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A contrarreloj

La vuelta de Amodio Pérez a Uruguay llevó al ministro Fernández Huidobro a atestiguar en una causa de violación a derechos humanos en dictadura. Esta actitud de colaboración no condice con datos recientes procesados por el Observatorio Luz Ibarburu, que muestran falta de voluntad política del Ministerio de Defensa en las respuestas de oficios pedidos por la justicia.

Huidobro. Foto: Federico Gutiérrez.

En los últimos meses, el Observatorio relevó las respuestas brindadas por el Ministerio de Defensa Nacional (Mdn) en 114 oficios de causas por violaciones a derechos humanos. La recopilación (aún en marcha) busca contrarrestar un informe presentado por el ministro Fernández Huidobro en mayo de este año, mediante el cual se quiso demostrar la colaboración de la cartera en el período 2011-2015. El texto del Mdn señala que de 237 oficios solicitados se respondieron 211. Sin embargo, el trabajo del Observatorio muestra que la mayoría de la información brindada se recibió con demora (hasta más de un año), en muchos casos se respondió de manera incompleta y en otros directamente se negó la información.

En el documento del ministerio, si bien se informan datos generales, no se detalla el contenido de las respuestas ni las fechas en las que se realizaron. Pablo Chargoñia, abogado defensor en 30 causas e integrante del Observatorio, señaló que la sistematización tiene como fin contraponer la declaración oficial con datos objetivos: “El número (dado por el Ministerio) no da cuenta de la eficacia de la colaboración. El número da cuenta de una respuesta dada al Poder Judicial, pero no de la velocidad con que se responde ni del contenido”.

Este procesamiento de los oficios permite que las organizaciones se manejen con argumentos precisos sobre la falta de colaboración y no sólo con opiniones.

Un tema de tiempo. En 2011 la ley 18.831 que restituyó la pretensión punitiva del Estado generó un aluvión de pedidos de oficio vinculados al pasado reciente. Actualmente están en proceso 205 causas judiciales, por las que la justicia pide información a distintas dependencias públicas, entre ellas el Mdn.

Según los oficios procesados por el Observatorio, hay una cifra importante de pedidos de listados de mandos militares, legajos y domicilios (más del 60 por ciento, en 114 pedidos de información). El resto se trata de solicitudes de motivos y datos de detención de víctimas o historias clínicas.

Hoy priman las chicanas que buscan dilatar el proceso. En muchos casos ni siquiera se ha citado a los indagados porque los abogados antepusieron los recursos de prescripción, inconstitucionalidad o casación.

En su informe oficial, la cartera se excusa de que las “posibles” demoras en la tramitación se deben a que “no existe un registro general, sistematizado y electrónico del personal subalterno”, por lo que “no es viable acceder a una información certera”.

La demora en la respuesta de los oficios resulta a favor de los acusados, teniendo en cuenta que sus defendidos son personas añosas y cuentan con la ventaja de no haber sido procesadas. En reiteradas oportunidades, cuando se llega a la etapa de indagación, la persona ya falleció. “En la causa del homicidio de (Álvaro) Balbi en el año 1975, la familia finalmente va a una audiencia con la Momia (Abayubá Centeno), en la que un funcionario dice: ‘La Momia no va venir porque se murió el mes pasado’”, señaló Chargoñia, representante de la víctima. “Sospechamos que en muchos casos estamos persiguiendo fantasmas”, agregó.

Abogados como Óscar López Goldaracena optan por investigar prescindiendo de la información que pueda brindarle el Mdn a través de oficios. Para él, no se puede esperar que ese ministerio otorgue información relevante para avanzar en las causas.

De acuerdo a un documento elaborado por las abogadas del Observatorio Natalia Jubin, Florencia Retamosa y Silvia Antúnez, existen demoras de meses para responder a solicitudes judiciales. En uno de los oficios que data de febrero de 2012 (en el que se consulta sobre la nómina de los integrantes militares del “300 Carlos”), se respondió a lo que se había preguntado, pero recién en octubre de 2013.

Transcurrieron un año y siete meses para que se diera la información. En otro de los oficios, en el que se pidieron los domicilios actualizados de 30 ex militares de Fusileros navales, la solicitud se reiteró varias veces. En cada una de las oportunidades el Mdn respondió sin brindar los domicilios, señaló que no cuenta con la información actualizada, y por último: que habría que pedirla a la Caja Militar. “Ellos tienen la información y actúan como compartimentos estancos. Esto lo soportan los jueces todo el tiempo”, ilustró Chargoñia.

En las demoras también operan las propias dinámicas del Poder Judicial. Si bien los oficios son pedidos por los magistrados, no existe un tiempo determinado para su respuesta, ni tampoco sanciones en caso de que no se cumpla con lo exigido. A pesar de que la teoría sostiene que lo que solicita el juez debe ser respondido, una alta fuente judicial señaló que “es impensable que se sancione al ministro Fernández Huidobro por no responder los oficios”. Por tanto, quedaría a la voluntad del organismo y de sus autoridades la disposición y la agilidad en las respuestas.

A medias tintas. El 9 de marzo de 2013, frente a un oficio que solicitaba el listado de los funcionarios del Mdn de todos los grados y sus respectivos legajos en 1980,  la cartera contestó a través de un mensaje firmado por Fernández Huidobro: “Como puede apreciarse, dicha tarea insume recursos materiales (hojas, tóner, etcétera) y recursos humanos no previstos a tal fin y que es difícil desafectar de su labor normal y sustantiva para cumplir esta tarea que cada día es más demandante”.

Martín Fernández, abogado de Ielsur que tiene siete causas a su cargo, consideró que lo más importante es el trabajo en archivos: “No es tan complejo lo que hay que hacer, es poner a una persona a abrir archivos, desclasificarlos, fotocopiarlos”.

