Vade retro - Semanario Brecha

Vade retro

La IM intimará a la nueva sede del Instituto Técnico Forense para que traslade su ubicación. El edificio de la morgue judicial se estrenó en noviembre de 2015 sobre la calle Carlos Gardel, a pesar de no contar con los permisos municipales (entre ellos un plan de gestión de residuos) y de la resistencia de los vecinos. En pleno Barrio Sur, los olores fétidos y los fluidos que se vierten directo al saneamiento se mezclan con la historia patrimonial y los colores del Carnaval.

Foto: Leonidas Martinez

Asfixiaba el calor de febrero cuando, sobre la calle Carlos Gardel entre Carlos Quijano y Zelmar Michellini, varias filas de sillas predisponían a la gente a ver pasar el desfile de Llamadas. Entre tambor y tambor, a sus espaldas un aire raro los despeinaba.

Es que, a menos de dos metros de altura, los extractores sacaban el aire del interior de las cámaras de frío y las salas de autopsia de la nueva morgue soplándolo directamente sobre sus cabezas. Durante meses lo mismo ocurrió del otro lado del edificio gris, sobre la calle Gonzalo Ramírez, donde la salida de los extractores apuntaba directamente hacia los edificios y una zona hiperpoblada: al menos seis nuevas cooperativas de viviendas se han instalado allí en los últimos años.

“Siempre vivimos con muertos al lado y nunca tuvimos estos problemas”, dice Silvia, una de las vecinas del edificio donde antes funcionaban las salas velatorias de la empresa Previsión SA y que en 2009 fue comprado por el Poder Judicial para la instalación de la nueva morgue.

Además del uso de un molesto generador que provocó durante un apagón de verano algunos ruidos y grietas en la casa lindera a la morgue, son los olores los que más preocupan. “Los gases producto de la descomposición de los cadáveres, sin filtrado ni desinfección, con su carga de agentes patógenos, virus y bacterias, son volcados sobre nosotros”, denunciaron este año un centenar de vecinos en una carta firmada y presentada ante varios organismos y ministerios. Hasta el presidente de la República fue enterado de la situación.

A los tufos clásicos se suma un “irritante olor a quemado” que se siente sobre la madrugada y que los vecinos relacionan con los laboratorios de Toxicología y Química que funcionan en el tercer y cuarto piso del mismo edificio, donde se hacen pericias en las muestras de drogas que llegan al Instituto Técnico Forense (Itf). Para colmo, sin tratamiento alguno, la sangre y los fluidos de las autopsias van a parar a la red de saneamiento –que en el Barrio Sur de tan vieja es patrimonial–, y de ahí directamente al río (véase recuadro “La sangre al río”).

Todos estos elementos –“y todo aquello que aún ignoramos pero no tardaremos en descubrir”“constituyen una flagrante omisión a las normas nacionales e internacionales de bioseguridad y un atentado a la salud pública y al ambiente”, denunciaban los vecinos en la carta firmada en febrero.

A pesar de que el propio Poder Judicial reconoció estos inconvenientes ante los vecinos, manifestó haber solucionado varios de ellos y prometió enmendar otros “lo antes posible” (véase recuadro “Todo OK”), el problema de fondo es aun más grave: la nueva sede nunca contó con los permisos y las habilitaciones municipales correspondientes. Incluso una resolución expresa del secretario general de la IM en 2009, Alejandro Zavala, negó a la Suprema Corte de Justicia la autorización, y varios informes técnicos desaconsejaron la ubicación de la morgue en ese lugar, pero el Poder Judicial igual se instaló allí.

Aunque no es la primera intimación del año –en mayo el Servicio de Evaluación de la Calidad y Control Ambiental de la IM obligó al Itf a presentar un plan de gestión de residuos (véase recuadro “La sangre al río”)–, esta vez la advertencia será más radical. Jerarcas de la IM confirmaron a Brecha que, luego de estudiar el caso y los antecedentes, “por el lugar donde está ubicada la nueva sede, por las consecuencias en la zona y la viabilidad de la que el proyecto carece”, la intimación legal a trasladar el Itf se firmará en los próximos días y se le notificará de ello al Poder Judicial.

