Arde Francia

El gobierno de François Hollande decidió prohibir dos manifestaciones sindicales –una medida sin precedentes en más de cinco décadas– ante el crecimiento de la protesta social. El Partido Socialista continúa corriendo hacia la debacle.

Represión policial durante las protestas contra la reforma laboral / Foto: AFP, Dominique Faget

Francia estalla por todos sus costados. Primero que nada por la protesta social, que está alcanzando niveles propios de otras épocas: hace varios meses que los sindicatos están en la calle, protagonizando gigantescas marchas (la última fue hace unos pocos días) contra la reforma laboral del gobierno de François Hollande, mientras la parisina Plaza de la República permanece ocupada por jóvenes en el marco del movimiento La Nuit Debout (véase informe en Brecha, 20-V-16). Las protestas se han manifestado en particular en huelgas en el sector del transporte, que han paralizado varias ciudades. En paralelo, la Eurocopa de fútbol ha vuelto a lanzar a las calles francesas hordas de hooligans. Para completar el panorama, el yihadismo golpeó una vez más en territorio francés: un “lobo solitario” que se declaró militante del Estado Islámico mató hace un par de semanas a una pareja de policías, degollando a la mujer delante de su hijo y filmando el acto, que subió al instante a una red social. Lo menos que se puede decir es que Francia está perturbada.

MANIFESTACIONES PROHIBIDAS. El gobierno no ayuda precisamente a superar esa perturbación. Por el contrario, la alimenta. Acaba de decidir, por ejemplo, prohibir las manifestaciones callejeras, amparándose en el estado de emergencia vigente desde los atentados de noviembre pasado y con la excusa de que en las últimas marchas sindicales, fundamentalmente una llevada a cabo el martes 14, hubo enfrentamientos violentos con la policía. Nunca, desde 1962, cuando la guerra de Argelia, un gobierno había tomado una medida similar.

La decisión se veía venir. Las principales figuras del Ejecutivo, sobre todo Hollande, el primer ministro, Manuel Valls
–calificado de “neoliberal” por los sindicatos y las formaciones políticas situadas a la izquierda del gobernante Partido Socialista–, y el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, habían advertido que no estaban “dispuestos a seguir tolerando actos de violencia”. En un intento de “conciliación”, según dijeron, los tres llamaron por distintas vías a la principal central sindical del país, la Cgt, históricamente cercana al Partido Comunista y protagonista central de las últimas manifestaciones, a “autocontenerse” y suspender la convocatoria de un par de manifestaciones previstas para el miércoles 22 y para ayer jueves. Una negociación desarrollada entre Cazeneuve y el secretario general de la Cgt, Philippe Martínez, no llegó a buen puerto. Además de defender el derecho a la protesta social y a manifestar, Martínez señaló que el gobierno se equivocaba al negociar únicamente con él, ya que las marchas habían sido convocadas no sólo por la Cgt sino también por otras seis centrales sindicales y federaciones estudiantiles. El Ejecutivo respondió que quienes habían generado “actos violentos” en días anteriores eran “elementos” cercanos a la Cgt, y adujo que “no estaba en condiciones” de brindar “seguridad a las personas y a los bienes materiales” porque buena parte de los efectivos policiales y militares disponibles habían sido “desplegados en el conjunto del territorio” para prevenir “posibles atentados terroristas” durante la Eurocopa. Puras excusas, retrucó la Cgt. El tira y afloje terminó con la decisión del gobierno de “instruir” a la Prefectura de Policía de París a no autorizar ninguna de las dos marchas. Sólo permitió una concentración sin manifestación para el martes 28, limitada al espacio de la capitalina Plaza de la Nación. Sin embargo, a poco de hacer pública su decisión y luego de constatar las reacciones adversas de la totalidad de las centrales sindicales –incluida la oficialista Cfdt– y de varios legisladores y ministros del propio Partido Socialista, así como de la ultraderecha, que aprovechó para sacar partido del nuevo bluf del Ejecutivo, las autoridades dieron un pasito atrás: el martes 28 podrá haber finalmente una manifestación, desde la Plaza de la Nación hasta la de la Bastilla (separadas por algo más de un quilómetro), bajo estrictas medidas de seguridad, eso sí.

