Los nombres completos del padre abusador y la madre cómplice repicaron en radios, portales informativos y canales de televisión de Maldonado y Montevideo. Tras cartón, una vecina indignada por la aberración posteó una foto de la pareja en Facebook y casi 700 usuarios la compartieron, con variopintos comentarios al pie. Fue como colgarle un cartel a la víctima, una adolescente de 13 años cuya situación nadie sospechaba, según revelaron a Brecha trabajadores sociales y educadores del centro juvenil al que asistía desde niña junto a varios hermanos. La justicia actuó rápido: envió a los progenitores a la cárcel y dispuso que los hijos pasaran a vivir con una hermana mayor, en otra ciudad. Atrás quedaron los amigos, los compañeros de clase, vecinos, conocidos y pueblerinos en general, todos enterados de quién era la víctima a través de la prensa y las redes sociales. Eso, lo de quedar expuesta frente a todo el mundo, no debió ocurrir.
Los referentes y expertos de organizaciones sociales, organismos estatales y de la Unicef consultados por Brecha coincidieron en cuanto a las graves consecuencias de estas acciones. “El escrache público de los agresores puede parecer importante para algunas personas. Pero tiene que hacerse valer uno de los principios rectores de las diferentes normas nacionales y tratados internacionales ratificados por Uruguay, que es el interés superior del niño o adolescente, la protección de su identidad y su intimidad”, señala Andrea Tuana, directora de la asociación civil El Paso e integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. La experta sostiene que la experiencia traumática de haber sido sometido sexualmente por un familiar se agrava cuando éste es identificado públicamente. “Eso genera un sentimiento de vergüenza, de culpa y de indefensión en su víctima, porque ahora el daño no sólo lo provoca la familia sino también la mirada social, muchas veces cargada de morbo y de prejuicios. Muchas de las víctimas, cuando salen de situaciones de abuso sexual, dicen que se sienten manchadas, y cuando la mirada social se coloca en ellas esa mancha se hace visible para todo el mundo. Quedar a los ojos de la sociedad como ‘la abusada’ es dejarla congelada, en un lugar de mucho sufrimiento, complicando su proceso de recuperación”, advierte. Otro efecto secundario es el impacto que se genera en otras víctimas temerosas de hablar: “Si ven que esto es lo que le pasa a alguien que cuenta, obviamente las inhibirá de hacer lo mismo, porque no se sienten protegidas ni tienen garantías de que no les ocurrirá lo mismo”.
POLICÍAS EN OMISIÓN. En este caso la identificación indirecta de la víctima a través de los medios de comunicación se gestó en un parte de prensa de la Jefatura de Policía de Maldonado. El argumento para mencionar a los agresores con nombre y apellido fue que tenían antecedentes penales (en 2014 padre y madre fueron procesados por receptación y venta de artículos robados), por lo cual, a juicio del comando jefaturial, la identificación era “inevitable”. Sin embargo esta acción se da de bruces con el esfuerzo institucional y de las organizaciones sociales por lograr una comunicación con enfoque de derechos. A fines de 2015 la agencia Voz y Vos, especializada en comunicación para la infancia y la adolescencia, lanzó un “Protocolo de comunicación para la Policía”, sobre situaciones de violencia que involucren a niños, niñas y adolescentes, especialmente violencia doméstica, violencia sexual, explotación sexual y adolescentes en conflicto con la ley. El material recoge buenas prácticas e investigaciones, apuntando a la calificación de la Policía en tanto fuente de información. Si bien plantea “diez criterios generales” a modo de recomendación, el protocolo tiene carácter reglamentario. “Hubo