En una misma jornada, el miércoles 2, el Congreso brasileño fue escenario de una victoria esencial para Dilma Rousseff y de una noticia que, aunque esperada, puso el país patas arriba. El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, del Pmdb, que se supone sería el principal aliado en la base de apoyo al gobierno, convocó una rueda de prensa para anunciar que había decidido aceptar un pedido de apertura de juicio político contra la presidenta. El anuncio fue hecho exactamente cuando el presidente del Senado, Renan Calheiros, del mismo Pmdb, confirmaba que un proyecto de ley clave enviado por el Ejecutivo había sido aprobado por amplia mayoría. Gracias a esta aprobación, el gobierno fue autorizado a cerrar las cuentas de 2015 con un déficit descomunal de 120 mil millones de reales, unos 31.500 millones de dólares. De no haber sido aprobada la modificación en el presupuesto nacional, Dilma estaría incumpliendo la ley de responsabilidad fiscal, lo que hubiera puesto su mandato en altísimo riesgo.
Sin embargo, no hubo tiempo para celebraciones. En otra parte del Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados comunicaba su decisión de aceptar un pedido de impeachment acusando a Rousseff precisamente de haber cometido un crimen de responsabilidad fiscal por haber gastado en lo que va del año más de lo que había sido autorizado por diputados y senadores. Cunha, quien enfrenta un juicio en el Consejo de Ética de la Cámara, insistió en que la suya había sido una decisión “estrictamente técnica”. También repitió que no sentía “ninguna felicidad” por haberla adoptado. Minutos después, en su cuenta de Twitter divulgaba alegres mensajes asegurando que había escuchado “los pedidos de la calle”. De decisión estrictamente técnica, ni palabra.
Tan pronto supo de la medida adoptada por Cunha, Dilma se reunió con su núcleo duro y habló en cadena de radio y televisión. En escasos tres minutos manifestó que recibió “con indignación” la medida “contra el mandato concedido democráticamente por el pueblo brasileño”, aseguró que su gobierno “no practicó actos ilícitos” y rechazó cualquier fundamento en el pedido de impeachment. Y en un mensaje directo al presidente de la Cámara de Diputados, que enfrenta procesos en la Corte Suprema por haber practicado evasión fiscal, lavado de dinero, fraude y recibido coimas millonarias, Rousseff agregó: “No existe sobre mí ninguna sospecha de desvío de recursos públicos, no mantengo cuentas en el exterior y jamás oculté del conocimiento público la existencia de mis bienes personales”. Luego algunos de sus asesores más cercanos admitieron que “ha sido mejor así”. En claro: el gobierno estaba virtualmente paralizado en manos de Cunha, que desde hacía al menos siete meses actuaba de manera pendular, como forma de chantajear tanto al gobierno como a la oposición. Al gobierno lo amenazaba con aceptar un pedido de impeachment si no era atendido en sus insistentes pedidos de apoyo para mantenerse en su puesto; a la oposición la amenazaba con no aceptar ninguno de los pedidos de impeachment, a menos que le asegurasen la tan requerida protección. Será más fácil ahora, dicen los asesores de Dilma, derrumbar en el Congreso la iniciativa de Cunha.
Controlando al menos cien diputados en una legislatura de 513 que es la de peor nivel –político, intelectual, ético y moral– de los últimos 30 años en Brasil, Cunha se movió como pez en el agua hasta hace poco menos de tres meses, cuando creció de manera consistente el volumen de las acusaciones contra él. Dueño de una larga carrera de escándalos, llegó a la presidencia de la Cámara gracias al apoyo de las bancadas más retrógradas, y por haber sido siempre un excelente captador de recursos –casi nunca lícitos– para ayudar a financiar campañas ajenas, además, claro, de las suyas.
El trámite de juicio será largo. Primero se arma una comisión especial para analizar la admisibilidad del pedido. Esa comisión es formada obedeciendo a la proporcionalidad de los partidos en la Cámara. Si mantiene el pedido, el tema será llevado al pleno, donde necesitará la aprobación de dos tercios, o sea 342 diputados. Para impedir que eso ocurra, el gobierno tendrá que reunir 171 votos. Si no los consigue, Rousseff será alejada del puesto mientras se analiza el tema en el Senado, que tiene la palabra final. En tal caso, asume el vicepresidente, Michel Temer. El gobierno necesitará igualmente el voto de dos tercios de los senadores.
Con el país atravesando un cuadro económico especialmente grave, este nuevo ingrediente en una crisis política que ya era bastante seria no hace más que dejar entrever un 2016 muy duro.
