El fascismo no es impedir que se diga, sino obligar a decir.” La sentencia es de Roland Barthes, la pronunciό en 1977, cuando entrό al Collège de France.
El Instituto Nacional de Estadística (Ine) fue creado y definido, en Uruguay, por una ley de 1994 que lleva las firmas, por el Ejecutivo, de Lacalle Herrera, Ángel María Gianola, Sergio Abreu, Ignacio de Posadas, Daniel Hugo Martins, Antonio Mercader, José Luis Ovalle, Miguel Ángel Galán, Ricardo Reilly, Guillermo García Costa, Gonzalo Cibils, Mario Amestoy y Manuel Antonio Romay. En un texto de 2005 el jurista Horacio Cassinelli Muñoz comenta esta ley y sostiene que la Constituciόn uruguaya está impregnada de conceptos estadísticos y que la estadística como actividad queda comprendida en su artículo 70, inciso segundo, por el que el Estado se compromete al desarrollo de la investigaciόn científica. Entre otros ejemplos, Cassinelli Muñoz muestra que la Constituciόn recibe explícitamente un concepto estadístico, a saber, el índice medio de salarios.1
A nadie escapa la ligazόn entre la estadística y el Estado con sus estadistas; la nueva ciencia que en el siglo XVIII así aparece nombrada lleva inscripta esa intimidad en su denominaciόn. Sobre esto y sobre las matrices inquisitoriales de la investigaciόn, Michel Foucault dejό trabajos de extraordinaria fuerza esclarecedora.
Tal como se la define corrientemente, la estadística comprende el estudio de la colecta de datos, su análisis, su tratamiento, su interpretaciόn, su presentaciόn ante los no especialistas. Naturalmente, cada uno de estos sencillos términos constituye un buen rompedero de cabeza.
Veamos, por ejemplo, “colecta”, en “colecta de datos”. Para las estadísticas, la colecta de datos suele hacerse a través de encuestas a personas; por cierto, no es la única manera, pero sí es muy usual. Esto significa que, regularmente, un conjunto de personas es seleccionado para responder un cuestionario planteado por, por ejemplo, el Ine. Previsiblemente, dentro de ese conjunto, hay otro constituido por quienes pueden no querer responder al cuestionario. Esta eventualidad no ha escapado al legislador que, al crear el Ine, también previό los mecanismos que aseguran la “colecta de datos”: hay penas para los reacios, como se verá más adelante.
Igualmente, los considerados “datos” son, o deberían ser, objeto de una cuidadosa meditaciόn. Así, por ejemplo, en la encuesta sobre hogares actualmente en curso en el Ine, la pregunta 20 inquiere por “el equipamiento y confort”, lo que incluye aparatos electrodomésticos y electrόnicos, en detallado análisis que abarca televisiόn por cable, por abono, satelital, tipos y modalidades de conexiόn a Internet, etcétera; incluso el cuestionario viene provisto de fotos que permiten identificar un decodificador digital y un decodificador HD con grabador. Entre los variados objetos nombrados para recabar “datos” sobre el “confort” del hogar en ningún momento se pregunta por la existencia de una biblioteca o de libros, ausencia que ilustra sobre el concepto de “confort” que el Estado y la ciencia estadística proponen: para éstos el confort, es decir el bienestar en el hogar, incluye Internet, decodificadores y televisores, pero no la presencia de libros. De igual modo, a continuaciόn de dicha pregunta 20 en la que se inquiere por aparatos electrodomésticos y electrόnicos, en la 21 se pregunta por la existencia de personal doméstico. Esta concatenaciόn de preguntas que coloca al servicio doméstico inmediatamente después de las heladeras (con y sin freezer) y de los servicios de Internet, ¿está colectando datos “científicamente” o está proponiendo cierto ordenamiento social del espacio doméstico?