una resolución específica del ministro del Interior, adoptándolo como propio. También en la comunicación la Policía está obligada a proteger a niños y adolescentes. No sé cuán conscientes son de esto los policías, pero en la medida que es reglamentario, hay una decisión administrativa de adoptarlo como su guía, y se supone que no adaptarse a él debería de acarrear algún tipo de consecuencia”, estimó la socióloga Paula Baleato, directora de la agencia Voz y Vos, co-redactora del protocolo e integrante de la Coalición por una Comunicación Democrática. No obstante, reconoció que se trata de un enfoque reciente y que aún falta mucho trabajo para sensibilizar sobre la temática tanto al personal policial como a las jerarquías. En este sentido, en febrero la agencia realizó una capacitación de dos días para medio centenar de hombres y mujeres policías de todo el país, fundamentalmente en el área Prensa y Comunicación, Policía Comunitaria y la Unidad Especializada en Violencia Doméstica (Uevd). Ahora negocia la realización de talleres específicos, uno por departamento, dirigidos a los comandos policiales. Entretanto, el “desliz” comunicacional fernandino no ha sido evaluado a nivel oficial porque ningún organismo, organización o ciudadano lo denunció. Pero el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (Inau) está dispuesto a analizar el caso de oficio, indicó a Brecha la directora de Espectáculos Públicos del instituto, Alejandra Pacheco, cuya repartición recibe y procesa casos de vulneración de derechos acaecidos en los medios de comunicación. Incluso el Consejo Asesor en Infancia, Adolescencia y Medios de Comunicación (Caiam), del directorio del Inau –que se reúne desde 2013 mientras se pone en marcha el Consejo de Comunicación Audiovisual creado por la ley de servicios de comunicación audiovisual (Lsca)– podrá convocar a autoridades del Ministerio del Interior y de la Suprema Corte de Justicia para revisar aspectos jurídicos y sugerirle al Inau acuerdos que eviten este tipo de errores en el futuro.
MEDIOS EN LA MIRA. De todos modos, más que en la responsabilidad del Estado por divulgar información reñida con los conceptos estipulados en las normas que protegen a la infancia, los expertos consultados insistieron en cargar las tintas en los medios que replican esa información. “Aunque el dato lo pase la Policía, equivocadamente, el medio o el periodista tiene la responsabilidad de no generar ese nivel de exposición, revictimización y daño profundo en la vida del niño”, advirtió Tuana. Baleato, en tanto, observa un “falso dilema” entre el derecho a la libertad de expresión y la protección de otros derechos, como los de niños, niñas y adolescentes. “Las democracias necesitan una libertad de expresión robusta, pero existe un marco jurídico específico para el tratamiento de los temas de infancia. Los medios no están eximidos de responsabilidad al reproducir información oficial que dañe derechos. No es excusa. Hay que conocer la legislación vigente y además construir una ética según la cual sea posible informar sin violar derechos”, enfatizó.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y la Adolescencia establecen “qué se puede hacer y qué no se puede hacer” al manejar estos asuntos. Pero además está vigente la polémica Lsca, que en su artículo 31 protege el derecho a la privacidad de los más chicos. Prohíbe divulgar “información que los perjudique y pueda dar lugar a la individualización de su persona”, y la “difusión de nombre, seudónimo, imagen, domicilio, identidad de sus padres o del centro educativo al que pertenece, u otros datos que puedan dar lugar a su individualización”, sea en el contexto de hechos delictivos como en circunstancias donde se discutan tutela, patria potestad o filiación.