DESDE 2009. “A pesar de que la Intendencia nunca le dio la autorización, de todas formas la Corte instaló allí el Itf. Por eso entendemos que hoy lo recomendable es la intimación a encontrar un lugar alternativo, dándoles los plazos correspondientes” para que puedan mudarse, coincidió Ana Agostino, responsable de la Defensoría del Vecino. Y amplió: “En función de todos los antecedentes, lo que corresponde es que la IM intime al Itf a que se traslade, y hasta que no lo haga, que ponga en marcha todas la medidas que mitiguen los efectos negativos que está teniendo en el entorno”.

Es que la Defensoría ha llevado el caso desde la compra del edificio, en 2009. Para su análisis se sirvió de los informes presentados por los técnicos de la Intendencia y la Comisión de Patrimonio, visitas al edificio y por supuesto todas las denuncias que han hecho los vecinos hasta hoy.

Si bien el barrio ha convivido con varios comercios e instituciones funerarias a lo largo de su historia, incluyendo el Cementerio Central, uno de los principales argumentos en contra de instalar una morgue de estas magnitudes en el Barrio Sur (además de una posible afectación a la salud de los vecinos) es que es una zona residencial y patrimonial protegida por el Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo (Pot), específicamente por el Plan Especial de Ordenación y Recuperación Urbana Barrio Sur.1

El 16 de diciembre de 2009 la Defensoría del Vecino envió una nota a la División Planificación Territorial de la Intendencia expresando que la ubicación de la morgue judicial en ese punto “va en contra de las características patrimoniales y culturales de la zona y por lo tanto en contra de los mandatos del Pot. De proceder a su aprobación no sólo se estarían vulnerando los derechos de los vecinos de la zona de referencia, sino de los montevideanos todos”.

El Plan Especial de Ordenación y Recuperación Urbana Barrio Sur ha determinado un área de protección patrimonial tomando precisamente como eje la calle Carlos Gardel, con el fin de recuperar y afirmar las características propias del barrio, y proteger su acervo cultural arquitectónico y urbanístico rescatando los valores sociales de sus vecinos.

El mismo plan recomienda, dentro de los “objetivos propuestos para el barrio”, su uso preferentemente residencial y familiar: se busca la “defensa y profundización del carácter residencial; mejora, afirmación y calificación de la calidad del espacio público; protección del área patrimonial y de su carácter, promoción del equilibrio social y urbano de los distintos sectores socioeconómicos”.

Resume el documento: “El Barrio Sur se caracteriza –en la visión de la sociedad montevideana– por distintas expresiones culturales, especialmente la música y la danza , cuyo evento máximo, las Llamadas, tiene como marco el propio barrio. La valorización y la afirmación de estas expresiones requiere un adecuado marco físico que no sólo las enaltezca sino que sea capaz de contenerlas y multiplicarlas”. El proyecto de mejora y equipamiento de la calle Carlos Gardel es la mejor síntesis de esta intención, concluye.

  1. Ambos documentos están disponibles en www.montevideo.gub.uy

 

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La sangre al río

El 3 de mayo de 2016 la Intendencia de Montevideo –a través del Servicio de Evaluación de la Calidad y Control Ambiental– intimó al Itf a presentar un plan de gestión de residuos que hasta el momento brillaba por su ausencia. Según el decreto 586/009 del Ministerio de Salud, “Todo generador de residuos sanitarios deberá contar con un plan de gestión de los mismos que comprenda el manejo intrainstitucional, el transporte, el tratamiento y la disposición final en forma adecuada para la salud y el ambiente”.

“Se cumple parcialmente con el decreto 586/2009 en tanto su ámbito de aplicación resulta de amplio y complejo alcance”, dice la ambigua respuesta escrita que el Poder Judicial le envió a los vecinos, luego de que éstos presentaran varios pedidos de información a los organismos involucrados.

