En su escrito de 280 páginas el juez federal Daniel Rafecas, encargado de la instrucción del caso, advierte que Enciso tuvo participación directa en el delito de privación ilegal de la libertad, junto al resto de la banda del paramilitar y el jefe de la Alianza Anticomunista Argentina Aníbal Gordon que operaba en Orletti, aunque no descarta que incluso haya participado en los operativos callejeros de secuestro de las víctimas.
Enciso había sido requerido por el juez Rafecas en 2011 a partir de un viaje que el magistrado hizo a Montevideo para tomar declaraciones a sobrevivientes de Orletti, quienes reconocieron a Enciso por medio de fotografías y testimonios coincidentes sobre su presencia en Orletti.
El ex agente había huido a Brasil y allí fue detectado por Interpol a instancias del pedido de captura de Rafecas. En Rio de Janeiro se hacía pasar por un ex perseguido político exiliado por su pertenencia a un partido de izquierda. Presuntamente, se ganaba la vida como fotógrafo de deportes acuáticos. Detenido en 2012, fue procesado un año más tarde y por decisión del Supremo Tribunal brasileño, que no reconoce la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, fue extraditado a Buenos Aires hace un año. Permanece detenido en la cárcel de Marcos Paz.
El juicio oral por el Plan Cóndor ya lleva 18 meses desarrollándose en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro, y en ese tiempo se fueron sumando nuevos imputados, que como Enciso actuaron en Orletti, como forma de completar el rompecabezas represivo. El ex agente de la Side Miguel Ángel Furci y los agentes de la Policía Federal Rolando Nerone, Oscar Gutiérrez y José Ferrer, todos vinculados al Departamento de Asuntos Extranjeros y específicamente al secuestro de la familia uruguaya de Roger Julien, Victoria Grissonas y sus hijos Anatole Boris y Victoria Eva, el 26 de setiembre de 1976, ya ingresaron al juicio Cóndor y sus causas son tratadas en el planteo oral. Precisamente por eso, pese a que en un principio tanto la fiscalía como las querellas consideraban que el juicio iba a extenderse por dos años, para culminar este próximo diciembre, las nuevas denuncias sobre delitos vinculados al Plan Cóndor, los testigos aportados por ambas partes y las defensas hacen pensar que podría haber sentencia quizá en marzo próximo.
Por otra parte, hace dos semanas la justicia italiana se convirtió en la primera en Europa en procesar a represores latinoamericanos por casos vinculados con el Plan Cóndor. Veinte militares y civiles uruguayos, chilenos, bolivianos y peruanos fueron procesados por el juez Alessandro Arturri por la desaparición de 23 militantes de izquierda de nacionalidad italiana nacidos en Uruguay, Argentina y Chile. Las audiencias duraron un año, y la novedad para el caso uruguayo fue que se presentaron como parte civil, es decir como querellantes, además de los familiares de las víctimas, el Estado y el Frente Amplio. El juicio comenzará el 12 de febrero en Roma. En el grupo de acusados uruguayos están el ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco, el general Iván Paulós, ex jefe del Servicio de Informaciones de la Defensa, y el coronel Pedro Antonio Mato Narbondo, que huyó hacia Brasil después de que fuera citado a declarar en Montevideo por el caso de la muerte por torturas, en 1972, del militante demócrata-cristiano Luis Batalla. Serán juzgados por el secuestro y desaparición de Raúl Gambaro, Andrés Belizzi, Daniel Banfi, Yolanda Casco, Julio César d’Elía, Raúl Borelli y Héctor Giordano. Otros imputados uruguayos (José Nino Gavazzo, José Ricardo Arab, Ricardo Medina, Gilberto Vázquez, Luis Alfredo Maurente, José Felipe Sande, Ernesto Soca y Jorge Silveira) fueron separados del expediente. Todos ellos están presos en Uruguay, pero la ley italiana permite enjuiciarlos por los mismos casos por los que ya fueron juzgados en otro país. Es una decisión política que debe ser tomada por el ministro de Justicia, y eso sucederá antes del 19 de diciembre. Si la respuesta fuera afirmativa, se sumarán a quienes deberán declarar en febrero. Los 12 militares hoy detenidos en la cárcel de Domingo Arena están acusados de la desaparición de Gerardo Gatti, Juan Pablo Recagno, Bernardo Arnone y María Emilia Islas.