A fines de 2015 llegó a la Intendencia de Maldonado una propuesta de la Asociación Española –institución vinculada a la actividad profesional del presidente Tabaré Vázquez y su familia– para desarrollar en Punta del Este un campus de salud destinado a turistas de alto poder adquisitivo. Entre los promotores de la iniciativa, que pretendía beneficios fiscales a través de la ley de inversiones e incentivos departamentales a la construcción, estaba Juan Salgado, amigo personal y asesor del mandatario. En esa misma época otro grupo empresarial hacía lobby ante el Ministerio de Economía y Finanzas (Mef) para desarrollar en el balneario un emprendimiento similar, denominado Punta Health, enmarcado en el proyecto de ley que modifica el régimen de zonas francas. Ambos proyectos coincidían en la promesa de invertir 200 millones de dólares, brindar servicios de alta complejidad médica al estilo del Hospital Sirio Libanés en Brasil o la clínica Las Condes en Chile y construir apartamentos Vip para alojar a los pacientes, acompañantes y especialistas que llegaran a trabajar desde el exterior. Sin embargo, corrían por carriles diferentes.
El de la Asociación Española avanzó en el quinto piso de la Intendencia de Maldonado, al punto que el intendente Enrique Antía designó a su amigo Carlos Verissimo para ocuparse personalmente de las necesidades del grupo empresarial (véase recuadro), y ofreció cotizadas tierras municipales en la zona de El Jagüel. El de Punta Health, que también se proyectaba en la zona de El Jagüel, fluía en los despachos del Mef, al punto que el ministro Danilo Astori dio su apoyo público al emprendimiento mientras los desarrollistas lo publicitaban en una fuerte campaña mediática. Ninguno de los dos proyectos pareció llevar ventaja sobre el otro, hasta que el debate oficialista sobre la “mercantilización” de los servicios de salud y la renuncia fiscal del Estado trancó el proyecto de zonas francas en el Senado.
En ese contexto surgió un informe del Ministerio de Salud (MS) que advertía riesgos para los recursos humanos del Sistema Integrado de Salud (Snis), al tiempo que el Movimiento de Participación Popular se negaba a aprobar una iniciativa que entendía dañina para el espíritu igualitario de las prestaciones de salud en el país. Así que el Poder Ejecutivo resignó la creación de áreas temáticas de salud y Punta Health fue desahuciado (véase Brecha 25-XI-16). La pérdida de tamaña inversión para Maldonado no alteró al intendente nacionalista. “Era gente que quería un permiso para revender y yo estaba esperando… Hay gente que logra un permiso y sale a buscar un cliente. Hasta que no vinieran con algo concreto yo no iba a actuar. Iba a ser una mezcla de salud con cine y cosas, y no me pareció correcto. Podía ser una gran bolsa de humo, entonces me gusta ser pragmático”, argumentó Antía en febrero al ser consultado por Brecha sobre su silencio tras la caída de Punta Health.
EN DIÁSTOLE. Erradicado su principal competidor y con el firme respaldo del jefe departamental, el 29 de diciembre de 2016 la Española y sus socios presentaron en público su proyecto de Hospital Internacional de Punta del Este (Hipe). En una conferencia de prensa realizada con gran alharaca en el quinto piso de la Intendencia fernandina se confirmó la compra de 30 hectáreas en La Barra para construir el complejo y desarrollar toda la propuesta de salud en los tres años siguientes. Sin entrar en detalles, los ejecutivos hablaron de montar áreas de “investigación médica, tratamiento y rehabilitación” en cardiología, neurología y traumatología; mostraron el diseño del futuro complejo residencial para adultos mayores, comercios y un auditorio con salas de reuniones para realizar seminarios y simposios.