Aunque este no sería el único factor que colaboraría con las investigaciones, según operadores judiciales consultados, también ayudaría la existencia de juzgados y fiscales especializados, ya que las causas por violaciones a los derechos humanos son voluminosas. Esto genera dificultades en la investigación, por que exige tiempo y dedicación. Además hoy existe una duplicación de pedidos de información porque las fiscalías no están coordinadas.

En el documento presentado en mayo, el ministro señaló  que “se ofreció en el año 2013 a las sedes penales coordinar con el ministerio la comparecencia a los comandos respectivos para analizar los originales de los legajos y solicitar copia de aquellas fojas que resultaren relevantes para la causa”. Para Chargoñia, esto no sólo no es una solución, sino que es una manera de dar una imagen falsa de colaboración: “Eso lo dicen para que los jueces entren y se pongan a revisar toneladas de papeles. Es la mejor forma de no encontrar nada”.

También genera dificultades la falta de precisión de los datos brindados por el Mdn. Al respecto, Chargoñia mencionó el episodio de los hermanos Julien, en el que el juez pidió que compareciera una persona de apellido Rodríguez: “Esta persona no sólo no era represor (sí era militar), sino que había estado preso. Él mismo era víctima de tortura. Se confundieron de Rodríguez y el Mdn lo citó como eventual indagado, como violador de derechos humanos”.

Cuestión de actitud. Para marcar diferencias con la gestión de Fernández Huidobro, Chargoñia y fuentes judiciales consultadas por Brecha remarcaron la intensa búsqueda de un archivo vinculado al Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (Ocoa), que documenta los operativos antisubversivos, durante la administración de la ex ministra Azucena Berrutti. “No sé si eso es suficiente para hablar de una política consistente. Lo cierto es que hoy con Fernández Huidobro no tenemos estos episodios”, explicó Chargoñia.

La experiencia internacional en la materia indica que la burocracia del terrorismo de Estado documenta su accionar. Si bien los archivos del Ocoa seguramente no indiquen lugares de enterramiento u otros datos más específicos, sí permiten vincular las operaciones represivas. El documento presentado por Fernández Huidobro en mayo señala que no se ha encontrado este archivo.

Otra diferencia en el perfil del ministro es el vínculo que mantiene con las organizaciones de derechos humanos. Este año levantó polvareda cuando, hablando sobre la actitud de colaboración del Mdn, señaló que estas organizaciones “mienten descaradamente” y que “todos los que hablan mal de las Fuerzas Armadas y los militares” son “enfermitos y enfermitas”.

Si bien Chargoñia entiende que la forma de lograr un mejor manejo del Mdn no es desplazando a Fernández Huidobro, cree que no es una figura irrelevante, ya que “él puede resolver muchos temas sensibles en el avance de la verdad y la justicia” por ser también protagonista de los hechos. Recordó que en el caso del asesinato de Roberto Gomensoro el ministro sostuvo que lo mataron en Montevideo y no en Paso de los Toros, y que “si sabe esto, debería saber quién [lo mató] y en qué cuartel. ¿A qué juez de Montevideo aportó sobre el homicidio de Gomensoro? A ninguno”. En este caso, el 19 de julio de 2012 Fernández Huidobro envió una carta a la jueza de la causa, Lilián Elhorriburu, señalando que el militar Juan Carlos Gómez (procesado como autor del asesinato de Gomensoro en 2010) no era el culpable. “Temo que esté pagando con cárcel un oficial que nada tuvo que ver en este caso, y se esté encubriendo a los verdaderos culpables. Cortando, además, la línea de investigación”, señaló el ministro.

“Si ya sabía eso hace dos años, ¿por qué no se presentó? Ahora resulta que se acordó de que sabía algo, dos años después de haber procesado a una persona que él dice que es inocente”, afirmó la jueza del caso en declaraciones para El Observador. Fernández Huidobro envió la misiva a través de un fax, pero no acudió formalmente a declarar ni presentó ninguna prueba que respaldara su afirmación.

Hoy en Uruguay hay una veintena de personas procesadas en causas vinculadas a la dictadura. Las organizaciones dan cuenta de aproximadamente 200 de-saparecidos, casi 200 asesinados y entre 2 mil y 5 mil torturados. Fernández entiende que es más fácil para el sistema encarcelar a ese puñado de personas y no trabajar sobre todo el conjunto. “Esto es más cómodo para todos, salvo para las víctimas”, concluyó el abogado de Ielsur.

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Al otro lado del río

En 2006, bajo la presidencia de Cristina Fernández, el Ministerio de Defensa argentino creó la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional, dependiente del organismo. Entre sus acciones, coordina y supervisa la colaboración del área de Defensa en las investigaciones judiciales. A partir de entonces la cartera dispone de funcionarios específicamente encargados de responder los oficios provenientes de la justicia.

Otra de las estrategias que permite agilizar los procesos en crímenes de lesa humanidad es la presentación de megacausas. Mediante esta figura se accede a juzgar a decenas de represores de la época, como es el caso emblemático del expediente de la Esma.
En Uruguay, Martín Fernández (Ielsur) defiende una causa que comprende a 90 denunciantes y 90 denunciados (mandos de la época, personal civil y policial). Así, representa a dos grupos de víctimas del terrorismo de Estado: uno compuesto por personas que estuvieron privadas de libertad en Artillería número 1 a partir de 1972, y otro por las víctimas de la Operación Morgan.

Para el abogado, el formato de las megacausas permite mostrar que sucedieron fenómenos sistemáticos que ocurrieron contra un grupo de personas con determinadas características en común, y esto constituye un “reforzamiento de la calidad de crimen”.

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