Para la funcionaria de la Unicef Lucía Vernazza, encargada del área de Protección a la Niñez, aquí se impone la necesidad de apelar al sentido común. Aun cuando se invoque la libertad de expresión, ella entiende que deben primar la ética en la profesión y la reflexión sobre las consecuencias de revelar información dañina para las víctimas. “¿Cuál es el valor agregado de identificarlas, aun de forma indirecta? Cuando se hace un programa de televisión y se muestra la casa del niño o adolescente víctima, cuando se identifica al familiar abusador, ¿cuál es el sentido?”, cuestionó. Así, por fuera de las exigencias legales, existen numerosas guías elaboradas por la Unicef y la agencia Voz y Vos para el tratamiento de la violencia doméstica y asuntos de infancia y adolescencia en los medios de comunicación. Pero también a nivel gremial se apunta a la autorregulación. El Código de Ética de la Asociación de la Prensa Uruguaya (Apu) oficia de guía para los profesionales de la comunicación. Seis capítulos hacen cuestión de proteger a niños y adolescentes en conflicto con la ley o en situación vulnerable. En ese contexto, el código recomienda no proporcionar información que lleve a identificar a víctimas de delitos sexuales, cualquiera sea su edad. Vernazza cree que, con todo, la urgencia por informar y la tendencia a competir por la mayor cantidad de datos bajo el supuesto de que esto generará más impacto en los consumidores (rating) alejan a los profesionales de la comunicación de la reflexión sobre las consecuencias de sus actos. “La Unicef ha trabajado fuertemente para sensibilizar sobre esto a comunicadores y periodistas. Hemos ofrecido seminarios y cursos de capacitación, pero ocurre que, a la larga, siempre asisten los mismos; los que tienen más sensibilidad ante estos temas”, se lamentó. Por eso, como Tuana y Baleato, considera importante que estos aspectos se incluyan en la formación curricular de las facultades de ciencias de la comunicación. Tampoco se trata de hacer periodismo militante: “Los medios son un actor fundamental en la democracia, y tienen que estar a favor de la ciudadanía. No es que tengan que adherir o no a una causa, sobre eso puede haber distintas posturas, sino que tienen que dar elementos para un ejercicio crítico de ciudadanía y de vigilancia de las políticas. Esa construcción de que la información es un bien superior a todo lo demás es discutible y peligrosa. De hecho, cuando el Estado viola una norma el periodista debería denunciar, investigar o poner en evidencia a los organismos que no controlan eso, en lugar de sumarse”, argumenta Baleato.
EDUCACIÓN PARA LOS MEDIOS. Con esta parafernalia de normas y guías de actuación y organismos abocados a la protección de derechos, ¿por qué es frecuente que se vulnere la identidad de los niños y adolescentes uruguayos víctimas de violencia a través de los medios y las redes sociales? Aquí las miradas apuntan a la sociedad, en general. Hay una necesidad de profundizar el cambio cultural respecto de la concepción tutelar que –pese a los avances– subsiste en la población. Es decir, lograr que por fin se considere a niños y adolescentes como personas con derechos y no como objetos sobre los cuales los adultos deciden a su antojo. Pero además las expertas creen importante combatir la desinformación ciudadana respecto de sus propios derechos ante la forma cómo deben manejarse los medios, y dónde denunciar la vulneración de identidad que puedan cometer. Un dato relevante es que el Inau actúa “casi siempre” de oficio, o porque un experto o una organización acerca la denuncia. “Muy pocas veces los ciudadanos recurren ante este tipo de situaciones. Por otra parte, tampoco los medios solicitan disculpas por sus excesos, lo cual sería una forma de trasmitir a la población qué es lo que no deben hacer”, dice la titular de Espectáculos Públicos. Alejandra Pacheco reconoce que “hay un canal con la ciudadanía que no está funcionando bien” en cuanto a la sensibilización sobre estos temas y respecto de adónde recurrir cuando se vulneran derechos, incluso en las redes sociales o en manifestaciones públicas, donde –a veces– se portan imágenes de los niños víctimas de abuso. “Tenemos un marco normativo con el que estamos satisfechos, pero debemos pensar que las sanciones ocurren cuando el daño ya está hecho. Además de la judicialización de los casos (prevista en la Lsca), lo que hay que invocar y lograr es enseñanza en los medios y para los medios, para tener la responsabilidad de qué es lo que publicamos y qué es lo que compartimos como consumidores”, puntualiza la jerarca.
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Defensoría de audiencias
La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) jugará un papel importante en esta delicada temática, ya que con la aprobación de la Lsca le corresponde ejercer como defensora de los derechos de la audiencia de las radios y canales de televisión. Esta Defensoría hará un registro de las denuncias que se realicen cuando se produzcan apartamientos a la normativa, dialogará con los dueños de los medios en tales casos y tendrá a su cargo la formulación, implementación y evaluación del Plan Nacional de Educación para la Comunicación.
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