Retrato en tres actos de una España amordazada

El Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (Psoe) –tan similares a esta altura que se habla del “Ppsoe”– se unieron nuevamente para firmar el “Acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y la lucha contra el terrorismo”.

En una marcha en Madrid contra la “ley mordaza” / Foto: AFP, Jorge Guerrero

El pacto estaba destinado a endurecer la red carcelaria del Estado, y comprende medidas como la instauración de la “prisión permanente revisable” (es decir, la cadena perpetua) y otras destinadas a combatir al terrorismo, en particular en las redes sociales. Pero fundamentalmente apunta a reforzar a la policía en un país donde la Coordinadora para la Prevención de la Tortura ha registrado 6.621 denuncias por este motivo en los últimos diez años.

ACTO 1: LA “LEY MORDAZA”. A fines de 2013 el parlamento aprobaba, únicamente con los votos del Partido Popular, la ley de seguridad ciudadana, que se conocería luego como “ley mordaza”. Desde marzo de este 2015 manifestar ante el parlamento o el Senado español será considerado como falta grave y podrá costarle entre 1.001 y 30 mil euros a quien incurra en ese “delito”. También hacerlo de forma espontánea (sin obtener el permiso de las autoridades) en cualquier parte de la ciudad. La mera denuncia de un policía será motivo suficiente para culpabilizar a alguien aunque no existan pruebas concluyentes de su crimen, y si a un ciudadano se le ocurriera grabar en video al agente en cuestión abusando de su autoridad deberá pagar, además, hasta 600 euros.
La ley contempla la prohibición de escraches a figuras públicas (una forma de protesta rioplatense que se ha ido extendiendo en España en los últimos tiempos), así como todo tipo de protestas en el interior de edificios simbólicos, sean éstos públicos o privados, como bancos u hospitales, quedando en manos del juez la interpretación del carácter “grave” o “muy grave” de la infracción. Las multas variarán entre 1.001 y 30 mil euros en el primer caso y entre 30.001 y 600 mil en el segundo.

Movilizarse para detener el desalojo (“desahucio”) de los inquilinos de una vivienda se considerará obstrucción a la autoridad, lo cual será una falta grave penada con hasta 30 mil euros. El mismo castigo será impuesto a aquel que, tras haber sido despojado de su hogar, decida ocupar otro vacío aunque éste pertenezca a un banco o a un fondo buitre.

Por otro lado, los inmigrantes subsaharianos que sean detectados en la línea fronteriza de Ceuta o Melilla podrán ser devueltos “en caliente” a Marruecos por las fuerzas del orden españolas, contraviniendo el derecho de asilo internacional, según denuncian varios líderes de movimientos sociales y Ong. Un detalle muy apropiado a un mes escaso del aniversario de los asesinatos de Ceuta, donde murieron 15 subsaharianos ahogados en el mar bajo los disparos de balas de goma efectuados por la Guardia Civil española, un caso que continúa sin ser investigado y en el que se da prioridad a la versión de “la Benemérita” sobre la de los supervivientes, apoyada esta última por varios testimonios audiovisuales.

ACTO 2: REFORMA DEL CÓDIGO. El 21 de enero, cumpliendo su primer propósito de año nuevo, el Partido Popular aprobó en solitario su reforma del Código Penal que incluye la “prisión permanente revisable” para casos “graves”. Esta medida, que entraría en vigor en 2016, plantea que se pueda revisar la condena de un preso tras 25 o 30 años de cárcel, pero ampara su posible internamiento de por vida por delitos como homicidio terrorista, magnicidio, genocidio, crímenes de lesa humanidad o “asesinatos agravados” (de menores de 16 años, discapacitados, asesinatos múltiples…). En esta reforma se incluyen además varios agravamientos de penas y algo más inquietante: la persecución de mensajes difundidos en redes sociales que inciten al “desorden público”, como por ejemplo que alguien escriba en Twitter: “Hay que tomar el Congreso”. El “infractor”, en caso de tener antecedentes, podrá sufrir una pena de prisión de tres meses a un año.

Así, el Estado policial se refuerza en uno de los países con menor índice de criminalidad pero con la mayor tasa de población penitenciaria de Europa y en el que la estancia media en prisión duplica a la de Francia e Italia y triplica a la de Alemania.

ACTO 3: EL PACTO ANTITERRORISTA. Como culmen de esta escalada está la acción del “Ppsoe” para extraer de la reforma del Código Penal (los socialistas no apoyaban la introducción de la cadena perpetua) los puntos referentes a política antiterrorista. El pacto llega a vulnerar las libertades individuales hasta el punto de penar con prisión todo aquello que pueda ser interpretado como enaltecimiento del terrorismo en Internet, o la mera visita de páginas web consideradas filoterroristas, si las autoridades estiman que se hace con intención de formarse o de integrar bandas de este tipo. También penaliza cuestiones como el contacto con grupos o individuos considerados terroristas, y el entrenamiento o la tentativa de cometer un delito de esta índole. Todo para, en teoría, proteger a los españoles del temido yihadismo, al cual paradójicamente se lleva más de 30 años ayudando a financiar desde el ingreso de España en la Otan. Al firmar el pacto junto a la dirigencia del Psoe, el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, decía: “La unidad es necesaria contra todos los que amenazan el sistema”.

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