La votación había sido suspendida en junio tras el surgimiento de disensos entre los socialistas que hacían temer a sus promotores un rechazo del acuerdo (véase Brecha, 12-VI-15). En las semanas transcurridas, la “Gran coalición”, como se llama a la entente entre socialdemócratas y conservadores, se aseguró que los refractarios no llegaran a representar un peligro. Sólo 50 socialistas (todos los belgas, ninguno español) se sumaron al Grupo de la Izquierda Unitaria Europea, los Verdes y el Movimiento Cinco Estrellas de Italia en el rechazo al Ttip, que por otras razones tampoco acepta la extrema derecha.
Socialdemócratas, liberales y conservadores desecharon, por falsas, según dijeron, las alegaciones de quienes sostienen que el tratado sólo será favorable a las grandes empresas trasnacionales. La “negociadora en jefe” del acuerdo por la Comisión Europea, Cecilia Malmström, comisaria de Comercio del organismo, llegó a decir que “el Ttip es la negociación más transparente que se haya producido hasta ahora en un acuerdo de comercio bilateral”, contradiciendo a quienes lo presentan como un tratado semiclandestino del que ni los eurodiputados conocen todos sus términos (sólo pueden acceder a fragmentos de los documentos negociados y durante el corto lapso de una hora en el que se les permite leerlos, bajo estrictas condiciones de confidencialidad y únicamente en inglés). Malmström sostiene también que el texto acordado “es un modelo de protección al sector público, que asegurará la vigencia de los estándares laborales y ambientales europeos” y generará “cientos de miles de puestos de trabajo” en el continente. Lo mismo aseguraba Estados Unidos cuando promovió el Nafta con México y Canadá “y todos hemos visto cómo, en lugar de crear, destruyó fuentes de empleo y arrasó con las escasas normativas ambientales que había en Canadá, por ejemplo”, objetó la eurodiputada de Izquierda Unida de España Marina Albiol, integrante del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea (Gue). El único avance que los críticos al Ttip reconocen que se ha producido en las últimas semanas en Europa, precisamente bajo presión de organizaciones sociales, es la decisión de los negociadores de reemplazar la norma Isds, una disposición que se incluye habitualmente en los tratados de libre comercio, que tiende a blindar a las empresas frente a los estados en caso de litigios. Según el acuerdo al que llegaron socialistas y conservadores, se intentará convencer a la parte estadounidense de la conveniencia de que en vez de recurrir a una instancia dependiente del Banco Mundial, que por lo general falla en favor de las empresas, se lo haga ante un tribunal integrado por “jueces independientes” que “no antepongan los intereses privados a los públicos”. En la propia Bruselas son escépticos respecto a que Washington acepte esta transa. “Los defensores del Ttip saben que Estados Unidos nunca aceptará dejar de lado la cláusula Isds. Es una maniobra para decir ‘lo intentamos’ y luego terminarán cediendo. Es lo que siempre hacen los socialdemócratas”, dijo la eurodiputada española Lola Sánchez, integrante de Podemos, también adscrito al Gue.
Otro tratado que sigue su curso en Europa es el Tisa, el acuerdo de libre comercio en el sector servicios que involucra a 50 países (Uruguay participa en las reuniones) del que Wikileaks ha ido revelando documentos, a través de medios como Brecha, que demuestran cómo también favorece a las grandes empresas. El Tisa, como el Ttip, destacó otro eurodiputado español, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, “atenta directamente contra los derechos fundamenales de los ciudadanos europeos y sobre todo atenta contra la soberanía nacional de los Estados miembro”. El Tisa, indicó Iglesias, trata además a los servicios únicamente como mercancías comercializables y niega todas sus funciones sociales, culturales, medioambientales, laborales o de desarrollo. “La gente no es considerada en tanto ciudadanos o miembros de sus comunidades, sino simplemente como consumidores”, dijo.