Mirar para el costado

Una disyuntiva entre dos males –las fugas o la tortura– enmarca el debate sobre malos tratos a menores infractores, mientras decenas de organizaciones sociales reclaman la separación del cargo del presidente del Sirpa y el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, en Ginebra, analiza la situación.

Las señales del poder político en la controversia sobre torturas y malos tratos a menores infractores recluidos en dependencias del inau parecen reforzar una propuesta de “mano dura”. El precandidato a la Presidencia por el Frente Amplio Tabaré Vázquez consideró necesario, en una visita a Rocha, subrayar que las políticas desplegadas desde hace dos años en el inau han eliminado a cero “las fugas y motines (de menores recluidos) que terminaban con heridos”; no hizo referencia a las denuncias sobre torturas y medidas represivas
–sanciones colectivas, suspensión de visitas, suspensión de recreos y uso de grilletes– que explican, en parte, la drástica disminución de las fugas.
Por su parte, el presidente José Mujica estimó oportuno, en ocasión de la inauguración del Centro de Ingreso, Estudio y Derivación, del Sirpa, enviar una carta de apoyo –según Búsqueda– a Ruben Villaverde, director del Sirpa, centro de las críticas de organismos sociales y de derechos humanos, que piden su separación del cargo (véase recuadro).
La manera en que se ha desarrollado esta polémica deja serias dudas sobre una cierta indecisión a la hora de condenar toda práctica de torturas, independientemente de los antecedentes de la víctima. Se condenan los malos tratos a los prisioneros de Guantánamo, pero en la cercanía se mira para el costado cuando menores recluidos son castigados con toallas húmedas, son permanentemente golpeados, son torturados con descargas eléctricas u obligados a permanecer desnudos y mojados, de noche, a la intemperie.
Resulta más intempestivo el respaldo al director del Sirpa cuando la Institución Nacional de Derechos Humanos (inddhh) elevó un informe en el que se confirman algunas de esas prácticas, y cuando están en trámite varias denuncias ante juzgados penales y de menores. No son un antecedente despreciable
–que explica el reclamo de las organizaciones sociales– las declaraciones formuladas por Villaverde a radio El Espectador, en 2011, durante un debate sobre políticas de rehabilitación, a propósito de un tercer homicidio cometido por un menor fugado: “La ruptura de este joven con la sociedad es de tal grado que no merece formar parte de la misma. Lisa y llanamente hay que erradicarlo de la sociedad, y hay dos fórmulas: una es la perpetua y en la otra habría que ir a Irán, China o algún estado de Estados Unidos para ver cuál es la solución”, aludiendo a la pena de muerte.
Villaverde rechazó las denuncias, aduciendo que se refieren a situaciones del pasado, que ahora no ocurren. Pero en realidad el Sirpa fue informado de varias denuncias, entre noviembre de 2013 y marzo de 2014, a raíz de las cuales se iniciaron nueve sumarios. Sólo uno de los funcionarios acusados fue separado de su cargo; los restantes permanecen en servicio, aunque han sido rotados, entre los centros y los hogares de la Colonia Berro.
En un juzgado penal de Montevideo y en el juzgado de Pando están radicadas las denuncias de familiares de algunos de los menores recluidos. Las denuncias debieron sortear el pavor de los propios adolescentes, porque son objeto de represalias, algunas ejecutadas por otros menores que, al aplicar los castigos a sus compañeros, reciben ciertos favores. Las represalias y las amenazas no son ciertamente inventos, como se pretende: “Si seguís denunciando te va a pasar lo mismo que a Fabián Tomé”, habría dicho un funcionario, identificado en el juzgado, al presionar a un menor internado. Fabián Tomé había denunciado malos tratos y tras salir en libertad fue asesinado, sin que hasta el momento se hayan determinado las causas.
El funcionario separado de su cargo (aunque podría reincorporarse en julio si el sumario no llega a ninguna conclusión) fue identificado como “Popeye” y sería el responsable de una filmación durante una golpiza a un menor, conocido como el “Pelón”. “Popeye” integra un grupo conocido como “los brazos gordos”, que suelen entrar de noche a los celdarios para propinar golpizas. Las propias autoridades del Sirpa han recibido denuncias según las cuales Popeye sigue entrando a golpear aun cuando está separado del cargo.
En las denuncias judiciales se especifican las identidades de los funcionarios responsables de los malos tratos. El sindicato de trabajadores del inau ha rechazado también las denuncias, y ha protestado porque en el informe de la inddhh no se hace referencia a las heridas recibidas por funcionarios en disturbios con los internados. Organismos de derechos humanos, por el contrario, han manifestado sus sospechas de que el sindicato está al tanto de las actividades de una especie de organización clandestina de funcionarios que ejercen los malos tratos, y que incluso uno de los funcionarios denunciados integra una lista sindical. El cúmulo de denuncias y las coincidencias sobre prácticas de torturas en diferentes centros avalarían las presunciones sobre una organización clandestina. Sobre estos extremos serían interrogados por los jueces el presidente del inau, Villaverde, y la directora del hogar Ser, Jessica Barrios.
El entramado de denuncias sobre torturas a menores infractores cruza tangencialmente la tensa situación entre el gobierno y el partido de gobierno, por un lado, y la Institución Nacional de Derechos Humanos, por otro. Algunos miembros del gobierno, en especial algunos legisladores oficialistas, no esconden su malestar ante el grado de autonomía –por otra parte establecido en la ley– que viene ejerciendo la inddhh y que no repara en consideraciones de tipo político al actuar en función de las denuncias que recibe.
La delicada relación del oficialismo con la inddhh fue analizada por la bancada de legisladores del Frente Amplio a raíz del informe sobre malos tratos en el Sirpa. Aunque no se adoptó una resolución expresa, la tendencia sería a respaldar la actuación de Villaverde, con lo que, a la luz de los elementos manejados tanto en Uruguay como en Ginebra en la Comisión Contra la Tortura, de las Naciones Unidas, ese respaldo enfrentaría al gobierno con un amplio espectro de organizaciones sociales que reclaman la separación del presidente del Sirpa, y lo colocaría en una situación de debilidad –para decirlo en términos amables– frente a episodios de torturas. Como dijo un reconocido dirigente de una organización de derechos humanos, “es inadmisible que la disyuntiva sea entre las fugas o la tortura”.


