DGI investiga denuncia que compromete a candidato herrerista de Maldonado
La inquietud de algunos compradores de terrenos en el fraccionamiento Valle di Saronno por eventuales irregularidades en las escrituras de compra de los inmuebles dejó en evidencia un presunto caso de evasión fiscal por parte del precandidato herrerista a la Intendencia de Maldonado Rodrigo Blás, propietario de la inmobiliaria que vendió el fraccionamiento para Javipark SA.
La presunta evasión de impuestos por parte de Javipark SA fue detectada por Gastón Villamayor, procurador y militante de la Vertiente Artiguista departamental a quien un grupo de vecinos acercó su preocupación por una eventual estafa en la venta de terrenos del fraccionamiento Valle di Saronno, ubicado en el barrio Lausana, por parte de Blás Propiedades. El caso le llegó porque después de haber firmado las escrituras varios compradores advirtieron que podían tener serios problemas en el momento de pagar el impuesto a la renta de las personas físicas (irpf), por permitir que en los documentos figurase un valor muy inferior al precio real del inmueble. Es que el irpf por la venta del terreno se calcula sobre la diferencia entre el valor que tenía y el que alcance en la venta. Para el vendedor del fraccionamiento el negocio es el siguiente: si compró un terreno a 10 mil dólares y lo vende por 26 mil tendrá que pagar impuestos sobre esos 16 mil que son la diferencia; pero si los terrenos figuran como vendidos en 46 mil dólares (su valor real) debería pagar impuestos por los 36 mil ganados. Ahora, si quien compró el terreno a 46 mil pretendiera venderlo luego a 50 mil, por ejemplo, tendría que pagar irpf por una diferencia de 24 mil dólares en vez de por 4 mil, porque en las escrituras figuran a 26 mil. Por esta causa, varios compradores presionaron al agente inmobiliario para que regularizara la situación, amenazándolo con iniciar una denuncia penal, otra administrativa ante la dgi y una demanda por incumplimiento y daños y perjuicios contra Javipark sa (Blás Propiedades).
Durante ese proceso dieron con el abogado Federico de Castellet, quien en principio estuvo de acuerdo con entablar estas acciones legales pero luego sugirió a sus patrocinados alcanzar un arreglo con Blás, por el cual él se llevaría una comisión.
Ese acuerdo se logró hace aproximadamente una semana entre Javipark sa y siete compradores de 12 terrenos. Sin embargo, el acuerdo incluye cláusulas que prohíben a los suscriptores mencionarlo a otras personas, y los obliga a negar toda situación irregular en caso de ser consultados al respecto. Si violaran ese pacto sufrirían una multa de 10 mil dólares.
No obstante, los detalles del convenio figuran en un correo electrónico que el abogado De Castellet envió el 10 de febrero a los vecinos compradores y que trascendió antes de que las partes rubricaran la confidencialidad del asunto, por lo cual se entiende que queda fuera de la confidencialidad. Ese documento fue adjuntado a la denuncia de Villamayor ante la dgi.
En el mail De Castellet explica que la empresa está afín a “ajustar” la diferencia entre el precio real de compra (40 mil dólares en algunos casos) y el precio menor que se puso en la escritura de compraventa (que ronda los 25 mil dólares). En tal caso, el comprador recupera 15 mil dólares de la diferencia y entrega el 15 por ciento de ese monto por concepto de honorarios al estudio del abogado patrocinante.
En tanto, quienes están comprando el terreno en cuotas por su valor real podrán pagar sólo el precio fijado en la escritura de compraventa, se les levantará la hipoteca a cambio de 1.000 dólares y se les otorgará carta total de pago.
El denunciante estima que si Javipark evadió tributar sobre un promedio de 15 mil dólares en los 108 terrenos vendidos en Valle di Saronno, “estaríamos hablando de una evasión no inferior a los tributos correspondientes a 1.620.000 dólares”.
Con este pacto, rubricado en los términos de marras, Blás logró calmar a los vecinos y desactivar sus planes de denuncia judicial, que habrían desatado un escándalo justo en el inicio de su campaña proselitista hacia la Intendencia de Maldonado, acompañando al precandidato presidencial Luis Lacalle Pou.
Sin embargo, existe otra documentación que, tras la denuncia de Villamayor, permitiría a la dgi establecer si evadió al fisco. Aun descartando información que comprometería a los compradores, otras personas adquirieron su terreno y no lograron ese acuerdo confidencial. Podrían ser citados a declarar.