El carácter problemático de los “datos” que se recolectan aparece también cuando el Ine inquiere sobre “la raza a la que se cree pertenecer” o a la que se cree que pertenecieron los antepasados, proponiendo a elecciόn cuatro “razas”, es decir tres colores (“blanca”, “negra” y “amarilla”) y un acromático “indígena”. Se sabe que, para los estados, el asunto dista de concitar la unanimidad: algunos estados consideran que “hispana” es una raza claramente diferenciada de la “caucásica” y de la “asiática”; otros estados estimaron que las dos grandes razas existentes, por las que valía morir y matar, eran la “aria” y la “judía”. También hay estados que estiman que no hay más raza que el género humano, por lo que prohíben, por ejemplo en las encuestas que ellos mismos realizan, cualquier pregunta o referencia a la supuesta “raza” de una persona.2
En lo que respecta a la opiniόn de los científicos, el consenso (la opiniόn mayoritaria) niega la existencia de razas, por lo que muy difícilmente los científicos asocien “raza” y pigmentaciones de piel o tipos de cabello o formas de labios. De hecho, a mediados de junio se supo que el equipo de Jean-Jacques Hublin, arqueόlogo del Instituto Max-Planck, de Leipzig, y del Collège de France, descubriό en Marruecos restos όseos que hacen retroceder en 100 mil años la apariciόn del Homo sapiens. Cuando le preguntaron al científico qué aspecto habrían tenido aquellos hombres de hace 300 mil años, Hublin respondiό que su rostro no era diferente al de “cualquier persona en el metro”. Como hay que descartar que el científico haya dejado de percibir las variedades de cutis, cabellos, narices, labios, manos, cuellos, pόmulos y orejas que toman a diario el metro, habrá que suponer que este científico especialista en antropología evolucionista, con esa respuesta, está diciendo que esas infinitas variedades físicas, particularmente notorias en el abigarrado metro parisino, no son variedades que funden una diferencia. Entonces, la pregunta por “la raza” propia (o de la nona o de la bobe o del tata) que realiza la ciencia estadística ¿a qué ciencia está obedeciendo? Parece tratarse de una ciencia que, so pretexto de recoger y medir “datos”, produce y legitima lo que después dice estar simplemente colectando; una ciencia que en lugar de interrogar lo obvio (hay “negros”, “amarillos”, “judíos”, “arios”, “caucásicos”, etcétera) lo postula y ratifica.
La problematicidad del “dato”, su flagrante materia ideolόgica, salta a la vista en la Encuesta Nacional de Victimizaciόn que en estos días está realizando el Ine, en convenio con el Ministerio del Interior (MI). Los objetivos estipulados son: “indagar sobre percepciόn de seguridad; determinar la prevalencia delictiva para algunos delitos; estimar la cifra oculta para algunos delitos; caracterizar las actividades criminales; examinar la confianza y el desempeño de instituciones vinculadas a la gestiόn de la seguridad ciudadana”.3 Una búsqueda rápida en Internet ubica en México uno de los antecedentes de esta encuesta: desde por lo menos 2011, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México viene realizando este tipo de encuestas, “dato” que dista de ser un aliciente, vista la situaciόn dramática del país hermano.
Para cumplir con los objetivos planteados, el Ine y sus colegas mexicanos colectan los “datos” asumiendo ideologías bien poco unánimes. En particular, la colecta de los “datos” asume implícitamente un concepto muy restringido de “delito”. Así, estas encuestas consideran “delito”, y su consiguiente “victimidad”, el hecho de haber sufrido el robo del auto o de la cartera, haber sufrido asalto o degradaciόn de la vivienda. Sobre estos delitos los cuestionarios se explayan preguntando cuántas veces el entrevistado fue víctima de algunas de estas modalidades, con cuánta frecuencia, cuántas personas de su familia o cuántos de sus amigos o de sus vecinos o de sus conocidos lo fueron y con qué frecuencia. También preguntan sobre sus previsiones de futuro, sobre las veces que el entrevistado imagina que será víctima de robos del auto, arrebatos de cartera, desvalijamiento de su casa, etcétera.
Como la encuesta declara ser sobre “victimizaciόn”, “delitos” y “percepciόn de seguridad”, luego de brindados los copiosos “datos” sobre el auto robado y la vivienda degradada por grafitis, el entrevistado queda esperando que lleguen las preguntas por otros delitos: estafas, fraudes, vaciamiento de instituciones financieras, malversaciόn de fondos públicos, tráfico de influencias, delitos de iniciado, delitos contra el ambiente, vertidos industriales, empleo masivo de sustancias prohibidas, etcétera. Estas preguntas no llegan, como si los delitos de los que somos víctimas todos los días, de manera colectiva y sin que medie revólver o cuchillo alguno, no fueran suficientemente “delito” ni produjeran suficiente “victimizaciόn”. Igualmente, el eventual encuestado que sabe que “delito” incluye aquellos que son permanentes, es decir, los que siguen produciéndose en este momento, quedará esperando, en esta encuesta sobre “victimizaciόn” y “delitos”, las preguntas por el delito de desaparición forzada o las preguntas por el delito que constituye no investigar y no juzgar los crímenes de lesa humanidad, cuando la ley ordena que se investiguen y juzguen. De los delitos cometidos en el ejercicio del terrorismo de Estado es víctima toda la sociedad, y ésta incluye a cualquier eventual entrevistado por el Ine, susceptible de sentirse no solamente víctima sino también muy inseguro, con tanto delincuente, de ésos, suelto.
De igual modo, el eventual entrevistado que conoce la extensiόn del concepto “delito” quedará esperando que le pregunten si ha sido víctima, él o algún familiar, amigo, conocido o vecino, de los delitos que comete la Policía en sus ansias protectoras de los buenos ciudadanos.
