alto o ninguneados es el derecho a la sexualidad. No es pavada, parte de la idea de que el desarrollo pleno de la sexualidad es esencial para el bienestar individual, interpersonal y social de un ser humano. Quizá porque tendemos a relacionar solamente los derechos sexuales con la orientación y la identidad de género, es que olvidamos que se trata de uno de los más básicos. Pero entre los afectados por esta realidad hay un grupo de personas especialmente ignorado: como bien señalaba Salvador Neves en su artículo “Nosotros también” (Brecha, 16-IX-16), están quienes sufren de alguna discapacidad o diversidad funcional física o neurológica y no pueden satisfacer sus necesidades por sus propios medios.
El artículo 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de las Naciones Unidas, establece que los estados parte “proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y programas de salud pública dirigidos a la población”. Bajo esta premisa, y con el objetivo de brindar una mejor calidad de vida, desde hace tiempo en algunos países de Europa se comenzó a implementar el servicio de asistencia sexual.
En Dinamarca, Holanda, Suiza, Bélgica y Alemania la asistencia sexual se considera un servicio de salud y está subvencionada desde hace más de dos décadas. Estos servicios, brindados por organizaciones especializadas, ofrecen la prestación de un hombre o una mujer capacitada para ayudar a aumentar la autoestima y experimentar el placer sexual, aportando afecto, empatía, escuchando, recibiendo caricias, intercambiando masajes, ayudando en la exploración del cuerpo o asesorando a parejas con dificultades. En España se busca el cambio pero aún falta el avance en materia de legislación.
América Latina también se está haciendo eco de este tipo de servicios. En la Legislatura argentina se realizaron las jornadas “Trabajo sexual y discapacidad”. Silvina Peirano, orientadora sexual y titular de la organización Sex Asistent (España), dijo en entrevista con el programa de televisión argentino De 1 a 5, del canal C5N, que “hay personas que tuvieron el primer encuentro sexual de su vida con una asistente, y eso sirvió para revertir la idea de que ‘esto no es para mí’”.
Desde Sex Asistent se propuso trabajar en conjunto con la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) para capacitar y educar a asistentes sexuales. Son estas mujeres las únicas que han brindado el servicio y que han demostrado interés en aprender. “Al principio pensábamos que lo que diferencia la asistencia sexual del trabajo sexual es la capacitación, pero estas mujeres lo hacen desde siempre, y cuentan que esta demanda está aumentando: podemos valernos de lo que ellas saben, y aportar nuestra perspectiva sobre la diversidad funcional. También hay personas que se acercan a la asistencia sexual desde otras profesiones, y cada una decidirá cómo encara la actividad”, dijo Peirano. En cuanto a los usuarios del servicio, la especialista considera que “la mayoría de las veces proviene de varones; son menos las mujeres que demandan esta asistencia, y hay menos asistentes varones. Y, por supuesto, hay personas con discapacidad que son gays o lesbianas”.
Isabel Ferreyra, directora de Derechos de Personas con Discapacidad, de la Defensoría del Pueblo porteña, considera que “la asistencia sexual da por tierra con el prejuicio de que quienes tienen discapacidad son seres asexuados. No sé si ejercer la sexualidad mediante asistentes es lo mejor, pero sí que a veces es la única opción. El tema es tabú porque a las personas con discapacidad, especialmente mental, las infantilizan. Y, en el ambiente de las instituciones, el derecho a la sexualidad no suele ser reconocido”.