Todo comenzó cuando en febrero se intensificaron las protestas en el departamento de Cochabamba, Bolivia, para que el monto de las pensiones de las personas con impedimentos físicos aumentaran en correlación a los incrementos en los precios de los alimentos y medicamentos. En el país del altiplano las manifestaciones se hicieron oír con cortes de rutas y huelgas de hambre, junto al reclamo de que el bono de asistencia alcance los 72 dólares mensuales, hoy en la mitad. Pero la falta de respuestas por parte del gobierno radicalizó paulatinamente el conflicto, y es por eso que las sillas de ruedas han sido las protagonistas en los últimos días, “adornando” el paisaje urbano colgando de un puente –con sus usuarios discapacitados sentados en ellas–, como parte de su lucha. “Hemos mandado cartas para poder dialogar y hasta el momento no tenemos ninguna respuesta. Por ese motivo nos encontramos nuevamente en el puente viaducto para nuevamente hacer nuestra protesta”, declaró la dirigente de la Asociación Kanata Integral de Personas con Discapacidad Rosemary Guarita, participante de esta atípica movilización.
Suspendidos del viaducto en la carretera Blanco Galindo, los manifestantes llevan varias semanas presionando para que el subsidio estatal se duplique. “Estaremos hasta que nos escuchen, lo que pedimos es lo que nos corresponde por derecho. Mientras no haya diálogo nosotros no nos movemos del puente”, afirmó Guarita, quien luego de permanecer colgada con su silla durante ocho días sin obtener señales del gobierno, decidió “crucificarse” junto con otros discapacitados (son atados a columnas o rejas, de pie y con los brazos extendidos). Hasta el momento la respuesta que han recibido del gobierno es que ya se han destinado alrededor de 870 millones de pesos bolivianos a los minusválidos; por su parte los huelguistas sostienen que ese dinero ha resultado insuficiente e ineficaz al haber sido dividido entre proyectos de colaboración para personas con discapacidad (que no han sido útiles) y pagos mensuales. Guarita lamenta la falta de atención hacia el sector, a pesar de sus intentos de comunicarse con el Ministerio de la Presidencia, la brigada parlamentaria y la Gobernación: “No respondieron a las cartas, salvo el gobernador Iván Canelas, quien aseguró que el tema no es de su competencia, sino del nivel nacional”. Ante esta situación las protestas se extendieron a otros puntos como Oruro, El Alto, Potosí, Trinidad y Tarija, y ya se planifica una caravana de sillas de ruedas hacia La Paz en marzo.
Actualmente en Bolivia hay unas 388 mil personas con algún tipo de dificultad física permanente, según información de la Defensoría del Pueblo, y unas 52 mil que poseen el carné oficial. Números que muestran la dimensión de este colectivo, un grupo humano que lucha por sus derechos, y que mientras no haya soluciones, ni bajan los brazos, ni se bajan del puente de Cochabamaba.