Hoy como ayer

Pasa el tiempo, pasan los gobiernos, pasan los directores, y el sistema de privación de libertad de los adolescentes infractores –aunque cambie de nombre– sigue por el mismo rumbo: el uso de la violencia como método de contención y la cerrada defensa del sindicato de los “compañeros” torturadores.

Pasó en el Ser. “Todo arrancó porque los del nivel dos sentimos los gritos de X que le estaban pegando. Ahí empezó el golpeteo de puertas y los funcionarios fueron abriendo pieza por pieza. Era el turno de los M. Dijeron que saliéramos y nos sacáramos la ropa. L y N entraron. L, ahí nomás, me dio un piñe atrás de la oreja y cuando estaba saliendo me pone la pierna. Caigo y N me da terrible patada karateca en la cara…” El relato sigue con lujo de detalles. “Yo me desmayé y cuando me despierto N me levantó y me daba piñas en la cara”. Sigue: “Le partió el ojo, después siguieron conmigo… nos dejaron a todos en bolas toda la noche… pintó patotazo, me dieron entre todos los que nombré”. ¿Resuena el testimonio? El sumario se abrió. M, N y L fueron separados del cargo. Pero la investigación administrativa culminó y M fue exculpado, L suspendido por 15 días y N por 30. La denuncia penal fue archivada por falta de pruebas. La contraparte: hacinados, se intentaron prender fuego. Suena descabellado pero esa fue la declaración desde el sindicato de trabajadores del inau (suinau) respaldando a sus funcionarios. “Se querían autoeliminar ahí… y los sacaron medio a prepo. Lo único que constatan los forenses es que hay un chico que tiene un corte en la ceja.” Pero las pericias se realizaron 11 o 12 días después. El escrito que cuatro años más tarde acompañó la destitución de M, N y L dice que “fue tiempo más que suficiente para que los adolescentes dejaran de tener marcas”. Los hechos ocurrieron en abril de 2003. En aquel momento, además de la falta de prueba forense, uno de los adolescentes negó lo sucedido. Lo habían sobornado con derecho a goce de whisky y alcohol rectificado los domingos, camuflado en una botella de hipoclorito. Los otros omitieron detalles por miedo. Cuando en 2005 cambiaron las autoridades del Interj (actual Sirpa) el nuevo directorio solicitó ampliar la prueba de aquellos episodios y se volvió a interrogar a los jóvenes, que ya estaban fuera del sistema. Como resultado, el instructor sumariante consignó en su informe contradicciones entre las declaraciones de los funcionarios y que el principal argumento de la defensa consistía en descalificar a los denunciantes. A pesar del fallo el suinau siguió expresando convencimiento de que nada había pasado. “Lo que hay son denuncias de jóvenes internados que ahora están presos en el Comcar o en el Penal de Libertad”, afirmaron. En marzo de 2007 Joselo López –usando la misma estrategia de autodefensa señalada por el sumariante– dijo a Brecha: “El directorio le cree más a los chicos que a los trabajadores, pero ellos son como el Cosita y el Sapo” (dos delincuentes que en ese momento habían causado alarma pública por sus crímenes). Por otro lado, el pit-cnt, que ante la última ola de denuncias por malos tratos en el mismo “hogar” manifestó una defensa cerrada de la gestión del actual directorio, alineado éste por primera vez en la historia con el sindicato de trabajadores, en febrero de 2007 apoyó el conflicto que declaró el suinau a raíz de las tres destituciones. “Hay que esperar a que aparezcan los datos y ver si hay pruebas contundentes”, dijo a Brecha el dirigente Juan Castillo en ese momento. Un documento elevado en 2006 por la directora del Departamento de Sumarios de la División Jurídica del inau reconoce que no se trató de un hecho aislado sino “dentro de un sistema caracterizado por un uso reiterado de una violencia, por momentos inusitada, practicada como método de contención”. En la nota1 que relata este caso, el periodista Daniel Erosa pregunta a Castillo si con estos elementos no cabe otra actitud de la central de trabajadores históricamente defensora de los derechos humanos. “La cosa es muy vidriosa…”, ensayó como inicio de una respuesta el dirigente. ¿Hoy esta postura resuena?
Marzo de 2004. Tres ong envían un documento reservado a la Suprema Corte de Justicia elaborado a partir de informes, entrevistas y expedientes judiciales. El hecho es tratado en una nota publicada en La República2 por Roger Rodríguez. “Se han detectado violaciones a los derechos humanos en el Interj (…) particularmente en el centro Ser de Berro”, escribe el periodista a propósito del documento. Éste alerta sobre prácticas de tortura sistemática desde 1996, denuncias administrativas que culminan con sanciones demasiado leves en relación con su gravedad, y otras por la vía penal, que en “escasísimas situaciones han derivado en decisiones de la justicia, muchos funcionarios fueron trasladados de establecimiento y algunos hasta ascendidos en el escalafón funcional”.
2014. A la cabeza del nuevo hogar de bulevar Artigas se designa a uno de los implicados en el caso de Fabián Tomé, un joven que había sido golpeado y abusado sexualmente en 2012. Hecha la denuncia, el abusador terminó procesado y preso. Pero a Fabián lo mataron a los pocos días de salir en libertad.
Ahora, el funcionario del Ser implicado en siete denuncias administrativas y cuatro penales, recientemente denunciado por golpear a un joven en represalia a las declaraciones que éste hiciera en un informe de Canal 10, hasta ayer continuaba en el centro en tareas de coordinación de funcionarios, “hasta tanto llegue la resolución de Jurídica”, tras un pedido de informes de carácter urgente, y “sin contacto con los jóvenes”, confirmó a este semanario Ruben Villaverde. La denuncia desencadenó el lunes la intervención del Ser: nuevo equipo de dirección integrado por Wilmar García, Elena Rodríguez y José Luis Pérez, y un reforzamiento del equipo de asistentes sociales y psicólogos. Villaverde también confirmó a Brecha que la directora del centro –Jessica Barrios– luego de su licencia reglamentaria será trasladada, como resultado de una larga investigación iniciada hace varios meses por malos tratos. La misma culminó días antes de que Barrios compareciera ante la justicia por denuncias efectuadas en 2013 por un ex funcionario, caso que determinó otros cuatro sumarios. Villaverde también informó que el funcionario conocido como “Popeye”, sobre quien recaen varias denuncias penales y que desde febrero está separado del cargo con retención de la mitad del sueldo, continuará en la misma situación luego del 7 de julio.

