Turati piensa que el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala significa un “punto de quiebre”, porque ha dejado en evidencia como nunca antes “el rostro más descarnado de la narcopolítica”. Pero lo más importante, dice, es que se le hizo una grieta a la impunidad y ahora el gobierno tendrá que enfrentar, bajo la lupa internacional, las denuncias de otras desapariciones “la efervescencia de otros papás, que ahora rompieron el silencio y salen a denunciar que a sus hijos nunca nadie los buscó”.
—El caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala ha despertado la indignación en un México acostumbrado a la violencia extrema. Hubo manifestaciones en 29 ciudades, marchas de decenas de miles de personas, protestas internacionales… ¿Qué tiene este caso de diferente al resto de las matanzas y desapariciones que se han denunciado en estos años?
—Llevamos desde el año 2006 viendo cómo se deteriora el país y cómo se vuelve más violento. Ya era violento en algunas zonas, pero se generaliza la violencia a partir de la declaratoria de “guerra contra las drogas” del ex presidente Felipe Calderón, que ha tenido un costo humano muy alto. Se calculan 100 mil personas asesinadas y más de 27 mil desaparecidas. Ya habíamos visto hechos que nos habían impactado. En 2010 la masacre de unos estudiantes en Ciudad Juárez a manos de unos sicarios que los confundieron, luego la de los 72 migrantes de Tamaulipas; en 2011 en la misma zona se encontraron fosas con casi 200 cadáveres. El hallazgo de fosas comunes ha sido constante y es algo que incluso perdió notoriedad en la prensa, porque se normalizó. Pero en este caso sentimos que ha habido un punto de quiebre. Por muchas razones. El gobierno siempre dice: “Son narcotraficantes, se matan entre ellos”. Pero estos son estudiantes, son 43, es muy alto el número de víctimas. Hubo además otros tres asesinados. Iguala es de los lugares más pobres del país. Estudiaban en escuela normal rural de Guerrero. Estas escuelas defienden la educación pública contra las privatizaciones, son de ascendencia más socialista y sus alumnos son siempre los que están en las manifestaciones oponiéndose a las políticas privatizadoras. Fue a la vista de todos: los policías municipales los detienen, los torturan y se los entregan a los narcotraficantes. Había periodistas presentes. Fueron cuatro horas de balacera donde murieron seis personas, tres de ellos estudiantes. Al otro día apareció otro estudiante del grupo desollado y tirado en la calle. Estamos viendo el rostro más descarnado de la narcopolítica, vemos por primera vez en directo lo que ya sabíamos: hay muchas autoridades que trabajan al lado del narcotráfico o para el narco, o son lo mismo. Ya no se puede diferenciar quién trabaja para quién y quién infiltró a quién. En este caso la orden la dio un presidente municipal, del partido de izquierda. Y lo vimos casi en vivo.
Agrava lo que veníamos viviendo en el país, una fuerte crisis de los derechos humanos, sobre todo con las desapariciones de personas. Se ha intentado mostrar al mundo un México moderno y ocultar bajo el tapete a las víctimas. Con este caso, que es una desaparición forzada (porque actuaron funcionarios públicos y es masiva), se destapó el tema de las desapariciones. Ya lo sabíamos, pero ahora lo vimos casi en vivo.
—En esa lógica de la narcopolítica ¿qué interés puede tener el narco en asesinar o hacer desaparecer estudiantes que se manifiestan en una protesta? El trasfondo parece netamente político, ¿cómo se articulan?
—Muchas veces los narcotraficantes se alquilan, están al servicio del gobierno, de civiles o de empresas. Se alquilan para lo que se los necesite. Muchas veces están en la nómina de la policía, o por lo menos pueden usar sus uniformes y tienen permitido todo.
—¿Se podría decir que es el brazo criminal de la política?
—Sí, por un lado, y por otro intervienen de distinta manera en las campañas políticas. Llega un grupo de narcotraficantes y pone su candidato, porque los partidos están tan corrompidos que ofrecen las candidaturas a quien pueda pagarles la campaña. Otras veces pagan la campaña y piden a cambio el manejo de las policías municipales. O nomás llegan a algún municipio y les dicen que los van a dejar trabajar si les dejan controlar a la policía. En este caso quedaron claras muchas cosas. El presidente municipal tenía vínculos con esta pareja vinculada al narcotráfico, la señora tiene tres hermanos narcotraficantes. Dos de ellos fueron asesinados y uno de ellos era el jefe del cártel de Guerreros Unidos. Ella tenía contactos estrechísimos con ese cártel.
—Y esa práctica sucede también en otros estados…
—En algunas partes a los policías no les dicen policías, les dicen “polizetas”: porque están al servicio del cártel de Los Zetas. Estamos tratando de entender quién corrompe a quién. Ya no nos cabe que los pobres políticos sean víctimas de estos grupos. Más bien está pareciendo que los políticos son los que mandan y protegen. Vemos indicios cada vez más frecuentes de eso.
—¿Qué papel jugó el gobernador (renunciante) de Guerrero, Aguirre Rivero, del Prd, un partido de izquierda llamado a ser la alternativa al Pri?
—Era amigo y cómplice de esta pareja. Los dejó escapar y tenían negocios entre ellos.
—Los padres de las víctimas no creen en las versiones oficiales, de hecho este miércoles el grupo argentino de forenses que estudiaba los restos hallados en una fosa común descartó que fueran de los estudiantes desaparecidos. Muchos manifestantes aseguran que “fue el Estado” el responsable.
