La asociación de productores (Asoprod) fue informada de que no está previsto en la rendición de cuentas, que actualmente se estudia en el Parlamento, un reajuste del fondo por Ipc, que permanecería congelado en los valores que se le asignaron en 2008.
El lunes 14 de setiembre directores, productores, técnicos, actores y estudiantes de cine se concentraron en la plaza Independencia, donde unos potentes focos iluminaban la sede del gobierno nacional: “El 4 de setiembre de 2014, hace exactamente un año, nos encontrábamos del otro lado de esta calle, aquí mismo, en la Torre Ejecutiva, firmando un documento llamado ‘Compromiso audiovisual’ junto a las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Industria, entre otros. (…) Un año después nos encontramos de este lado de la calle, junto a ustedes, en este acto público. En este tiempo el Ejecutivo no cumplió siquiera el más importante de los puntos acordados en la lista, el prioritario y que sustenta la base de la producción cinematográfica nacional: la actualización del Fondo de Fomento Audiovisual”.
Pero no es solamente la no actualización del Fondo de Fomento lo que preocupa a Asoprod, sino una larga lista de reveses, entre los que se encuentra la caída del convenio con el Brou para el lanzamiento de películas, la suspensión de los premios que otorgaba la Dinatel y el rechazo por parte de Antel a la propuesta de crear un servicio de streaming para películas nacionales. La plataforma “costaba casi lo mismo que el auspicio que (Antel) dio a un recital de Elton John. Hoy prioriza su alianza con un tanque extranjero como Netflix, dándole alojamiento gratis a sus contenidos en servidores de la empresa y promocionando la afiliación, gratis también, por seis meses, al servicio, junto a la conexión a Vera. Al día de hoy Netflix aloja sólo tres producciones nacionales en todo su catálogo. Esta es la política que hoy tiene nuestra mayor empresa estatal, la que salvamos todos con un plebiscito en el año 1992, que prioriza sin vergüenza el tráfico de datos a través de los servicios de conexión frente a la promoción del consumo y producción de contenidos locales”.
La lista tampoco termina aquí, porque a ella se suman los problemas de permanencia en cartel del cine nacional en las salas comerciales, la no implementación de la ley de servicios audiovisuales que aseguraba el cobro de un canon que iría a la producción y el sorpresivo anuncio de que se creará una zona franca audiovisual en Maldonado. “Que quede claro: esto no es una necesidad del sector ni un beneficio para la producción de cine local. Este proyecto responde a intereses de algunos particulares que están vinculados a los servicios de producción y no a la producción de cine nacional.”
El acto, al que asistieron centenares de personas vinculadas al sector, terminó con un apagón simbólico “de las últimas luces del cine nacional”. Y al día siguiente se fueron al Parlamento.
Allí presentaron ante varios legisladores un contundente análisis de la problemática del sector, proporcionando cifras comparativas, no solamente de la pérdida porcentual que significa el no incremento del Fondo de Fomento (en 2015 éste representa 59 por ciento de lo que era en 2008, y para 2020 será sólo un 38 por ciento), sino de los costos de producción del cine en Uruguay con respecto a otros países y la inversión estatal en la producción de largos de ficción de acuerdo al Pbi, de lo que surge, por ejemplo, que en términos comparativos Uruguay invirtió en 2014 un 21 por ciento de lo que invirtió Argentina en el mismo período.
Mientras tanto, se prevé que en 2015 se rueden sólo dos filmes de ficción; y de mantenerse la situación incambiada, en los próximos años se volvería a las cifras de estrenos de comienzos de 2000. Y es que si la década de 2000-2010 fue el big bang del cine uruguayo, la de 2010-2020 será la del big crunch. Y ya sabemos que después de la implosión lo único que queda es un inmenso agujero negro.
