“Esperamos que cuando la paz regrese a Siria y el Estado Islámico sea vencido en Irak ustedes también regresen a su patria con el conocimiento que obtuvieron de nosotros.” Comparó la situación actual con la de la década de 1990, cuando 70 por ciento de los refugiados de la ex Yugoslavia retornaron a su tierra al fin de la guerra. El “conocimiento” es el impartido en cursos y otros esfuerzos de integración, que deben, según Merkel, dejar bien claro que el derecho de residencia en Alemania es provisorio.
Las declaraciones responden a una creciente presión política sobre la mandataria. Su partido, la Cdu, se opuso desde el principio a recibir a los refugiados. Pidió que se crearan “zonas seguras” para la inspección de los solicitantes de asilo y se limitase el número a admitir cada año. Su partido hermano del estado de Baviera, la Unión Social Cristiana (Csu), rechazó desde el comienzo la asistencia a los desplazados. En sus últimas declaraciones, el líder de la Csu acusó al gobierno de haber destruido con la apertura de fronteras un sistema basado en el orden y los derechos individuales para transformarse en el “reino de la injusticia” – una expresión usada hasta ahora sólo para caracterizar dictaduras.
Hasta hace unos meses, Merkel contaba con el apoyo del otro partido de la “gran coalición”, el Partido Socialdemócrata (Spd), la oposición de izquierda y una buena parte del pueblo alemán. Ese apoyo empezó a erosionarse en cuanto la calidad de los servicios públicos bajó radicalmente y se crearon nuevos controles. Ya en 2015 la Spd propuso armar una burocracia especializada para los refugiados porque las colas y demoras en las oficinas y hospitales públicos estaban creando un clima de “nosotros contra ellos”. En noviembre el gobierno impuso una obligación de registro domiciliario a todos los residentes en Alemania por más de dos meses, cualquiera sea su nacionalidad. A los alemanes esta medida les trajo amargos recuerdos e hizo temer que aumentase la represión y la vigilancia en toda la sociedad.
Los miedos y el debate sobre la apertura de fronteras llegaron al clímax en los primeros días de 2016, cuando los medios reportaron agresiones masivas y violaciones a mujeres en la fiesta de fin de año por parte de hombres descritos como “norafricanos”, varios en posesión de documentos que acreditaban su calidad de refugiados. Esos hechos dejaron a la vista la incapacidad de la policía y el sistema judicial, que no pudo condenar ni a uno de los supuestos mil participantes en los ataques.
Los medios también quedaron en falta. La emisora pública de televisión Zdf pidió disculpas por no cubrir el tema en su noticiero. Los diarios más importantes demoraron entre tres y cinco días en publicar la noticia, y dieron información incompleta. Primero dijeron que hubo rapiñas y manoseos en la ciudad de Colonia. Después reportaron una “supuesta violación” en Colonia y “hechos similares” en Düsseldorf, Fráncfort, Hamburgo, Núremberg, Stuttgart y, fuera de Alemania, en Salzburgo y Helsinki. Luego la primera violación se constató, y más tarde una segunda. A fines de enero el público empezó a desconfiar de la relación entre el gobierno y la prensa, a temer la autocensura y la falta de libertad de expresión en Alemania.
La Cdu y la Csu insistieron en que la “pesadilla de Colonia” era el resultado de un choque cultural previsible y de una nueva forma de crimen organizado. Los políticos socialdemócratas irritaron la sensibilidad de sus votantes cuando el ministro del Interior del Renania del Norte-Westfalia, estado donde se encuentran Colonia y Düsseldorf, dijo que las mujeres tenían que mantenerse a distancia de los extraños. La alcaldesa de Colonia, independiente y apoyada por una coalición de partidos variopintos, decidió también darles consejos a las mujeres sobre cómo vestirse y hasta cuánto tomar para poder estar alertas durante la celebración de Carnaval. El trabajador social Peter Schmitz decidió instruir a los recién llegados, en vez de a las mujeres. En los salones de la Ong Caritas, de Colonia, ofreció cursos para refugiados con reglas como “coquetear sí, toquetear no”…
Los grupos más favorables a recibir refugiados quisieron eliminar la palabra “norafricano” del discurso políticamente correcto y pidieron que la policía se concentrara en apresar a unos 450 neonazis para los que tiene orden de arresto. Los opositores a la política de puertas abiertas propusieron aumentar la vigilancia y disminuir las garantías de los refugiados, al extremo de eliminar el derecho de reunificación familiar también para los niños no acompañados. Luego de muchas discusiones, la coalición acordó permitir el derecho de reunificación familiar sólo en situaciones excepcionales a evaluar caso a caso.
Según un estudio de la emisora pública Ard, 94 por ciento de los alemanes –y 76 por ciento de los simpatizantes del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (Afd)– siguen pensando que su país debe aceptar refugiados que huyen de guerras. Otros desplazados, como los que escapan de la pobreza, no cuentan con el mismo apoyo. El mismo estudio muestra que 78 por ciento concuerda con la decisión de declarar a Argelia, Túnez y Marruecos como “países seguros” (de los que no se aceptan refugiados), y que 77 por ciento favorecen la creación de controles fronterizos en los que se impida la entrada de quienes no cumplan los requisitos de la Convención de Ginebra. Merkel dijo que se toma los deseos y preocupaciones del pueblo alemán en serio y decidió correr la frontera, donando dinero para Siria y presionando a Turquía para que acepte masas de refugiados.