La semana pasada los trabajadores de los refugios lograron un preacuerdo con el Poder Ejecutivo que probablemente permita que en adelante cobren sus salarios en fecha. La cautela, sin embargo, es imprescindible en este caso.
A principio de diciembre del año pasado, cuando muchos trabajadores llevaban tres meses sin cobrar y al sindicato que los agrupa, el Sutiga (Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines), no le quedó otro remedio que ocupar un refugio, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, convocó a una conferencia de prensa para anunciar que había encontrado una «solución al problema estructural» de los atrasos salariales en el sector («En cuotas con interés», Brecha, 5-XII-25).
Pero ni siquiera la Navidad los encontró a todos cobrados. Y ya este abril eran muchos los trabajadores a quienes se les debían dos meses de salarios. «Los chiquilines del refugio compartían su comida con nosotros, nos ofrecían y nos decían que comiéramos con ellos. Una vergüenza terrible», relataba al semanario una de esas funcionarias, aludiendo con el término chiquilines a los usuarios del servicio («Cómo vivir sin cobrar el sueldo», Brecha, 10-IV-26).
Ese fue el tercer gran atraso en lo que va de este gobierno y todavía faltaba sobrevivir al cuarto, que ojalá permita superar la fórmula acordada la semana pasada. Puede calcularse que un sistema que trata así a sus trabajadores debe tener sus dificultades para atender a sus usuarios. Las tiene.
ESCOBA NUEVA
Al comienzo de la actual administración hubo algunas señales positivas. Por ejemplo, en el momento de solicitar el ingreso a un refugio, en las puertas: «Antes era una puerta enrejada y un montón de gente esperando en la vereda. Y eso ya era una pequeña selva. Todas las veces que la puerta se abría, allá iba el enjambre. Ahora pasás directo a un salón grande, con sillones, parlantes para música, mesas donde pintar o dibujar, hay un café y unos bizcochos. Así esperás que aparezca el cupo. Y a las diez de la noche viene un ómnibus que los deja a cada uno en su refugio. No sé cómo nunca a nadie se le había caído la idea de que tenía que ser así», comentaba un usuario al semanario («Fábrica de situación de calle», Brecha, 27-VI-25).
También se ampliaron considerablemente las plazas. Y esto hizo posible que, cuando el frío extremo u otras condiciones meteorológicas lo impongan, la declaración de alerta roja permita la evacuación compulsiva de las personas que están a la intemperie y su traslado a refugios o centros de evacuación. El año pasado, todos ellos funcionaban bajo la supervisión directa del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
«Tuvo cierto éxito. Veíamos que el mecanismo tenía cierta adhesión entre los usuarios», comentaron a Brecha dos científicos sociales que acompañan y estudian las dinámicas de las personas sin hogar. «Por eso soy hincha de este esquema», aclaró a su turno Daniel Gerhard, director nacional de Protección Social del Mides.
«El decreto presidencial de alerta nos permite movilizar un conjunto de recursos interinstitucionales de manera coordinada, lo que nos da otro músculo para atender la situación. No son las tres o cuatro camionetas que tiene el Mides. La flota del Ministerio del Interior contribuye con decenas de móviles», explicó Gerhard.
Pero este año, los tres centros de evacuación que funcionan en la capital dejaron de estar bajo supervisión directa del Mides (existe un cuarto, en Maldonado, que lo sigue estando). Según narró Gerhard, «por una razón de simplificación de roles», la supervisión de los centros capitalinos quedó en manos del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).
Pero «mantenemos una coordinación diaria con el Sinae, de lunes a lunes», acotó.
Supervisar no significa atender concretamente, sino controlar que la organización de la sociedad civil a quien se terceriza la tarea cumpla adecuadamente las condiciones del convenio firmado. Los refugios del Mides atienden a 20, 30 personas cada uno. Los centros de evacuación se manejan con más de 100.
Están en la vieja planta de procesamiento de pescado de Fripur, en Cuareim entre Colombia y César Díaz (Aguada), en el polideportivo de la Escuela Nacional de Policía (Susana Pintos y camino Maldonado) y en el Servicio de Transporte y Mantenimiento del Ejército (Instrucciones 2788).
La que se ocupa de eso en Montevideo es la comunidad terapéutica Bethania, una organización que dirige siete clínicas de rehabilitación de adictos en nuestro país, es dirigida por Victorio Ponce de León y probablemente sea más conocida por la visibilidad del pastor y activista Fernando Frontán, integrante de su equipo.
LA BOCA DEL LOBO
«Las organizaciones tienen dife-rentes énfasis; hay quienes están más atentos a la seguridad y quienes están más atentos a los derechos», reconoció Gerhard cuando el semanario le preguntó si era cierto que Bethania se había negado a ser apoyada por un equipo técnico, pagado por el Mides.
Según lo dicho a Brecha por todas las fuentes consultadas, los funcionarios que trabajan en los centros de evacuación no han recibido ninguna formación específica para cumplir la tarea. En general se trataría de personas egresadas de las clínicas de rehabilitación de la propia organización.