HACE AGUA. El lunes pasado la novedad fue que Isaura Tórtora, la jueza que lleva los casos por maltrato en el Ser, se había tomado licencia médica. De acuerdo al habitual funcionamiento de la justicia, esto significa que los expedientes están parados. “Generalmente los jueces cuando son designados suplentes hacen lo mínimo”, dijo a Brecha Juan Fumeiro, integrante del Comité de Derechos del Niño-Uruguay. Hasta el día de ayer el adolescente golpeado por un funcionario en el Ser tras haber sido identificado en el informe de Subrayado Investiga no había sido visto por un forense. Incluso no está claro si se ordenó la pericia. De no ser así significa un nuevo palo en la rueda, afirmó Fumeiro: el debilitamiento de la prueba acerca la causa al archivo.
Consultada sobre el estado de las denuncias que dirige, la doctora Sandra Giménez, representante de algunas familias de adolescentes internados en el Ser, dijo a Brecha que los expedientes se trancan en el Juzgado de Menores Infractores. Sostuvo que las madres no saben que las denuncias pueden hacerse directamente en Pando, que se les explica que el sistema está pensado para que no gasten en abogados particulares y que el juez que entiende de esto es el de menores infractores. Pero las causas se trancan allí. Una de las denuncias presentadas por Giménez en 2013 “recién en Semana de Turismo el juez tomó conocimiento de la misma, pero aún no llamó a los padres para firmar la ratificación”. Giménez presentó la denuncia el 6 de noviembre, iba día por medio al juzgado, “eso un defensor de oficio no lo puede hacer”. La abogada indicó que hay otra denuncia efectuada en abril de este año por malos tratos y que el adolescente todavía no fue llamado a declarar. También indicó que hay un expediente sobre un hecho que ocurrió en mayo, denunciado por la propia dirección del Ser. En este caso el joven fue trasladado a declarar sin que la familia fuera avisada, violando el artículo 168 del Código de la Niñez y la Adolescencia. La madre se enteró días después, en una visita.
A la denuncia del ex funcionario de apellido Márquez, recordado por las imágenes que él mismo filmó durante una golpiza y que fueran difundidas a través de medios audiovisuales y redes sociales, y por la que el jueves pasado varios funcionarios del Ser fueron a declarar en calidad de indagados, se sumó otra en la que el propio Sirpa figura como denunciante. Dos jóvenes se pelearon en una celda y terminaron tan mal que debieron ser trasladados de urgencia a un centro médico fuera de la Colonia. El médico que los atendió solicitó un informe forense. Por lo que se tuvo que llamar al juzgado. Dado el tipo de lesiones que presentaban se puso en duda la veracidad de la pelea. A los jóvenes les habían hecho firmar un acta que decía que se habían peleado. Luego declararon que en realidad habían sido víctimas de una golpiza.

