La operación Trazador puede ser uno de esos episodios que obliga a revisar las coordenadas desde las cuales nos hemos acostumbrado a observar ciertos problemas. Más de 260 quilos de cocaína y pasta base, armas, municiones, vehículos, dinero y personas condenadas configuran una escena que desde hace años se instala entre nosotros con una mezcla de inquietud, simplificación y acostumbramiento. Esta vez, sin embargo, la trama se desplazó hacia otros lugares. El narcotráfico abandonó por un instante sus escenarios habituales y apareció en las proximidades de la política.
Hay que ser cuidadosos, porque nada de lo conocido hasta el momento permite atribuir responsabilidades penales a dirigentes ni a partidos políticos, aunque ciertas correlaciones tampoco deberían ser simplemente desestimadas. Entre la acusación irresponsable y la indiferencia existe un espacio bastante amplio, y es allí donde deberían instalarse algunas preguntas.
Durante los últimos años hemos construido en Uruguay una representación bastante precisa del narcotráfico, al punto de que sabemos de antemano dónde encontrarlo, cuáles son sus territorios y qué edades tienen sus protagonistas. Cuando se menciona el avance del narco, nuestra imaginación se desplaza casi automáticamente hacia las periferias urbanas, las bocas de venta, las disputas territoriales, los adolescentes reclutados, las armas y los homicidios. Allí están, por supuesto, algunas de sus manifestaciones más violentas, allí se acumulan los muertos y allí las transformaciones de los mercados ilegales han modificado las dinámicas de la violencia, pero el problema comienza cuando confundimos una parte del fenómeno con su totalidad y suponemos que el narcotráfico existe solo allí donde aparecen sus consecuencias más visibles. Ningún mercado ilegal de estas características puede funcionar únicamente con vendedores, consumidores, armas y territorios. Necesita producir ganancias y, sobre todo, necesita que esas ganancias abandonen en algún momento las marcas de su procedencia y consigan incorporarse a los intercambios ordinarios de la economía.
Ese tránsito resulta menos espectacular que un homicidio y bastante más difícil de traducir en las imágenes habituales de la inseguridad, aunque sea allí donde se juega una parte fundamental de la reproducción de los mercados ilegales. El dinero debe circular, cambiar de forma, convertirse en dólares, automóviles, inmuebles, empresas o inversiones y, para hacerlo, necesita conocimientos, intermediaciones, oportunidades y vínculos capaces de establecer puentes entre espacios sociales diferentes. Hace algunos meses, en estas mismas páginas, señalamos esta dificultad: los mercados ilegales no constituyen un cuerpo extraño que desde afuera invade una sociedad previamente ordenada, sino que se incrustan en relaciones existentes, utilizan desigualdades, explotan debilidades institucionales, generan oportunidades económicas y conectan actores pertenecientes a mundos que nuestra imaginación insiste en mantener separados.
Desde este punto de vista, la insistencia reciente en los allanamientos nocturnos adquiere un significado particular. Mientras una parte de la discusión pública vuelve a depositar expectativas en la ampliación de las capacidades policiales para ingresar a determinadas viviendas, y mientras seguimos contando bocas cerradas, personas detenidas y dosis incautadas como indicadores privilegiados de eficacia, los mercados ilegales despliegan relaciones más extensas y encuentran mecanismos para convertir sus ganancias. Lo que importa advertir aquí es la desproporción entre la complejidad del problema y la pobreza recurrente de algunas respuestas. Cuanto más densas parecen volverse las conexiones del crimen organizado, más inclinados estamos a representar la lucha contra él mediante la imagen elemental de una puerta que finalmente puede abrirse durante la noche. Seguir el dinero exige bastante más y obliga a modificar la geografía moral de la seguridad, porque ya no alcanza con mirar hacia los barrios pobres y resulta necesario incorporar movimientos financieros, empresas, operaciones inmobiliarias, casas de cambio, profesiones, inversiones y circuitos económicos legales.