Del otro lado, las personas atendidas tienen también sus particularidades. Un número de ellas son las alojadas coactivamente al amparo de la alerta. Otras son derivadas desde las puertas de entrada de acuerdo al criterio de los funcionarios que las gestionan: «A los centros de evacuación normalmente mandan a los más estigmatizados, los más revoltosos, que, en realidad, muchas veces son los más vulnerados», explicó al semanario un integrante del colectivo Ni Todo Está Perdido (Nitep), a quien llamaremos Juan.1
Pero, además, hay quienes optan por alojarse en ellos por razones laborales. Esperar en una puerta de entrada por un cupo libre en un refugio convencional puede llevar unas cuantas horas, y esa espera puede interferir con el horario de trabajo. Incluso hay quienes optan por los centros de evacuación porque en ellos pueden alojarse con sus mascotas. Y también están los que llegan de casualidad, «como me pasó a mí», explicó Ana, otra integrante de Nitep, «porque la información sobre los tipos de refugios no es accesible; no está en todos lados». «Cuando yo estaba por quedarme en la calle, me fui a la policlínica del barrio a ver a la asistente social que atiende ahí y la mujer no tenía ni idea sobre el tema.»
«Yo no entiendo por qué se mantiene ese régimen de tener que pedir el cupo cada día. Una vez que te registraste, podrían mandarte un mensaje o un mail con el sitio que te toca cada noche. Pero no, hay que ir a la puerta como a rendir pleitesía, a pedir por favor que te den un lugar, y entonces los funcionarios que están en puerta se van inflando, y, cuando finalmente te dan el cupo, parece que les debieras la vida», expresó un tercer integrante del colectivo con el que habló el semanario.
Pero la enorme mayoría prefiere soportar la espera y obtener lugar en un refugio del Mides. Los centros de evacuación son grandes espacios, tipo galpón, donde se alinean decenas de camas de cartonplast o simples colchones a menos de medio metro. Puede haber o no sábanas, y pueden estar sucias.
De acuerdo a los testimonios recogidos, en los centros de evacuación hay operadores que consumen drogas junto con los usuarios de los centros. Este hecho, además, determina que se establezcan vínculos preferenciales entre esos operadores y esos usuarios, que terminan obteniendo así ciertos «privilegios». Se ha acusado incluso a la coordinadora de uno de los centros de incurrir en esta práctica.
Para contribuir a la organización de la convivencia, los operadores designan «agentes comunitarios» entre los usuarios. «Es algo que podría llegar a ser muy bueno», entiende Carlos, también de Nitep. Pero a veces los criterios de selección pueden ser opuestos a lo que se esperaría: «De los seis agentes comunitarios, uno es «violeta» [violador], otro es medio «boca» [vende drogas], al otro le gustan los niños y los otros tres no saben qué hacer, pero van a alcahuetear con tal de sobrevivir», definió.
«Hay abusos sexuales», aseguró Ana. «Y habilitan robos», añadió Manuel. Y cuando hay conflictos entre los usuarios, las cosas se pueden resolver igual de mal que en la calle. «Alguna vez lo que hicieron los operadores fue formar una ronda y los del lío resolvieron la cuestión a las trompadas. El que ganó pudo pasar la noche en el centro. Al que perdió lo echaron a la calle. Aberrante, ¿no?», narró Juan.
«El problema es que quieren trasladar el modelo que funciona en la clínica», argumentó a continuación. «A mí me tocó rehabilitarme ahí. El Mides me pagó el tratamiento. ¿Qué hace Bethania? A las personas que terminaron el tratamiento y anduvieron bien, “agarraron antena”, como dicen, les proponen quedarse en la clínica trabajando como operadores. Ahí funciona bien, pero otra cosa es meter un pibe que tiene todo el mérito de haber logrado no consumir durante nueve meses en un centro de estos, pero con 100 tipos de los que la cuarta parte está en el baño consumiendo. Es meterlos en la boca del lobo. Es bravo, sobre todo para los que no tuvieron experiencia de situación de calle.»
Ninguno de los integrantes de Nitep reunidos con el semanario ha sabido que el Mides haya realizado alguna inspección de estos centros. «Hay supervisores que vienen a levantar la planilla de gastos, las facturas, esas cosas, nada más», aseguró Carlos.
CON FIRMA
El 16 de setiembre, al día siguiente de la reunión con el semanario, representantes del colectivo concurrieron al centro cultural Crece, de Flor de Maroñas, a recibir, junto con la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo –y talleristas de Crece–, una denuncia acerca de vulneraciones sufridas por usuarios del centro de evacuación que funciona en el polideportivo de la Escuela Nacional de Policía.
El dispositivo, dice el texto, «funciona con personal policial y cadetes en tareas de vigilancia, y con personal de Bethania, entre quienes los denunciantes identifican a personas en proceso de rehabilitación, cumpliendo funciones de encargadas y de educadores». Consigna, además, que «dado el carácter prolongado y reiterado de las situaciones relatadas, los denunciantes no cuentan con fechas exactas de los hechos», pero «ubican el inicio de los mismos desde mayo del presente año».