REINCIDENCIAS. “A la prensa parece importarle el Iname cuando éste da motivo de inserción en la página roja e ignora totalmente las cosas positivas que se dan, y que son muchas”, dijo, por los noventa, uno de los integrantes del directorio, “ex secretario del coronel Barba, interventor del Consejo del Niño durante la dictadura” (véase Brecha, 2-I-05).
Discurso similar se ha escuchado en estos meses desde el gobierno y por parte de legisladores de izquierda cuando frente a las denuncias de torturas se responde la obviedad de que “hay que probarlas”, que de las mejoras no se habla y que los chiquilines no son “nenes de mamá” ni “del Crandon”, como aseguró Joselo López. Mientras, desde el sindicato se acusa a organizaciones como el Serpaj de dirigir una movida para justificar su función y atraer fondos internacionales. O como fuera sugerido por tres dirigentes del suinau en una asamblea de la feuu que resolvería su adhesión o no al comunicado emitido por más de treinta organizaciones de la sociedad civil en respaldo a la inddhh: se interpreta el ruido como una movida para desestabilizar el sistema y quitarlo de la órbita de inau, con la intención además de potenciar el discurso a favor de la baja de la edad de imputabilidad. Recuérdese, sin ir más lejos, que el último cambio de dirección del Ser, antes de la intervención, fue a raíz de un intento de boicot de funcionarios que el anterior jerarca habría detectado en las redes sociales y que incluía la promoción de un motín y fuga de internos (véase El País, 14-XII-13).3
En tanto, autoridades públicas y parlamentarios frenteamplistas cuestionaban los informes elevados por la inddhh a principios de abril por imparciales, por omitir mejoras, por no incluir la voz de los trabajadores. Aunque lo que más molestó fue quizás su carácter, a juicio de varios, apresuradamente público.
Mientras la justicia se demora, los mecanismos administrativos de denuncia manifiestan importantes fisuras en el respeto a las garantías de los jóvenes y sus familias. Las organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en la creación de un mecanismo independiente con potestades sancionatorias, conforme a las recomendaciones periódicas que los organismos internacionales vienen señalando al Estado uruguayo. Esta semana se presentó en Ginebra el “informe sombra” sobre los avances en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes a instancias de la precisión del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas respecto del informe país presentado por el Estado. Se trata de un documento que nuclea a varias organizaciones encargadas de monitorear el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño (cdn). Las recomendaciones llegarán en enero de 2015 y en materia de justicia juvenil no se descarta que vayan en el mismo sentido que las anteriores: además de establecer un mecanismo independiente de recepción de denuncias, “el establecimiento de un sistema especializado de justicia penal juvenil y la privación de libertad como último recurso a aplicar”, señaló Fumeiro.
Es probable que antes de fin de año recibamos una nueva visita de la Organización Mundial Contra la Tortura (omct) para acompañar la recorrida por el sistema de responsabilidad penal adolescente que el Comité realiza todos los años como parte del monitoreo permanente. La última vez que el secretario de la omct, Eric Sottas, visitó los centros de detención de adolescentes en octubre pasado expresó: “que entre el personal hay unas ovejas negras y por razones más bien de índole política hay cierta falta de determinación para arreglar esta cuestión. En los diez años que he seguido el tema eso ha estado pasando (…) están poniendo mucho énfasis en la infraestructura y es necesario, pero repito, hay que repensar quiénes están vigilando a los chicos, hay una formación de psicólogos, de sociólogos, pero quienes están en contacto directo con los chicos son los guardias, y si no se hace una detección muy rigurosa de los que perpetran malos tratos, todo el esfuerzo está afectado. (…) el chico lo que vive es eso, lo que le están haciendo, no las ideas” (véase Brecha, 1-X-13).

1. Véase Brecha del 8 de junio de 2007.
2. Nota reeditada por el periodista y publicada en su cuenta de Facebook.
3. La misma versión había sido planteada a Brecha por Ruben Villaverde en setiembre de 2013.

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