El proyecto surgió en un momento en que el acoso callejero, especialmente en los subtes, se viene agravando: Buenos Aires vendría a ser la sexta ciudad en el mundo con más abusos sexuales a mujeres en los transportes públicos, según una encuesta de la Fundación Thomson Reuters. Esto la ubicaría además en el cuarto lugar dentro de América Latina, después de Bogotá, Ciudad de México y Lima. Es así que, con la idea de luchar contra el abuso en los subtes de Buenos Aires, las autoridades están estudiando la posibilidad de implementar vagones reservados sólo para mujeres, de modo de evitar cualquier clase de acercamientos indebidos por parte de los hombres.
El proyecto de ley de la senadora porteña Graciela Ocaña (Confianza Pública) supone poner en circulación vagones específicos para mujeres en las horas pico, de lunes a viernes de 7 a 10 horas y de 17 a 19, con guardias controlando que se respete la diferenciación, siguiendo el modelo de otros países donde han sido impuestos, como Japón, Brasil, México y Egipto.
La medida de los “vagones rosa” –como se identifican en la mayoría de los casos, sin mucho disimulo– suele aplicarse cuando en una ciudad desbordan las denuncias de acoso machista u ocurren hechos que desatan la indignación colectiva, como violaciones en los mismos vagones, o tocamientos y eyaculaciones sobre las viajantes. En El Cairo, luego de años de lucha contra el acoso sexual callejero y las violaciones en la vía pública, los vagones femeninos son defendidos por miles de mujeres prácticamente como una conquista, como un espacio de privacidad ganado.
Pero la idea de desplazar a las mujeres a vagones sólo para ellas ha llevado a que muchos pongan en estos días el grito en el cielo, encendiendo el debate. Consultada por Página 12, Diana Maffía, coordinadora del Observatorio de Género en la Justicia, de Buenos Aires, dijo: “Si una mujer no viaja en el vagón exclusivo, ¿significaría que está dispuesta a ser toqueteada y acosada? Parece reforzar el principio machista de que si las mujeres no quieren que las violen, son ellas las que deben dar signos de no estar dispuestas”; en definitiva, que “no me parece una solución. Hay que educar a los varones para que no dispongan como propiedad del cuerpo de las mujeres, y hay que asegurarles a las mujeres una vida libre de violencia en todas partes, tomándose en serio sus denuncias”.
Así, muchos lo ven como un auténtico retroceso, como una forma de segregación que supone asumir e incluso legitimar el acoso machista: “La propuesta de fomentar la segregación femenina con el falso fin de desligarnos del acoso subterráneo es altamente instructiva”, ironiza Vanina Basi, dirigente del Plenario de Mujeres del Partido Obrero en su cuenta de Facebook. “De paso, Ocaña se reserva el derecho a enmudecer frente a uno de los factores que más impulsan el contacto físico dentro del subte: la ausencia de vagones suficientes para trasladar a millones de personas, lo que provoca el hacinamiento diario. Propone el aislamiento y el fomento del miedo. Busca exculpar al Estado y de paso alimentar el mejor recurso para mantener a raya a una sociedad: temor, desconfianza, miedo al prójimo”, señala.
Pero también están quienes ven la medida con buenos ojos. Si bien no la señalan como una solución al acoso callejero en general, consideran que puede ser algo muy útil, un alivio para una infinidad de mujeres que tienen que vivir su viaje en el transporte público como una lucha perpetua. En definitiva, la misma Ocaña considera que “se trata de una medida que no resuelve por sí sola la situación de fondo”, pero advierte que “resulta necesaria en lo inmediato, para frenar la cantidad de casos que existen hoy en día”.
Patricia Suárez, en una nota de Clarín, se opone a las críticas, preguntándose si la iniciativa de Ocaña, “¿no debería generar adhesión en lugar de rechazo? (…) ¿cuál es la medida paliativa para el día a día? ¿Soportar hasta que la buena educación florezca? Educar también es recordarles los límites, lo que está bien y lo que está mal, a quienes creen que todo puede ser transgredido.”
El tema está en el tapete, y si bien es probable que la propuesta no sea aprobada, la iniciativa es una señal más de la gravedad de la situación y de la necesidad imperiosa de tomar medidas. En este sentido, las alternativas podrían ser dos, y no necesariamente contradictorias: poner el foco en la educación, o en la penalización. Para educar se necesitaría un Estado activo, abocado a campañas educativas masivas, especialmente en esos espacios donde ocurre el acoso. Esto supondría, entre otras medidas para generar conciencia, repartir volantes informativos en los subtes, pegar afiches dentro de los vagones y difundir audios por los altavoces. Para enfocarse en la penalización, por otra parte, sería necesario facilitar vías de denuncia, con protocolos claros que protejan a las víctimas, así como endurecer las multas y los castigos. Una opción para esto último –que se viene aplicando en Bogotá– es crear un escuadrón especial de policía cuyos integrantes, en su mayoría mujeres, viajen de civil infiltrados entre los pasajeros, a la caza de los acosadores.