Sin embargo no precisaron cómo financiarían el millonario proyecto, ni bajo qué figura brindará el Hipe sus servicios (si como prestador o como seguro privado), ni cómo evitaría afectar los siempre insuficientes recursos humanos del Snis. Al menos, nada de eso fue escrito en las gacetillas de prensa ni tomado por los numerosos medios que cubrieron el evento. Lógicamente, tampoco los empresarios explicaron por qué una institución como la Española –tan vinculada al presidente Vázquez– impulsó un megaproyecto que el Msp difícilmente autorice. Como antecedentes poco favorables están el informe contrario a Punta Health –en buena parte aplicable al caso del Hipe– y la cantidad de años que la autoridad sanitaria suele tomarse para habilitar institutos de medicina altamente especializada (Imae) en el interior del país.
Pero otro síntoma de poca simpatía hacia el proyecto fue que, durante el lanzamiento, no hubo jerarcas del Msp. “Aunque nos invitaron, no fuimos porque no sabíamos cómo iba a funcionar eso”, reconoció el ministro Jorge Basso a radio Montecarlo, 15 días después de la conferencia. Enseguida se expidió en contra de habilitar servicios “donde no se justifican”; un argumento similar al empleado en 2016, cuando rechazó por enésima vez que el Sanatorio Americano abriera una sucursal de sus servicios cardiológicos en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este (véase recuadro).
MALA TOS. Con el transcurso de los meses Basso sigue sin conocer detalles del emprendimiento. Desde el Msp aseguran que el grupo empresarial todavía no tramitó las correspondientes autorizaciones ni sometió proyecto alguno a consideración ministerial. Tampoco inició gestiones para acogerse a los beneficios fiscales estipulados por la ley de inversiones: la postulación no llegó al Ministerio de Economía, ni pasó a evaluación de la comisión de aplicación de la ley de inversiones (conocida como Comap), como se esperaba.
Entre las fuentes ministeriales consultadas no hay diagnóstico halagüeño, y el silencio de los empresarios no contribuye a descartar síntomas. Desde su oficina porteña el presidente de Medical Brokers, Carlos Abad, argumentó a Brecha que “en este momento de desarrollo del proyecto del hospital no consideran realizar una nota sobre los avances del mismo”, aunque meses atrás habló en abundancia sobre las virtudes de Punta del Este como destino turístico de salud. Los representantes de la Española también se negaron a hablar al ser consultados por este semanario, como Juan Salgado, quien además es padre del tesorero de la institución médica; y el gerente general de la mutualista, el doctor Julio Martínez, quien habló por primera vez sobre el Hipe durante una entrevista concedida a Brecha en febrero de 2016.
También resultaron herméticos los directivos de Tsya Uruguay y Argentina, quienes están a cargo del diseño arquitectónico y ya han tenido como clienta a la Española en emprendimientos de menor porte (los consultorios de bulevar Artigas y las policlínicas de Ciudad de la Costa, Pinamar y Playa Pascual). Antía informó a Brecha que la Intendencia recibió “un lote” de planos para avalar el proyecto pero que los desarrollistas todavía no respondieron a las sugerencias y ajustes solicitados para su aprobación.
Ocupado por estos días en sacar adelante una serie de grandes proyectos de construcción que requieren excepciones de la Junta Departamental, el intendente admitió que ha recibido “información contradictoria” sobre el Hipe, y recomendó al semanario comunicarse con Verissimo. Pero el agente tampoco sabía demasiado: “No me comunico con ellos desde diciembre”, musitó, nervioso por la llamada. En el partido de gobierno, por el momento, no es tema en discusión. En los hechos, más allá de los promotores, nadie parece saber cómo va el proyecto. En medio de murmullos, profundos y prolongados silencios, opiniones pesimistas y deseos de pronta recuperación, el ambiente que rodea al Hipe recuerda al entorno de un paciente en coma inducido. Sin certeza de que vaya a despertar.
[notice]Los nexos
Santucci y Verissimo
Dos personas cercanas al intendente Enrique Antía y de bajo perfil en el departamento tuvieron un papel destacado en las negociaciones para asegurarse el proyecto del Hipe en Maldonado. Uno es el empresario argentino Juan de Dios Santucci, miembro de la Agencia de Desarrollo Departamental, creada a través del presupuesto quinquenal para “diseñar lineamientos estratégicos y promover el desarrollo” de Maldonado. La opinión de Santucci influyó para que el intendente eligiera el proyecto de la Asociación Española frente al que promovía Punta Health. “Conoce del tema, ha trabajado en el área de salud de distintos países y vive parte del año acá. Fue concreto, no una bolsa de humo”, argumentó Antía tiempo atrás, al afirmar que Santucci era el nexo entre la Intendencia de Maldonado y los desarrollistas del Hipe.
