«Los proyectos del gobierno van a seguir contra viento y marea. No es una cuestión de ideología. Es la psicología del personaje.» La explicación-pronóstico corresponde al expresidente José Mujica en una entrevista concedida al periodístico Legítima defensa en su última edición de diciembre de 2021. Mujica respondía a una pregunta del periodista Leandro Grille sobre el probable escenario político en el supuesto de la derogación de los artículos cuestionados de la Ley de Urgente Consideración (LUC). «Tengo mucho miedo de lo que va a pasar en Uruguay», confesaba Mujica.
Si la psicología del personaje –Luis Lacalle Pou– resulta en la justificación de una obstinación y cierta soberbia, quizás resultado de la herencia familiar, el consenso y el alineamiento sin fisuras de los principales jerarcas sí son producto de la filosofía, lo que explica la identidad de clase entre gobernantes y empresarios: no son aliados, son lo mismo. Ello aplica tanto al ministro de Ganadería, Fernando Mattos, cabañero él, como al presidente de ANTEL, Gabriel Gurméndez, exgerente del Aeropuerto Internacional de Cancún y del Grupo Aeroportuario del Sureste, vinculado al empresario Carlos Slim, dueño de Claro; al ministro de Industria, Omar Paganini, exdirector de Paylana; al ministro de Transporte, José Luis Falero, empresario de transporte de carga; a la ministra de Economía, exconsultora sobre gestión de deuda externa para el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
La armoniosa sintonía entre gobierno y empresas tuvo ocasión de materializarse repetidamente en las últimas semanas. «No entró ningún policía con un palo a sacar gente», dijo Luis Lacalle cuando la Guardia Republicana dejó expedito el paso a través de una de las entradas al puerto, donde obreros del transporte de cargas manifestaban sus reclamos salariales y de trabajo con sentadas que impedían el acceso. Cierto, no hubo palos (ni perdigones, como los que hirieron a un trabajador de COPSA en Tres Cruces), pero los manifestantes fueron quitados del medio como bolsas de papas. «Que protesten con sus pancartas, pero ¿cortar el ingreso a un trabajador que quiere hacer su jornal? No», puntualizó el presidente.
El mensaje fue inmediatamente registrado por los empresarios de la Cámara de la Industria Frigorífica: uno de sus principales socios, el grupo Marfrig, de origen brasileño, que controla cinco plantas frigoríficas en Uruguay, decidió adelantar los pagos de una bonificación a los trabajadores no agremiados, que no habían acatado los paros resueltos por el sindicato durante el extenso conflicto de noviembre pasado. En su momento, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, se sorprendía porque los trabajadores no aceptaban una oferta «en extremo generosa» de la patronal, que el Poder Ejecutivo pretendió poner a votación en una asamblea. La Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines (FOICA) respondió que los trabajadores no votaban en sus asambleas mociones que no hubieran presentado ellas, y el conflicto continuó, para desespero del ministro Mattos, preocupado por la fluctuación de los precios del ganado gordo, que permanecía en los corrales dilatando su existencia.
Cuando finalmente se llegó a un acuerdo, Marfrig aplicó el criterio presidencial y decidió privilegiar a los carneros. La bonificación de 25 mil pesos sería pagada en tres cuotas, la primera en diciembre y las otras dos en el correr de 2022, pero para casi un tercio de sus trabajadores fue abonada íntegra en diciembre. La FOICA calificó la decisión de medida antisindical y detonó nuevos paros en protesta.
La industria frigorífica acumuló ganancias históricas durante 2021. Las exportaciones de carne crecieron 55 por ciento en comparación con 2020 y alcanzaron 2.449 millones de dólares, pese a la crisis sanitaria. Además, aumentaron 37 por ciento con respecto a 2019. «Los volúmenes colocados en 2021 totalizaron 420 mil toneladas. Por su parte, el precio internacional de la carne está en valores excepcionalmente altos», explicó Uruguay XXI. En ese contexto de bonanza, la imposibilidad de lograr un acuerdo en las negociaciones colectivas precipitó el conflicto, porque no es de esperar que las transnacionales se vuelvan generosas porque ganan más.
