El anuncio de Beijing, el 31 de agosto, de que sólo candidatos que autorice podrán competir en las elecciones de 2017 para conformar el consejo ejecutivo que gobernará esta región autónoma repercutieron rápidamente en Taiwán, con cuestionamientos al presidente Ma Ying-jeou (del Kuomintang) y sus esfuerzos por estrechar la ya importante relación económica con Beijing. El compromiso de “un país, dos sistemas” en el que los británicos basaron la restitución de Hong Kong a China en 1997 era visto como un modelo viable para un progresivo acercamiento entre la isla y el continente, con los lazos económicos como motor fundamental.
De hecho, y aunque las relaciones entre ambas partes vienen mejorando, no hay acuerdo de paz firmado y Beijing mantiene abierta la opción de tomar Taiwán por la fuerza.
A esto se agrega el cuestionamiento propagandístico de abogados tibetanos, mongoles y uigures –regiones de China formalmente autónomas desde hace 60 años– que se enancan en la publicidad que viene teniendo la protesta en Hong Kong en los medios y la opinión pública no china para sumar sus propios reclamos de que se concrete el grado de autonomía prometido y que afirman no se cumplió. Los tibetanos que se prendieron fuego como protesta máxima por la libertad no lograda son 130 en los últimos cinco años, y el líder espiritual en el exilio de ese pueblo, el dalai lama, viene pidiendo una investigación independiente sobre la situación.
Además, en Manila y Singapur se suceden protestas callejeras por la situación en Hong Kong, que deben verse en el contexto de una notoria tensión militar en toda el área por los avances de Beijing en el Mar del Sur de China.
Hasta ahora el movimiento de base estudiantil de Hong Kong, llamado Movimiento del Girasol, logró detener el trámite formal del condicionamiento de las elecciones de 2017 y está reclamando la renuncia del jefe administrativo de la región, Leung Chun-ying, que se opone al cuestionamiento. El alto grado de autonomía de Hong Kong y la independencia de sus poderes político y judicial están garantizados por 50 años según el acuerdo firmado con los británicos y refrendados en la “Ley básica de Hong Kong”, un documento de carácter constitucional. Pero este acuerdo está sujeto a la interpretación del Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo, o parlamento chino, y esa interpretación no ha tenido lugar.
El hecho político es que China está evitando reprimir el mayor movimiento cívico espontáneo desde 1989, cuando los tanques irrumpieron en la plaza de Tiananmen y la imagen del país en el exterior se deterioró al punto de afectar marcadamente su capacidad de interlocución. Por ahora, la política de Beijing viene siendo esperar a que el desgaste de los manifestantes, ya muy marcado, abra otra instancia política en la que sea posible reencauzar el acercamiento con Taiwán, que es su principal objetivo.