DERECHIZACIÓN. Manuel Valls es acusado, incluso desde dentro del socialismo, de encabezar el suicidio del partido, orientando al gobierno cada vez más a la derecha y tomando decisiones que más que resguardar la seguridad del país funcionan como un llamado a la desobediencia civil. No por nada varios medios de prensa lo han catalogado de “piromaníaco”, aludiendo a su forma de llevar adelante la “ley del trabajo”, rechazada por más del 60 por ciento de la población, de acuerdo a coincidentes encuestas.

Ninguna de las siete centrales sindicales y estudiantiles que convocaron a las manifestaciones de esta semana está dispuesta a aceptar que el gobierno limite su derecho a la libre expresión, y todas ellas consideran abusivo acusar a la Cgt de cobijar a “elementos violentos”. Todas coinciden además en responsabilizar a la policía de los actos de violencia que se han sucedido en marchas recientes, por la desproporción con que actuó para dispersar a grupos de jóvenes, las tácticas que utilizó, y su probado recurso a provocadores. La Federación Nacional de Trabajadores Portuarios y Estibadores, de la Cgt, expresó en un comunicado “su indignación” por la generalización realizada por funcionarios del Ministerio del Interior al mezclar sindicalistas con terroristas. “Es una falta de respeto con los trabajadores que no hacen más que defender sus derechos”, dijo el sindicato, que tuvo una notoria presencia en la manifestación del 14 de junio. Los trabajadores portuarios se preguntaron por qué en esa ocasión las fuerzas policiales dejaron actuar sin chistar a presuntos “extremistas”, que atacaron comercios, autos y hasta la fachada de un hospital de niños con total libertad. “¿No será que lo hicieron para intentar desprestigiar al movimiento sindical?”, cuestionaron. Según el relato sindical, la marcha del martes 14 transcurrió de manera pacífica al menos por cinco horas, hasta que “a apenas cincuenta metros del final, y sin ninguna razón, las fuerzas del orden hicieron uso de bombas lacrimógenas y de sus machetes para cortar deliberadamente en dos el cortejo, insultando a los militantes y trabajadores”. La federación asegura contar con videos, fotos y testimonios que demuestran que fue la intervención policial la que desencadenó la violencia. Esas acusaciones no sólo provienen de fuentes sindicales. También de la propia policía. Alliance, uno de los gremios policiales más activos del país, hizo públicas las órdenes impartidas a los agentes por las jerarquías de las fuerzas antidisturbios. Una de ellas los conminaba a no intervenir durante al menos una hora. El sindicato se pregunta “qué fin tiene dejar que los violentos sigan adelante con su plan de destrucción”. “¿Por qué no impedir la participación de los violentos ya identificados? ¿Por qué dejar que rompan todo antes de actuar?”, interroga Alliance. Y coincidiendo con el sindicato portuario lanza: “¿Es posible que el gobierno utilice estrategias para desacreditar al movimiento sindical?”. Entre los manifestantes se objeta por otro lado que no es propio de los llamados “radicales” emprenderla a pedradas contra hospitales públicos, menos que menos infantiles. “No entra dentro de su lógica de acción”, dijeron animadores de La Nuit Debout. “Pero sí en la de los provocadores policiales”, agregaron.

Mientras tanto, el parlamento sigue discutiendo la reforma laboral. La próxima sesión, la definitiva, tendrá lugar el 3 de julio, y el gobierno corre el riesgo de no contar con la mayoría necesaria para aprobarla, por la defección de legisladores del propio Partido Socialista. De ser así, deberá negociarla, o aprobarla por decreto, lo que ahondaría la ya profunda crisis del partido gobernante.

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