Política 3098
¿Salvar qué?
Autor: Gabriel Delacoste¿Cómo se organiza una cuarentena? No es una pregunta sencilla desde el punto de vista económico. La crisis ya es un hecho, y el miedo a los efectos de una bajada brusca de la actividad económica es, en todo el mundo, uno de los principales obstáculos para tomar las medidas drásticas que la pandemia exige. Uruguay no es distinto.
La pregunta que desnudó al emperador
Autor: Soledad Castro LazaroffAcerca de las declaraciones de Luis Lacalle Pou sobre los femicidios.
Casi todo bajo sospecha
Autor: Mónica RobainaLa llegada y propagación del patógeno determinó medidas sanitarias que se juzgan adecuadas, aunque todavía insuficientes. También, está dando la oportunidad para un examen desafiante de las capacidades existentes. El mundo ofrece ejemplos, la región, alguna amenaza y los especialistas consultados, aliento.
Las patas a la sota
Autor: Víctor Hugo AbelandoLa falta de un rumbo claro ante la apreciación del dólar, la suba de las tarifas públicas y el incremento del Iva –a través de la rebaja de los descuentos a ese impuesto por el uso de las tarjetas de débito y crédito– son los factores que delinean un escenario complicado para la economía uruguaya.
“Un montón de gente se va a perjudicar”
Autor: Sofía KortyszCon el exdirector de la OPP, Álvaro García.
Un aliado interesado
Autor: Mónica RobainaBeraca se jugó por Antía y partió al sartorismo en Maldonado.
Vuelta al ruedo
Autor: Mauricio PérezUruguay otra vez en el TIAR; el Comando Sur se despliega en América Latina.
Llegada tardía
Autor: Sofía KortyszLa transición o su ausencia en algunos ministerios y servicios descentralizados.
Las libertades no se negocian
Autor: Lourdes RodríguezEl anteproyecto de la Luc busca incorporar en la legislación uruguaya el denominado “derecho al olvido”. Los antecedentes de su aplicación son controvertidos, entre otras razones, porque se ha utilizado como una forma de censura a los medios de comunicación. Además, es una herramienta que ha sido aprovechada por políticos y empresarios para limpiar pasados comprometedores con la excusa de proteger su privacidad. De aprobarse sin cambios, los privados decidirán, por encima del Poder Judicial, qué información debe circular y cuál no. Por otra parte, el modelo europeo que el gobierno electo pretende replicar en Uruguay no parece encajar en la jurisprudencia latinoamericana de derechos humanos ni en el modelo de negocios que las plataformas de Internet tienen por estos lares.1