Monsanto quiere, o quería, construir en Córdoba (Argentina) una de las plantas de producción de semillas transgénicas más grandes del mundo. Lo había anunciado Cristina Fernández de Kirchner en junio de 2012. A unos quilómetros, en Ituzaingó, anexo de la capital cordobesa, desde 2002 las madres del barrio investigaban y relevaban como podían los casos de cáncer y de malformaciones, que habían aumentado de forma alarmante desde que el área estaba cercada por la soja transgénica y las avionetas fumigadoras sobrevolaban las casas. Quizás eso contribuya en la sentencia a muerte de la planta. La llegada del proyecto partió al pueblo. La típica: de un lado, que los puestos de trabajo, que la inversión y el desarrollo; del otro, que nos están envenenando, que desarrollo para quién, y que no pasarán. La resistencia ha sido y es fuerte. Desde hace tres años vecinos autoconvocados y la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida sostienen un bloqueo en el predio de 30 hectáreas donde la empresa había comenzado a construir. Hace dos años, luego de agresiones de patotas, infiltraciones y represiones oficiales varias, un recurso de amparo resultó favorable a los vecinos. Reclamaban que Monsanto entregara un estudio de impacto ambiental e hiciera una audiencia pública, cosa que no había hecho hasta ese momento. “Esto respondía a una práctica ya instalada en el gobierno, aquello de que venía la empresa, con promesa de inversión, puestos de trabajo, empezaban a construir y los papeles los arreglamos después, no hay problema”, dice a Brecha Darío Ávila, el abogado que presentó el recurso de amparo y acompaña el acampe y la lucha contra las fumigaciones. “El problema es que nadie pudo medir la reacción que podía generar.”
La construcción de la planta está paralizada judicialmente desde el 8 de enero de 2014. Pero un poco antes, en 2013, los asambleístas habían puesto una bomba clave que sólo vino a explotar ahora: denunciaron penalmente a los funcionarios de la municipalidad que participaron de las distintas autorizaciones a Monsanto por abuso de autoridad, ya que al instalar la planta en el terreno donde hoy se encuentra se estaba violando la ley provincial de uso del suelo. “Recientemente 15 funcionarios fueron imputados por el fiscal anticorrupción, entre ellos el ex intendente de Malvinas Daniel Arzani. El fiscal estaba reconociendo lo que nosotros decíamos: que esa planta no se puede construir en ese lugar”, dice Ávila, y sentencia: “Este fallo cambia radicalmente la discusión. Ahora no hay ninguna posibilidad de que la empresa presente un nuevo estudio de impacto ambiental, ni oportunidad de que se convoque a audiencia pública. Con esto se cierra el conflicto, se sella definitivamente la suerte de Monsanto”.
Sin embargo la empresa semillera encuentra argumentos para irse en silencio y sin reconocer la derrota. El periodista Patricio Eleisegui, autor de Envenenados, libro que relata casos de afectación por agrotóxicos, fue quien dio la noticia. Obtuvo la confirmación a través de una fuente que, según dijo, es el número dos de Monsanto para Argentina y la región. En la nota publicada en el blog de Eleisegui, el ejecutivo explica que el motivo de la salida de la empresa es una cuestión de negocios: la reducción de las hectáreas sembradas con maíz. “La pauta de procesamiento de la planta estaba en el orden de los 3,5 millones de hectáreas de maíz, y en los últimos años apenas si se pasó los 2,5 millones”, y agregó: “Una inversión así no tiene sentido (…). Con las instalaciones que hoy Monsanto posee en Rojas, en la provincia de Buenos Aires, la compañía puede operar con tranquilidad. Es más: como están las cosas, probablemente alcance sólo con esa planta de maíz por los próximos cinco años”. Oficialmente la empresa no desmintió que se va, ni salió a decir que se queda. Desde Monsanto Argentina dijeron a Brecha que “por el momento la empresa no va a hacer comentarios sobre la planta en Malvinas Argentinas”. Lo más probable, afirmó a su vez el periodista, es que “Monsanto jamás emita una comunicación formal respecto de la venta de su predio en Malvinas Argentinas. ¿Por qué lo haría? ¿Para darle letra al reclamo ambientalista? Si lo concreta no hará más que reconocer que la estrategia del bloqueo fue efectiva”. Y agregó: “La venta será a escondidas”. La intendenta de Malvinas Argentinas, Silvina González, dijo a Brecha que no ha tenido contacto con la trasnacional. “La instalación de Monsanto aquí generó un quiebre social bastante fuerte, y mi postura es: antes de los puestos de trabajo prefiero la paz social”, señaló. Lucas Vaca, que forma parte del acampe desde el primer momento, declaró por su lado que el 1 de agosto llegaron al lugar funcionarios de una empresa de construcción diciendo que los había contratado Monsanto para desmontar las estructuras. “La lucha está recontra ganada, socialmente Monsanto está expulsada, pero necesitamos confirmación oficial y que retiren todo, porque quien se va sin que lo echen vuelve sin que lo llamen.”