En el último mes la opinión pública se sacudió luego de que el diario El Observador1 recogiera las palabras de integrantes del sindicato de forenses afirmando que los fluidos y tejidos de las autopsias se vierten directamente a la red cloacal de la ciudad sin ningún tipo de tratamiento. El abogado Hermann Leis, asesor del sindicato, relataba a ese diario: “¿Usted sabe adónde van a parar las aguas servidas de la morgue?, ¿dónde salen los fluidos corporales de los cuerpos podridos? Al saneamiento general, eso va directo a los caños y termina en el mar. Y la Intendencia callada la boca, Medio Ambiente callado la boca. El día que haya una de esas enfermedades inmundas nos la comeremos los montevideanos”.

A pesar de que es el mismo decreto del Msp el que clasifica como “residuos sanitarios contaminados” e “infecciosos” a la sangre y otros fluidos orgánicos, así como los “tejidos, órganos, partes y fluidos corporales que se remueven durante las autopsias” (artículo 7), “los fluidos corporales se vierten directamente a la red de saneamiento”, admite literalmente la respuesta firmada por el ministro de Salud, Jorge Basso, dirigida a los vecinos. Paradójicamente, y en el mismo informe, el ministerio escribe que las inspecciones realizadas “no arrojaron incumplimientos a la normativa vigente” de residuos hospitalarios.

Álvaro Zabaletta, presidente de la Asociación de Médicos Forenses de Uruguay, dijo a Brecha que el tema se ha exagerado. Si bien el vertido de fluidos al saneamiento sin tratamiento previo no es lo ideal, opinó, “hay que tener en cuenta que los cuerpos que van a la morgue son cuerpos de gente sana que ha muerto de forma violenta, con heridas de bala u otras armas”. Y por lo tanto hay que distinguir: “la morgue no es un hospital, tiene ciertos riesgos pero no es catastrófico, no son fluidos contaminados de gente enferma”, concluyó.

 

  1. “Las carencias sanitarias de la nueva morgue de Montevideo”, en El Observador, 12-IX-16.

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Todo OK

La morgue judicial de Montevideo constituye “una fantástica apuesta al futuro que ha hecho el Poder Judicial, dotando a la capital de la República de un centro de medicina forense de primer nivel, con equipamiento de última generación absolutamente digno y comparable a las exigencias europeas”, se lee en la carta firmada por Jorge Chediak, ministro de la Suprema Corte de Justicia, como respuesta al pedido de acceso a información planteado por los vecinos al Msp, el Mvotma y la propia Suprema Corte de Justicia, entre otros.

Si bien las respuestas que obtuvieron de estos tres organismos van en el mismo sentido –el Itf representa una instalación segura y con tecnología de avanzada en materia de bioseguridad–, el informe de la Corte (de julio de 2016)1 admite los problemas denunciados en estos meses por los vecinos: “Se han relevado algunos inconvenientes relativos a la emanación de olores hacia el exterior del edificio debidos a la extracción de aire de la planta baja; también relativos a la producción de ruidos y vibraciones cuando se enciende el generador de electricidad; y la presencia de ruidos producidos por un equipo de aire acondicionado ubicado sobre la fachada de la calle Carlos Gardel”. En el mismo documento aclaran que ya se clausuraron los extractores que daban a esa calle y están estudiando la instalación de nuevos sistemas de extracción que canalizarán el aire hacia arriba del edificio, cuya puesta en funcionamiento se hará “lo antes posible”.

Ante la pregunta de los vecinos con respecto a qué empresa se le otorgó la licitación de la obra del Itf, también admitieron algunos percances. La contratación de la empresa Lafory SA, en 2012, terminó en un incumplimiento de obra (Lafory dio quiebra dos años más tarde) y en una subcontratación directa a otras dos empresas más chicas que trabajaban para ésta (Med y Tranito SA).

En cuanto al decreto que establece el plan de gestión de residuos hospitalarios (el 586/2009, véase recuadro “La sangre al río”), tanto el Msp como la Dinama respondieron en sus pedidos de informes que no tienen conocimiento de que la norma se esté incumpliendo.

 

  1. Los informes técnicos del Poder Judicial fueron firmados por la directora general del Instituto Técnico Forense, doctora Mónica Etcheverry, y por el arquitecto Álvaro Toledo Martínez, subdirector de la División Arquitectura.

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