“Yo estoy tranquilo porque yo no disparé, loco. El tema es que no sé cómo salvarle el culo a éste. No hay manera.” Las palabras pertenecen a uno de los dos agentes (de iniciales RDRS y MASG) imputados por encubrimiento de pruebas en el crimen de Ruben Martínez Mieres, asesinado por la Policía en la madrugada del 12 de julio de 2015, cerca de la vía de la Estación Peñarol; y fueron dichas en el momento en que los agentes involucrados buscaban manipular el parte donde consta la versión policial de lo ocurrido. Así surge de las pruebas aportadas por Asuntos Internos y está consignado en el expediente judicial. El encubridor se refiere a la situación de Pedro Enrique Poggi Pintos, su colega, tercero en cuestión en el hecho y acusado de homicidio por el fiscal Carlos Reyes, quien pidió el procesamiento de los mencionados en diciembre de 2015. Tres meses después sigue sin haber procesados. Según supo Brecha, Poggi se encuentra prófugo y con pedido de captura nacional e internacional.
La mayoría de las fuentes consultadas no saben precisar el momento exacto en que el agente desapareció, sin más, de la vista de la justicia y de la Policía. Aunque estiman que fue entre finales de diciembre y principios de enero, luego del cargo dictado en su contra. El jefe de Policía de Montevideo, Mario Layera, confirmó a este semanario que Poggi fugó, y agregó que está “requerido” por dos delitos graves: “uno por el hecho de la muerte, y otro por el hurto de su arma y el abandono del cargo”. Según manifestó, la Policía fechó la primera requisitoria el 11 de febrero, en la que figura que el agente abandonó sus funciones y robó el arma; y la segunda el 28 de febrero, en la que se informa que eludió responsabilidades en la muerte del joven y se lo declara prófugo de la justicia. No se explica por qué se consigna primero el abandono del cargo, y pasan cerca de veinte días para que recién se advierta que pesa sobre el requerido un pedido de procesamiento por homicidio.
Por lo demás, y al margen de las declaraciones de Layera, fuentes de Asuntos Internos confirmaron a Brecha que, efectivamente, antes de huir el agente permanecía en su cargo cumpliendo funciones, cuando, ya con el grueso de las pruebas recabadas, era sabido que estaba involucrado de lleno en un crimen perpetrado contra un civil. Tras la muerte de Ruben, el oficial señalado como su probable asesino tuvo siete meses de yapa en las calles.
AYER. El 30 de julio de 2015 Brecha presentó en tapa una investigación de la periodista Eliana Gilet que denunciaba gruesas irregularidades en los traslados del cuerpo de Ruben Martínez Mieres (fue ingresado en la morgue con otro nombre), discordancias en los registros respecto del lugar donde fue certificada su muerte, notables inexactitudes consignadas en el parte policial, y ausencia de pruebas que involucren al asesinado con el delito que desató el operativo: el robo de algunas cosas del carro de panchos del barrio. Ruben apareció muerto en una cuneta de la calle Hudson, con una bala policial que le entró por la espalda y le alcanzó el corazón mientras corría, inmovilizándolo en el instante y quitándole toda posibilidad de dar explicaciones.
Fraguado el parte, la inconsistencia del libreto policial cayó por su propio peso y la fiscalía pidió un careo entre los agentes involucrados. En esa instancia los funcionarios negaron haber manipulado el parte. Pero los resultados de la investigación de Asuntos Internos fueron clave para esclarecer ese punto. “Las actuaciones provenientes de Asuntos Internos con referencias a audios entre los funcionarios policiales (…) establecen conversaciones o intercambio de ideas tendientes a la manipulación de los hechos en el parte policial”, afirma el fiscal Reyes en su informe. Las conclusiones aportadas por Reyes sostienen que Poggi fue el más interesado en alterar las pruebas. Hasta quiso, en su desesperación, “plantar un arma yuta” en la escena, y bregó insistentemente por manipular el informe policial con el objetivo de opacar su responsabilidad en el hecho.