«Por otra parte, señalan que otras personas optan por no denunciar por miedo a represalias, por su estado de alienación donde solamente importan un lugar donde echarse y un plato que sacie su hambre», añade antes de detallar los cargos: «Sobre la conducta del personal de Bethania, se denuncian situaciones de robo, consumo e intimidación hacia las personas que hacen uso del centro».
Sobre las condiciones de higiene y salud, se afirma que «los denunciantes relatan mala limpieza que derivó en varios casos de infección respiratoria, colchones en mal estado y sábanas que no se lavan, y la presencia de una persona con tuberculosis».
«Sobre situaciones de violencia física, los denunciantes relatan que Xx.Xx fue expulsado del centro luego de que un cadete lo provocara reiteradamente de forma verbal y de que lo agrediera físicamente. Sobre esta situación se realizó una denuncia policial el 5 de setiembre de 2026», dice el texto, al que se adjuntó la constancia de dicha denuncia y el testimonio del médico que constató las lesiones recibidas.
También se relata «una situación en la que una persona que hacía uso del centro fue empujada y apretada contra contenedores de residuos por personal de vigilancia; en ese momento Xx.Xx tomó una fotografía de la situación y relata que por ese motivo fue agredida por el personal encargado del lugar y policías».
El documento, además, explica: «Las personas describen el diferente trato entre los policías y los cadetes. Estos últimos eran prepotentes, se sobrepasaron en sus atribuciones, manoseaban a las personas sin pedir permiso y siempre buscaban algo para sancionar».
Sobre la alimentación, se dice: «Los denunciantes relatan que la comida se entrega congelada o fría, en cantidad escasa y de mala calidad, y que no se permite el ingreso de alimentos propios al centro. Relatan, también, que el personal de Bethania se queda con las viandas de mejor calidad, y que en al menos una ocasión se entregó comida vencida». Las personas que se despiertan después de la hora en la que se reparte la comida «no reciben alimento, mientras que se reservan viandas para los cadetes».
En lo atinente al abordaje profesional del equipo, según el texto, «los denunciantes relatan que durante un período aproximado de cinco meses el dispositivo no contó con abordaje psicológico, ni con presencia de trabajador/a social o médico/a, contando únicamente con personal de enfermería».
«Uno de los ejemplos narrados [sobre las condiciones de alojamiento] refiere a que, durante las noches de intenso frío, se dejaban abiertas las puertas del gimnasio, permitiendo el ingreso de la humedad del rocío. Como consecuencia, dentro del gimnasio se respiraba un aire tan frío como el que se experimentaba a la intemperie», se narra.
«Las personas entrevistadas relatan que existía una expectativa de que permanecieran acostadas durante gran parte del día y que, cuando alguna persona se levantaba para realizar otras actividades, los referentes podían retirarle la frazada como forma de desalentar que permaneciera fuera de la cama», se afirma.
Ayer la defensoría confirmó a Brecha que la denuncia ya ha sido trasladada al Mides y a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
SISTÉMICO
El Mides ya había recibido otra denuncia sobre los centros de evacuación. Fue presentada el 9 de setiembre por la red Entramados, entidad que desde 2017 reúne a varias organizaciones sociales, técnicos y beneficiarios de servicios brindados por convenios con el Mides, la Intendencia de Montevideo y la Junta Nacional de Drogas.
En el texto Entramados señala haber recibido relatos de «situaciones de abuso de poder, agresiones físicas, maltrato verbal, violencia sexual en centros vinculados a la organización Bethania». Se agrega que «existe una situación continuada de consumo de drogas dentro de los establecimientos, involucrando tanto a usuarios como a funcionarios durante el cumplimiento de sus tareas, lo que vulnera el propósito asistencial y la seguridad del lugar».
«Más allá del caso de Bethania, la situación se está desbordando», valoró Lorena Briozzo, integrante de Entramados y de El Abrojo, en su diálogo con el semanario. «Tanto Bethania como el resto de los equipos que se ocupan de los refugios nece-sitan un acompañamiento que no se está brindando. La lógica de la calle termina trasladándose dentro de las instituciones. Lo que sucede en esos centros es consecuencia de un sistema que no está pudiendo cuidar. Si realmente queremos solucionar estos problemas, tenemos que evitar la tentación de descargar la responsabilidad en los que ponen el cuerpo en la primera línea», argumentó.
Entramados, además, ha planteado a las autoridades de Desarrollo Social la necesidad de ir a una gestión participativa del circuito de atención a las personas sin hogar, que involucre al Estado, las organizaciones y también a los usuarios, tal como sucede, por ejemplo, en el sistema de salud. De momento, ni la denuncia ni la iniciativa han recibido respuesta.
- Los nombres de las personas en situación de calle han sido cambiados para evitar que sufran represalias por las denuncias que plantean. ↩︎