Es en este punto donde aparece inevitablemente la política, no porque Uruguay pueda ser definido como una democracia capturada por el narcotráfico ni porque exista evidencia de una penetración sistemática de los partidos por organizaciones criminales, sino porque no deberíamos necesitar llegar a ese punto para comenzar a hacernos preguntas. La experiencia regional muestra que las relaciones entre mercados ilegales, acumulación económica y política no tienen por qué adoptar formas espectaculares. Las zonas de contacto pueden ser mucho más banales y, justo por eso, más difíciles de reconocer: intermediaciones, relaciones personales, negocios, aportes, favores, información, servicios y actores que participan de una parte de los circuitos sin conocer necesariamente su totalidad. La frontera entre lo legal y lo ilegal deja entonces de parecerse a una línea nítida y comienza a adquirir la forma más incierta de una trama.
La pregunta, por lo tanto, no debería ser qué partido está más cerca o más lejos del narcotráfico, como si fuera posible establecer una competencia de purezas retrospectivas, sino qué capacidades posee el sistema político uruguayo para impedir que recursos provenientes de mercados ilegales puedan ingresar, de manera directa o indirecta, en la actividad política. Los partidos movilizan recursos, reciben aportes, contratan personas y mantienen relaciones con actores económicos, de modo que preguntarse por las capacidades de control, trazabilidad y transparencia no supone alimentar sospechas generalizadas sobre la política, sino construir condiciones para evitar que la opacidad, las proximidades y los rumores terminen convirtiéndose en el único criterio disponible para interpretar las relaciones entre dinero y poder.
Los mercados ilegales producen violencia, reclutan jóvenes, construyen protecciones, acumulan recursos y pueden afectar instituciones, y una perspectiva crítica debería estar especialmente interesada en comprender estos procesos, porque detrás de ellos no hay solo delitos, sino relaciones de poder, formas de acumulación y mecanismos mediante los cuales determinados recursos económicos pueden transformarse en capacidades sociales y políticas.
Cuando el narcotráfico produce violencia, observamos los territorios más pobres, y existen buenas razones para hacerlo, pues allí se concentran los homicidios, las armas y las trayectorias juveniles más expuestas. Pero, si detenemos el análisis en ese punto, terminamos atribuyendo al territorio de la violencia la totalidad de las relaciones que hacen posible esa violencia. Los mercados ilegales utilizan las desigualdades territoriales, pero no permanecen encerrados en ellas: las atraviesan, conectan espacios y trasladan recursos. En un extremo de esas cadenas puede haber adolescentes disputando un punto de venta y, en otro, operaciones económicas que han perdido cualquier semejanza con las escenas que identificamos como narcotráfico. Entre ambos extremos existen mediaciones, actores y relaciones, y quizá sea justamente allí donde nuestra comprensión continúa siendo más débil.
La cuestión que comienza a plantearse en Uruguay no consiste solo en establecer cuánto ha crecido el narcotráfico o qué proporción de los homicidios puede atribuirse a disputas vinculadas con mercados ilegales, sino en comprender qué relaciones sociales producen esos mercados, qué mundos consiguen conectar, qué actores necesitan, qué instituciones tensionan y mediante qué mecanismos el dinero obtenido de forma ilegal puede desprenderse de su origen e incorporarse a circuitos legítimos.
Incluso si este episodio no tuviera otras derivaciones políticas, una parte del problema ya está planteada: mientras la droga, la violencia y los muertos permanecen fuertemente territorializados, el dinero circula, cambia de manos, encuentra intermediarios y adquiere formas que borran de manera progresiva las huellas de su procedencia. Tal vez el desafío consista en aprender a observar ese recorrido completo, porque, cuando al fin conseguimos ver el dinero en los lugares a los que llega, muchas veces ya hemos dejado de preguntarnos de dónde viene.