El empresario, declarado fanático de Punta del Este, vive entre La Barra, San Pablo y Buenos Aires. En 2010 fue vinculado a empresas investigadas por supuesto cobro de sobornos en exportaciones de productos argentinos a Venezuela. Sin embargo negó las versiones de prensa y llegó a contratar espacios en los diarios para aclarar que no tenía vínculos societarios con ninguna de las firmas involucradas. En Maldonado es más conocido por su afición a las movidas y exposiciones de autos clásicos y sus emprendimientos en Garzón.
El otro nexo entre Antía y los inversores del Hipe es Carlos Verissimo, quien trabajó como secretario del diputado nacionalista José Hualde entre 1995 y 2000. Aunque de muy bajo perfil, es un fiel colaborador de Antía cuando es necesario conseguir apoyo económico para las campañas o captar empresarios para el departamento. “Verissimo es la persona en quien ellos delegan las consultas; la dirección del proyecto nos dijo que habláramos con él ante cualquier duda”, comentó Antía a Brecha, como si apenas lo conociera. Verissimo, en cambio, se definió como “un compañero de Enrique” y ofreció una versión distinta: “Yo no soy nada, los atendí en su momento por parte de la Intendencia, pero no tengo la mínima idea de en qué está el tema”, aclaró.
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Complicaciones médicas
El lanzamiento del Hipe tomó por sorpresa a las instituciones de la Federación de Prestadores Médicos del Interior (Fepremi). Mucho más por las características del proyecto, al que accedieron a través de la prensa, que por no haber sido invitadas a la presentación. El cardiólogo Frank Torres, presidente de la Asistencial Médica Departamental de Maldonado (Amdm) y ex presidente de la Sociedad Uruguaya de Cardiología, no logra entender cuál es la ecuación de rentabilidad del anunciado Instituto del Corazón. Le sorprende que propongan un instituto de medicina altamente especializada (Imae) en cardiología, en apariencia destinado a no residentes y operando por fuera del Sistema Integrado de Salud, en medio de una evidente reticencia del MS a habilitar este tipo de servicios, justamente en el este del país. Todos los Imae cardiológicos están centralizados en Montevideo, y si bien se habilitará uno en Salto y está pendiente otro para Tacuarembó, Torres recordó a Brecha que la Amdm espera desde 2009 autorización para instalar en Maldonado un anexo cardiológico del Sanatorio Americano (propiedad de Fepremi). Con esto se evitaría el traslado de los más de 400 habitantes permanentes que cada año deben operarse en Montevideo. Pero si en ese contexto las autoridades sanitarias entienden que no hay condiciones para instalar un centro regional, no parece lógico que habiliten uno para usuarios no residentes, que requieren apenas el 5 por ciento de los servicios asistenciales, razonó.
Con 30 años como especialista en la región este, Torres aboga por seguir descentralizando y priorizando servicios de alto nivel para la población permanente. Además, las instituciones del este nucleadas en Fepremi se preguntan cómo se integrarán los equipos técnicos del Hipe, considerando que el personal altamente calificado es muy escaso en todas las disciplinas y que formarlo para un Imae toma por lo menos cinco años después de la especialización. Si se produjera un trasiego de personal desde las instituciones del Snis, al menos en los comienzos, se resentirían los recursos humanos para la población estable. Por lo que observó del proyecto, entiende que el Hipe no alcanzaría la cantidad de casos mínima para garantizar la investigación y el entrenamiento del personal, como ocurre con grandes centros privados internacionales del exterior. Por eso cree que “no hay que darle la espalda al desarrollo del Snis, ni destruir el sentido equitativo e igualitario tanto para los usuarios como para el funcionamiento de los prestadores”.
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