El reclamo de 30 organizaciones

Más de 30 organizaciones sociales, de derechos humanos y de protección a la infancia, respaldaron, el miércoles, en una conferencia de prensa, a la Institución Nacional de Derechos Humanos (inddhh), que hace un mes denunció prácticas de torturas contra menores infractores en los centros de reclusión de la Colonia Berro. En un comunicado, firmado además por numerosas personalidades, se reclamó nuevamente la separación de Ruben Villaverde como presidente del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa).
El debate instalado a partir de las denuncias sobre prácticas de torturas contra menores se trasladó esta semana a Ginebra, Suiza, donde miembros del Comité de las Naciones Unidas Contra la Tortura, formularon 87 preguntas a los delegados del gobierno, a partir del informe elaborado por la inddhh.
La delegación uruguaya, encabezada por el director de Asuntos Políticos de la cancillería, Ricardo González, el director nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Cultura, Javier Miranda, la abogada asesora del Sirpa Mónica Rodríguez, y el comisionado penitenciario Álvaro Garcé, rechazó algunos extremos de las denuncias sobre maltratos y violación de los derechos de los menores recluidos, incluidas en el informe de la inddhh, pese a lo cual integrantes del comité reiteraron que “existen indicios” de esas prácticas y que la permanencia en sus cargos de funcionarios denunciados “hace probable que los malos tratos persistan”. Se estima que hoy, viernes, una vez agotadas las instancias, el Comité Contra la Tortura dé a conocer una resolución sobre la situación de malos tratos a menores internados.

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