—El gobierno mexicano exhibe su incapacidad de responder. Se están sumando día a día exigencias de organismos internaciones pidiéndole que resuelva este conflicto. Las marchas en las calles no ceden, en todo México. Hay mucho enojo también por cómo se ha manejado este caso. No es nomás que no hicieron nada. Es el manejo político que se le ha dado, hubo declaraciones muy irresponsables, se ven algunas perversiones. Un día declaran que hay una fosa y que podrían ser, un día dicen que la fosa no tenía cuerpos y luego que sí, un día avisan a los medios que los quemaron… y los papás están pasando por emociones muy fuertes.
—¿Y qué está pasando hoy en Guerrero? ¿Estás ahí en este momento?
—Sí, estoy aquí en Guerrero. Hay unos 20 municipios ocupados por pobladores, apoyados por maestros y policías comunitarios. No hay ayuntamientos funcionando hasta que no aparezcan los jóvenes. Hay tomas de rutas, quemas de oficinas del gobierno y de sedes de partidos políticos. Recién venimos de una toma de casetas (peajes), que dejan pasar a los automovilistas gratis, la Autopista del Sol –la que conecta México con Acapulco– está cortada, hay manifestaciones en el aeropuerto internacional… Está muy movido…, y esto seguirá subiendo de tono. Los enfrentamientos son cada vez más constantes y violentos.
—Quedó en evidencia que existe una fuerte crisis institucional, ¿hasta dónde está en juego el cargo del presidente Peña Nieto?
—Creo que estamos lejos de eso, aunque todo puede pasar. Son 45 días y las manifestaciones no bajan. Todos esperamos que se detenga esta violencia. Se está manifestando gente de todas las clases, gente que no es la que sale siempre a manifestar, ha salido gente distinta que se siente muy indignada o que está descubriendo la violencia, que ya es inocultable. Ya lo sabíamos, pero ahora fue evidente. Llevamos años diciendo: “esto pasa, esto pasa”. Era muy efectiva la campaña de simulación del gobierno, de decir que aquí no pasaba nada. Pero ahora se destapó. Human Rights Watch declaró que México había tenido un retroceso de 30 años, que desde hace 30 años no se tenía una noticia como esta en Latinoamérica. El Pri es experto en simulación, vendiendo una imagen de que en México ya no había violencia, que estaba todo bajo control, que se trataba de casos aislados. Ahora eso cayó.
—Hace 30 años en Latinoamérica se daban este tipo de episodios, pero eran prácticas de las dictaduras, que pasaban por arriba de todas las garantías institucionales, pero el mexicano es un gobierno formalmente democrático.
—Eso es lo que decimos, esto no es una dictadura, pero esto pasa en la democracia mexicana, en el país moderno, y se trató de ocultar. Y un hecho importante que está sucediendo ahora es que luego de la desaparición de los estudiantes, muchos papás, que también tienen hijos desaparecidos, han salido por primera vez a las calles. Ayer mismo, gente que no se había atrevido a decir que era víctima de desaparición, rompió el silencio. Hubo una reunión de 70 familiares que llegaron a una iglesia a denunciar que ellos también son víctimas. En todo el país está la efervescencia de los familiares que salen a denunciar y dicen que a sus hijos nunca nadie los buscó. Y a pesar de que el gobierno ahora dice que tiene toda la fuerza del Estado buscando a los normalistas, es ridículo. Porque si esta es toda la fuerza del Estado ¿entonces qué Estado tenemos? Con toda la presión que hay ahora y con la lupa internacional encima, igual no han podido dar resultados. Es que nunca les importó el tema de las desapariciones de personas, llevamos años denunciándolas, cada vez más masivas y más frecuentes. Eran horrorosas las investigaciones, descubrir cómo las queman, cómo las torturan, cómo las echan en ácido… y cómo políticos, policías y militares están metidos en eso. Ahora se abrió esa grieta y quedó todo en evidencia.
Guerra sucia en Guerrero
“Guerrero es el Estado más afectado por las desapariciones de la guerra sucia de los setenta. Aquí es una zona guerrillera, aquí surgieron varias guerrillas (algunas todavía activas), es una zona movida popularmente, es la zona más pobre del país, con mucha movida social y manifestaciones. En los setenta nunca se investigaron las desapariciones, siempre hubo impunidad. Entonces cada vez que escarban buscando a estos estudiantes, hallan restos de otros años. Hay quien dice que ya no se quiere seguir buscando porque quién sabe todo lo que va a salir. Es un territorio muy golpeado desde los setenta por las desapariciones. No es casual que sea aquí, en esta zona tan dolida, que hayan desaparecido a los 43 estudiantes.”
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Ficha
En sus crónicas y en su libro Fuego cruzado, Turati ha narrado la historia de las víctimas del narcotráfico en México. Buscando dar voz a aquellos que no tienen poder y acceso a los medios, ha sido colaboradora de periódicos y revistas de Perú, Chile, Colombia, Argentina, Uruguay, Ecuador y Estados Unidos. Ha sido premiada por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y por la Fundación Nieman, de la Universidad de Harvard; este año recibió el Reconocimiento a la Excelencia Periodística que otorga la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo (Fnpi).
En 2007, junto a otros periodistas mexicanos, Turati creó la organización Periodistas de a Pie, grupo que se encarga de capacitar a profesionales mexicanos de la información en técnicas de seguridad digital y física, así como de darles herramientas de periodismo investigativo para cubrir temas de violencia.
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