Lo mismo con las pasteras: «Las ventas de celulosa llegaron a 1.575 millones de dólares en el año. El precio promedio alcanzó 562 dólares por tonelada, subiendo 39 por ciento frente al promedio de 2020», según las estadísticas de Uruguay XXI. El desempeño extraordinario de las empresas forestales fue debidamente acompañado por dos medidas presidenciales vinculadas: el decreto 405/021, que modifica el criterio para establecer las áreas de explotación forestal, y el veto del Poder Ejecutivo a la ley presentada por Cabildo Abierto y votada junto con el Frente Amplio para restringir dicha área.
El decreto fue presentado como una supuesta alternativa para evitar la sanción de la ley, pero, curiosamente, con el pretexto de atender a ciertas exigencias ambientales, autoriza a aumentar el territorio forestable hasta un 25 por ciento del territorio nacional. El pase de mano fue posible gracias a la introducción de una norma del Departamento de Agricultura de Estados Unidos sobre clasificación de suelos, que desplaza el viejo criterio del índice Coneat. La resolución fue más allá de las expectativas que pudieran tener los empresarios de la industria forestal, en primer lugar, Montes del Plata y UPM, y sobrepasa los límites a los que se había atrevido el padre del actual presidente, el expresidente Luis Alberto Lacalle, que en su momento modificó el índice Coneat para que algunos suelos, incluidos sus propios terrenos, pudieran beneficiarse de las exoneraciones aplicadas a la forestación. En este sentido, padre e hijo comparten un mismo criterio, solo que el vástago parece libre de volar más alto.
El decreto 405/021 no impidió la sanción de la ley, de modo que Luis Lacalle fundamentó el veto en que «el texto aprobado por el Parlamento vulnera los derechos de propiedad, libertad y trabajo establecidos en la Constitución». Con vía libre para forestar más, es posible presumir que las pasteras multiplicarán más los beneficios que remiten a sus casas centrales y también que se podrán multiplicar los riesgos de eventuales incendios, como los que se vivieron en los últimos días.
Las grandes ganancias obtenidas por los productores forestales dejaron en el olvido algunas responsabilidades. «Entendemos que las empresas dejaron de aplicar algunas de las prácticas que usualmente se verificaban, y claramente hubo cuestiones de limpieza, de cortafuegos, de despejes, de áreas libres», admitió el ministro de Ganadería. «Vamos a insistir desde el MGAP [Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca] en la aplicación de mayores controles a través de la Dirección Forestal», propuso. El presidente Lacalle fue más escueto: «Llegamos tarde», dijo, sin explicar a dónde ni por qué.
La irresistible inclinación por beneficiar a las grandes corporaciones se aprecia también en las disposiciones de la LUC sobre la «portabilidad numérica», que permite mantener el número del celular y, a la vez, cambiar de empresa telefónica. La norma entrará en vigor el próximo 16 de enero si para entonces la justicia desestima el pedido del sindicato de los trabajadores de ANTEL de «suspender inmediatamente y de forma transitoria el proceso de implementación de la portabilidad numérica y su puesta en vigencia, hasta tanto se realice la votación ciudadana en el referéndum contra la ley 19.889 [LUC]». El sindicato sostiene que no existen razones de «urgencia» para el «bien común», salvo «la urgencia que puedan tener las empresas extranjeras que son competencia de ANTEL para captar su clientela». Pero, como dijo el presidente, «solo se está aplicando lo que la ciudadanía votó». Por las dudas, y confirmando las premoniciones de Mujica, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, ratificó a los jóvenes del Partido Nacional que «no hay nada más importante para el gobierno, la coalición y el partido que defender con uñas y dientes la voluntad popular de cambio que la gente votó. Les vamos a dar la batalla, no solo porque estamos convencidos de que es una buena ley, sino porque es un impulso para lo que venga».
La frutilla en la torta fue el reconocimiento de la revista financiera The Banker a Azucena Arbeleche como «ministra de finanzas del año en las Américas, por su gestión en Uruguay». Uno de los logros de la ministra es el ahorro de 650 millones de dólares en dos años, producto de la reducción de la masa salarial de los funcionarios públicos que, según el senador Daniel Olesker, perdieron debido al ajuste por debajo de la inflación.
Insólitamente, la popularidad del presidente no se resiente en la misma medida; sigue por encima del 50 por ciento. El apoyo de los empresarios, en cambio, trepa al 94 por ciento.