Tal vez la ciencia estadística considere que la victimizaciόn y la inseguridad que producen los delitos cometidos por quienes pueden robar, estafar y malversar –masivamente y desarmados– no son una victimizaciόn y una inseguridad que valga la pena colectar: esa victimizaciόn y esa inseguridad no son “datos”. Tal vez el Estado considere que la victimizaciόn y la inseguridad que producen los delitos que él mismo comete no son una victimizaciόn y una inseguridad que valga la pena colectar, no son “datos”. Sin embargo, ¿es científico proponer y poner en obra un concepto de “delito” y de “victimizaciόn” drásticamente excluyente de los delitos cometidos por delincuentes econόmicos, industriales y financieros? ¿Es propio de un Estado republicano proponer y poner en obra un concepto de “delito” y de “victimizaciόn” que ignora tanto los delitos permanentes antaño acometidos por él mismo como los delitos que hoy comete contra sus ciudadanos?
Los estrechos e hiperideologizados conceptos de “delito”, “victimizaciόn” e “inseguridad” que proponen y despliegan el Ine y el MI pueden despertar resistencias cuando a uno le toca ser fuente de la colecta de esos “datos”. Tanto más que, como se vio más arriba, uno de los objetivos de la encuesta es “examinar la confianza” hacia las instituciones responsables de la seguridad, por lo que se incluyen preguntas acerca de la opiniόn que le merecen al encuestado el MI y su ministro. Si bien hay un compromiso de confidencialidad, la encuesta de ningún modo es anόnima, por lo que en muchos encuestados bien poca gracia ha de causar que sus opiniones sobre el MI y su ministro queden en la confidencialidad que aseguran el Ine y el MI y su ministro.
Las veleidades de resistencia a un cuestionario cuya materia y cuyos presupuestos ideolόgicos, jurídicos, políticos y científicos se rechazan también quedan rápidamente morigeradas por las penas que la ley estipula para quien se disponga a escabullirse de sus deberes de “fuente” de “datos”: la multa mínima asciende a 20 UR, pudiendo alcanzar las 50 UR, y su pago no exime de la obligaciόn de responder al cuestionario.4 Entre 20 mil y 50 mil pesos, y después responda.
El Insee de Francia, antecesor del Ine, desde su creaciόn en 1951 fijό el monto de la multa a los reacios, que hoy asciende a 38 euros (mil pesos aproximadamente). Sin embargo, en dos artículos especializados dedicados al estudio del funcionamiento de la obligatoriedad (uno de ellos titulado “Las encuestas obligatorias: ¿cόmo marchan en Francia?”) se concluye que la sanciόn prevista (38 euros) no es para nada disuasiva y que en la práctica nunca se aplica.5 Claro que los artículos diferencian entre la obligaciόn a la que están sometidas las personas y las que incumben a las empresas.
En Uruguay es difícil conocer el índice de resistencia a las encuestas del Ine, el “dato” no aparece con facilidad. En cambio, es fácil suponerlo, y no sólo por el tan disuasivo monto de la amenaza, sino porque ésta se va escalonando, para que la resistencia vaya cediendo ante el miedo: desde el encuestador que advierte que, vistas las respuestas proporcionadas, se recibirá la llamada del supervisor, hasta la intimaciόn enviada por el servicio jurídico a presentarse en menos de 48 horas en las oficinas del Ine, pasando por conversaciones con supervisores disconformes con, por ejemplo, los muchos “no respondido”.
¿Hasta dόnde puede llegar la violencia del Estado (Ine + MI) decidido a saber, y no cejar, cuántas veces sus encuestados han sido víctimas? Sucediό que, en algún caso de resistencia sostenida, funcionarios sensatos suspendieron la insensatez en curso. ¿Cuántos encuestados están dispuestos a hacer valer su derecho a no responder?
El Estado gobierna por el miedo, derrapando cada vez más hacia el terror, esto no es novedad. Ahora bien, ¿qué sucede cuando el Estado, puesto a “hacer ciencia”, ejerce su violencia sobre quienes eligiό como sus “fuentes”? ¿Qué sucede cuando “la ciencia” del Estado se resume en la celebraciόn de una grosera ideología?
- Disponible en: http://www.unfpa.org.uy/userfiles/informacion/items/292_pdf.pdf
- Por ejemplo, en Francia, la ley 78-17 (1978), relativa a la informática, a los ficheros y a las libertades, modificada por la ley 2016-1321 (2016), dice: “Se prohíbe colectar o tratar datos de carácter personal que hagan aparecer, directa o indirectamente, los orígenes raciales o étnicos, las opiniones políticas, filosόficas o religiosas o la pertenencia sindical de las personas, o que sean relativas a la salud o la vida sexual de éstas”.
- http://www.Ine.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=03e7cb77-d2d1-40e5-bc92-a5471be5ab4c&
groupId=10181 - http://www.dne.gub.uy/documents/112315/4036609/Ley%20N%C2%BA%2016.616%20del%2020.10.94.pdf
- Statistique et société, volumen 4, número 2, octubre de 2016; “Le comité du contentieux”; Courrier des statistiques, número 128, setiembre-diciembre de 2009.