El ruido del helicóptero policial ya es parte del ambiente en el barrio Nuevo Comienzo, al norte de Santa Catalina. Sin embargo, pasadas las ocho de la mañana del jueves 12 de noviembre, las hélices sonaban más cerca que de costumbre.
Sobre Camino Sanfuentes se estacionaron unas «cinco o seis patrullas», contó a Brecha uno de los vecinos, mientras que alrededor de 12 efectivos entraron al predio y bajo el amparo de una orden de allanamiento se llevaron detenidas a nueve personas. Lo primero que pensaron era que se trataba del desalojo masivo con el que tantas veces fueran amenazados; sin embargo, el accionar fue el mismo que el de otras veces. «Trabajo de hormiga», lo definieron.
Es que las familias afincadas desde enero en el vasto terreno han sufrido a lo largo de estos meses una peripecia digna de contar. Desde un primer momento en que la Policía irrumpió a raíz de una denuncia de la empresa Dervalix S. A., en abril, para llevarse a dos de las voceras del barrio (véase «Propiedad versus familia», Brecha, 23-IV-20) hasta la instalación de una mesa de diálogo entre los vecinos, la Intendencia de Montevideo (IM) y el fiscal Diego Pérez, que parecía haber arrojado resultados luego de que la diputada frenteamplista Cecilia Cairo anunciara que se había llegado a un acuerdo para encontrar una solución entre la IM y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.
La sorpresa fue grande, entonces, cuando vieron entrar a la Policía, arma en mano. «Nos vamos enterando, a medida que pasan los minutos, que se llevan a uno, después a otro», contó el vecino, y recordó que, en medio de la violencia y el caos provocado por la intromisión, se llevaron a una madre, dejando a sus cinco hijos a cargo de un vecino. «Seguramente va a ser detenida, casi seguro, procesada por usurpación y tendrá que abandonar el terreno. Esa madre no tiene donde vivir», explicó.
Mensajes contradictorios son los que reciben los vecinos del Nuevo Comienzo por parte de un Estado que, por un lado, les promete soluciones y, por otro, los reprime, los allana y los criminaliza. Y ahora con un gobierno cuyos titulares han pasado de la promesa del «asentamiento cero» a pretender reducir en un 40 por ciento los contratos de trabajo del Programa de Mejoramiento de Barrios.
