La «sorpresiva» decisión del gobierno de suspender el Sistema Integral de Control de Transporte de Cargas volvió a generar polémica tras un fatal accidente en los accesos de Montevideo. Los trabajadores del sector entienden que esa decisión obedeció a presiones de parte del sector empresarial, que se resiste a cumplir con los controles de un negocio que mueve algo más de 14.000 millones de dólares anuales y que representa una evasión calculada en unos 500 millones de dólares al año.