El triunfo electoral de Mauricio Macri en Argentina avivó la insistencia de la derecha chilena en busca de lograr la extradición del ex dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (Fpmr) Sergio Galvarino Apablaza, ciudadano con estatus de refugiado desde hace cinco años.
La justicia argentina, como suele ocurrir, no por independiente deja de moverse al compás de los nuevos vientos políticos que soplan en la Casa Rosada. En febrero pasado el juez Ernesto Marinelli consideró pertinente la presentación del Estado chileno, a instancias de los parlamentarios de la derechista Unión Demócrata Independiente (Udi), para que Apablaza sea extraditado por el crimen del senador Jaime Guzmán en 1991. Esa decisión fue respaldada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo, instancia superior de Marinelli, que habilitó la participación del gobierno chileno en el reclamo.
Este martes 20 llegarán a Buenos Aires los dirigentes de Udi Edmundo Eluchans y el diputado Issa Kort para reunirse con su embajador en el país, José Viera Gallo, y con el equipo de juristas que pugnan por forzar la extradición. El abogado de Apablaza, Rodolfo Yanzón, descarta por imposible la extradición. “El estatus de refugiado otorgado a Apablaza no fue el capricho de un gobierno sino la decisión de un conjunto de instancias en el marco de la Convención Internacional sobre los Refugiados.”
En 2010 la Corte Suprema argentina revocó un fallo del juez federal Claudio Bonadío y habilitó la extradición a Chile, que a su vez fue frenada por la intervención de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare), que otorgó el estatus de refugiado para Apablaza.
Desde el punto de vista político, el gobierno de Macri delegó en la vicepresidenta, Gabriela Michetti, la situación de Apablaza. A fines de 2012 la familia de Jaime Guzmán llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que recién admitió su incumbencia a fines de 2015, ya con Macri en la presidencia argentina. Fijó como fecha tope el 23 de febrero para que el gobierno argentino diera sus explicaciones y la respuesta fue una apertura a encontrar algún tipo de “solución amistosa” entre Argentina y la familia Guzmán. Michetti se comprometió personalmente a trabajar “para que la familia tenga justicia y por eso haremos todo lo posible para que el señor Apablaza se presente ante la justicia chilena”.
“La decisión del juez de primera instancia y la de la Cámara no influyen en la situación del refugiado, pero constituyen un ataque a la Convención de Refugiados y por lo tanto un mal antecedente”, dijo Yanzón a Brecha.
Apablaza fue detenido en un operativo espectacular en la localidad de Moreno, en el Gran Buenos Aires, a fines de noviembre de 2004, a pedido de la justicia chilena. Un viejo miembro de los servicios de inteligencia de los años de la dictadura, Miguel Furci, se había adjudicado parte de la responsabilidad en la detención. En pleno gobierno de Néstor Kirchner, el caso enfrentó al canciller Rafael Bielsa y al ministro del Interior Aníbal Fernández, este último partidario de la extradición. Kirchner inclinó la balanza hacia Bielsa y Apablaza logró, años después, el estatus de refugiado político. No hay antecedentes sobre revocación de asilo político en casos similares a éste. Sin embargo la atención está puesta en cómo se resolverá finalmente la situación.