Treinta años y un día. Ese es el tiempo que lleva extendido el manto de la impunidad para los crímenes del terrorismo de Estado en este país. O más, si contamos desde el día que el pacto del Club Naval vio la luz, en 1984. Aquel 16 de abril de 1989, cuando el voto verde perdió –ese que quiso derogar la caducidad de la pretensión punitiva del Estado para los crímenes cometidos en dictadura por el propio Estado–, Uruguay selló la impunidad. No hubo verdad. No hubo justicia. Y por muchos años pareció que tampoco memoria.