Por otra parte, el denunciante remarcó que en el Banco Hipotecario del Uruguay (bhu) se encuentran boletos de reserva firmados por Blás para algunos de los terrenos, propiedad de los firmantes del convenio, en los cuales consta el valor real pagado por el terreno. “A éstos se les levantará la hipoteca, dejándoles el terreno como pago, por lo cual tal levantamiento deberá aparecer en el Registro de Traslación de Dominio, del Departamento de Maldonado”, sugiere Villamayor.
Consultado por Brecha, Villamayor precisó que su denuncia no implica una acusación sino una puesta en conocimiento de la dgi de un hecho que, a su juicio, tiene indicios de una evasión fiscal que podría rondar el millón de dólares. Aclaró, además, que accionó a título personal y no de su agrupación política, a la que se afilió hace tres años, tras militar desde los 16 en el Frente Amplio.
OTRO ASUNTO DUDOSO. Villamayor trabajó el tema desde diciembre pasado, cuando se enteró de otras situaciones de apariencia anómala, ajenas a la presunta defraudación tributaria. Hurgando en el expediente del fraccionamiento (número 2010-88-01-15507, del 17-XI-10), descubrió que fue aprobado “en tiempo récord en la Junta Departamental”. Pero además al menos hasta la semana pasada el fraccionamiento no contaba con las actas notariales que certifican la cesión de un porcentaje de terreno como bien público (destinado a plazas y calles, generalmente) a la que están obligados estos emprendimientos.
Antiguamente la División de Agrimensura y Catastro entregaba los planos sellados del fraccionamiento, sin actas notariales que comprometieran a las empresas a efectivizar esa cesión. Esa manera de operar permitía que la ubicación de esos espacios públicos quedara librada al azar, con riesgo de que fueran ocupados –aun figurando en los planos– o no se entregaran nunca, embarcando a la Intendencia en engorrosos procedimientos jurídicos para recuperarlos. Hace unos años se resolvió que todos los fraccionamientos tienen que contar con actas notariales para obtener sus planos sellados. Pero en este caso, según consta en el expediente, Agrimensura y Catastro entregó los planos sin que se cumpliera esta nueva política de la administración comunal. Habiendo notado lo que podría ser un error, dos meses después esta área pidió a la División Notarial que intimara a Javipark a firmar las actas de cesión, pero la empresa nunca se presentó y el expediente fue, curiosamente, archivado. Enterada del hecho, la directora de Asuntos Legales, María del Carmen Salazar, solicitó una nueva intimación a la empresa, que esta vez se presentó de inmediato y justamente esta semana comenzó los trámites para cumplir con este requisito. Según supo Brecha, esta situación llevó a la directora a ordenar la revisión de todos los nuevos fraccionamientos del departamento para constatar si existen esas actas de cesión de terrenos emitidas por el área Notarial. Tal relevamiento todavía está en proceso.
En tanto, la denuncia de Villamayor pasará ahora al Departamento de Fiscalización de la dgi, que deberá determinar si existen indicios suficientes como para iniciar una investigación.
El trayecto de Blás
Sin misterios
Rodrigo Blás tiene 44 años, es edil de la Junta Departamental de Maldonado desde 1994 y un pujante operador inmobiliario. Desde noviembre pasado es precandidato a la Intendencia de Maldonado por la agrupación nacionalista Unión y Cambio, que fundó junto a otros conocidos políticos departamentales bajo el ala del precandidato presidencial Luis Lacalle Pou. Nacido a la política en Por la Patria junto a Miguel Ángel Galán, milita desde hace más de diez años en la lista 23 del Herrerismo junto al ex diputado Ambrosio Rodríguez.
Durante su acto de proclamación, en noviembre pasado, Blás dijo que cree “profundamente y cada vez más en las transparencias de la gestión”, y prometió una gestión comunal “abierta a propios y extraños, sin ocultamientos, sin misterios ni secretos”. También abogó por un “urgente cambio necesario a favor del contribuyente de Maldonado, principal olvidado en los últimos diez años de gobierno municipal frenteamplista. (…) El que tiene el derecho sagrado de ver cómo sus impuesto se devuelven en obras para él y para la comunidad”.
Negativo
Consultado sobre el caso, Blás precisó a Brecha que es apoderado de Javipark sa, que no es propietario ni participa en la sociedad, por lo cual no interviene en las relaciones entre el vendedor y el comprador. Enfatizó que él administra la propiedad y actúa como intermediario. Si bien admitió que existió un acuerdo confidencial con nueve propietarios, aseguró que el documento no tiene vínculo alguno con los aspectos tributarios denunciados ante la dgi. Negó, asimismo, haber tenido diálogo con los compradores sobre ese tema y aseguró que no conoce personalmente al doctor Federico Castellet –patrocinante de los compradores–, aunque sí a otros abogados del estudio donde éste trabaja.