Carta abierta a los senadores frenteamplistas - Brecha digital

Carta abierta a los senadores frenteamplistas

“Con todo respeto me dirijo a ustedes por un asunto constitucional que les compete directamente como senadores. (...) La ley 19.307 (llamada vulgarmente “ley de medios”) fue sancionada (por el Senado) el 22 de diciembre de 2014. Hasta hoy no fue promulgada, y por lo tanto, tampoco publicada.”

Estimados y –en algunos casos– queridos compañeros: Con todo respeto me dirijo a ustedes por un asunto constitucional que les compete directamente como senadores. Yo no soy jurista y me consta que varios de ustedes tampoco lo son. Pero –bien asesorado y como una contribución al mejor funcionamiento de las instituciones (y sobre todo por el desarrollo más eficaz de nuestra sociedad)– llamo vuestra atención sobre algo que seguramente les ha pasado inadvertido.

La ley 19.307 (llamada vulgarmente “ley de medios”) fue sancionada (por el Senado) el 22 de diciembre de 2014. Hasta hoy no fue promulgada, y por lo tanto, tampoco publicada. Sí se publicaron leyes posteriores, que llevan los números 19.308, 19.309, etcétera. Las dos últimas etapas mencionadas, necesarias para que la ley entre en vigencia, corresponden al Poder Ejecutivo. Su actual titular, el doctor Tabaré Vázquez (en forma oficiosa, esto es, mediante una declaración a los periodistas) hizo saber que “pensaba postergar” la reglamentación de esa ley hasta que la Suprema Corte de Justicia se pronunciara sobre las variadas acciones de inconstitucionalidad que ya se fueron interponiendo (que provienen, la mayoría de ellas, de parte de las empresas concesionarias afectadas por el pago de una prestación, empresas que además pasan a tener esas mismas concesiones a término).

Esta actitud tiene una apariencia de prudencia, pero implica olvidar el principio de separación de poderes, porque subordina la acción del Poder Ejecutivo a lo que decida el Poder Judicial. Y, además, constituye un error jurídico grave, porque hay disposiciones constitucionales que prevén las consecuencias de postergar la promulgación más allá de diez días. En efecto, los artículos 137 y 144 de la Constitución dicen:

“Artículo 137. Si recibido un proyecto de ley, el Poder Ejecutivo tuviera objeciones que oponer u observaciones que hacer, lo devolverá con ellas a la Asamblea General, dentro del plazo perentorio de diez días.

Artículo 144. Si el Ejecutivo no devolviese el proyecto, cumplidos los diez días que establece el artículo 137, tendrá fuerza de ley y se cumplirá como tal, reclamándose esto, en caso omiso, por la Cámara remitente”.

No corresponde invocar la existencia de esas acciones de inconstitucionalidad (radicadas en otro Poder del Estado y que son conocidas por los medios de comunicación, naturalmente interesados en crear una opinión pública favorable), ya que por el momento están en la órbita judicial, y además es sabido que si cualquiera o todas esas acciones culminaran, no operarían más que en cada caso concreto. La ley (que prevé una estructura nueva para la radio y televisión públicas, que crea un organismo muy complejo de tutela de lo audiovisual con representantes de instituciones sociales y hasta de un representante del Congreso de Intendentes, etcétera) igualmente está sancionada y debería estar vigente. Mientras no lo esté, nadie debe pagar nada y los plazos de concesión no corren.

Cuando conocí el primer proyecto de esta ley formulé críticas que aún pueden verse en mi blog.1 Las mantengo, pero reconozco que en el Parlamento el proyecto fue muy mejorado y que esta ley contiene algunas disposiciones encomiables.

Comprendo que este llamado de atención que formulo presenta dificultades políticas extraordinarias: en efecto, para que vuestra (nuestra) bancada alcance la mayoría de 16 votos es preciso el voto del actual vicepresidente, y ello podría complicar el buen relacionamiento que es recomendable que exista en el Poder Ejecutivo. Intentar conseguir el voto que formaría la mayoría fuera de la bancada del FA es imposible, puesto que la derecha opositora coincide plenamente, al defender el statu quo, con los intereses económicos de las empresas que manejan la opinión pública, y el eventual voto “independiente” sabe muy bien que eso le costaría su carrera política, dado que sería verosímilmente proscripto de pantallas y de titulares.

Pero estas dificultades, precisamente, reclaman que en primer lugar esté la defensa de las instituciones. En el caso, notoriamente, la separación de poderes. Y esto coincide, además, con el avance social que representa una ley que puede reducir (algo) el poder omnímodo de manipulación que tiene nuestro actual sistema de comunicación social. n

*    Socio de honor de Iamcr, socio fundador de Alaic, ex catedrático de historia de las ideas en la Facultad de Derecho y ex profesor (grado 3) de teoría de la comunicación social en la Facultad de Humanidades.

1. roquefaraone.blogspot.com

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