Los informes criminalísticos y de balística exponen literalmente que la única vaina “ubicada en la escena del hecho (…) fue percutida por el arma dubitada Nro. 3, pistola marca Glock, número de fábrica WBS 996, de entrega policial al agente Pedro Enrique Poggi Pintos”. Sin embargo, las pruebas respecto al proyectil encontrado en el cuerpo no son concluyentes: “por su masa, dimensiones y morfología corresponde al calibre 9 milímetros, el que no cuenta con elementos para cotejo que permita individualizar el arma que lo disparó”. A propósito, según publicó Brecha entonces (31-VII-2015), basándose en declaraciones de los peritos y en fuentes judiciales y policiales, ésta es una característica genérica de las armas Glock 9 milímetros (instrumento predilecto de la Policía Nacional): al no permitir identificar la procedencia de las balas que disparan, no dejan margen para que las pericias identifiquen al tirador.
Basándose en los documentos que recogen información sobre qué pasó aquella madrugada, en las pericias técnicas, en las declaraciones de los implicados –careo incluido– y en el resultado de lo investigado por Asuntos Internos, el fiscal Carlos Reyes labró el pedido de procesamiento contra tres policías. Dos por encubrimiento (RDRS y MASG) y uno por homicidio, correspondiente a Poggi Pintos. Lo hizo el 21 de diciembre de 2015.
HOY. Desde Rivera, la familia de Ruben permanece atenta a los vaivenes del caso. La feria judicial mayor dilató los plazos de resolución de la jueza Graciela Eustachio del Juzgado Penal de Octavo Turno, quien llamó a una nueva audiencia para escuchar a la defensa de los policías. En la fecha fijada esa instancia no tuvo lugar, porque además de la fuga de Po-ggi, otro de los encausados presentó un certificado médico y no concurrió. Aun así, según dijo Eustachio a Brecha, la defensa de uno de los acusados presentó nuevas pruebas, que la jueza ordenó diligenciar; lo cual –Semana de Turismo mediante– extiende aun más el desenlace del proceso.
AHORA. “Si es ubicado en el exterior, ya está pedida la detención con fines de extradición. A veces lleva un tiempo. A esta altura la persona debe de tener conocimiento de la situación en la que está. Por algo se fue del país”, explicitó a Brecha una de las fuentes judiciales con respecto a la fuga del principal acusado. Pues según pudo indagar este semanario, las hipótesis que se manejan a nivel judicial y policial indican que Poggi –de 33 años– fugó a Argentina o a Brasil.
En tanto la resolución del asesinato de Ruben Martínez Mieres sigue pendiente en los tribunales, el crimen se suma a los emblemáticos casos de gatillo fácil de los últimos años: junto con el asesinato de Nicolás Sosa en el barrio Marconi en 2012 y el de Sergio Lemos en 2013 en Santa Catalina –ambos a manos de la Policía–, interpela en silencio el avance policial sobre los barrios pobres de la capital, y reclama responsabilidades a un ministerio que no lleva registro público de la cifra de muertos inocentes a manos de sus funcionarios.
[notice]La policía y sus muertos
Criterio
“Consistentemente con los criterios que emplean los sistemas de información estadística sobre criminalidad más antiguos y sofisticados del mundo, la definición de homicidio (…) excluye las muertes causadas por negligencia, suicidio o accidente, así como los decesos que son fruto de actos de funcionarios policiales en cumplimiento de la ley o de acciones realizadas por civiles en legítima defensa (y por las cuales los autores son, en consecuencia, exonerados de responsabilidad penal por las cortes judiciales competentes). Este criterio es coherente con las prácticas internacionales más serias y extendidas (véase, por ejemplo, sitios web del Fbi (…) o del Ministerio del Interior británico).” Así argumenta el Ministerio del Interior, en cada relevamiento del Observatorio sobre Violencia y Criminalidad, por qué no cuantifica ni revela públicamente las cifras de muertes de inocentes provocadas por funcionarios policiales cada año, tal como lo hace periódicamente con el resto de los delitos.
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