Los estudiantes chilenos han vuelto a movilizarse, desilusionados por los cabildeos y arreglos políticos que están quitando fuerza a la reforma de la educación promovida por la presidenta Michelle Bachelet. A una década de sus primeras protestas (conocidas como “la revolución pingüina”, por los uniformes estudiantiles) poco es lo que se ha avanzado en medidas de fondo para eliminar las desventajas de la educación estatal frente a la privada y mejorar la calidad del sistema en general. Desde 2006, los colegios y liceos públicos han perdido 400 mil alumnos y más del 60 por ciento del alumnado del país está en la educación privada. El gobierno ha tomado varias medidas para eliminar el lucro con los establecimientos educativos e inició el proceso de desmunicipalización para crear grandes unidades de administración regional, con lo que se podría poner fin a las grandes desigualdades entre la educación que pueden dar las municipalidades más ricas y las más pobres. No obstante, continúa manteniendo un híbrido, creación de la dictadura, que es el sistema particular subvencionado, en el cual el Estado paga a los dueños de miles de colegios privados una suma mensual por alumno para que esas instituciones no cobren o cobren muy poco a los padres. Si bien es en este sector donde se están imponiendo más controles y requerimientos, no hay intención alguna de reducirle o retirarle los fondos, en beneficio del sistema estatal.
Tres días después del mensaje presidencial a la nación del 21 de mayo, un grupo de universitarios y liceales disfrazados de turistas entró al patio principal del palacio de gobierno y, entre forcejeos con la guardia de Carabineros, desplegaron un lienzo con la leyenda: “Notifíquese, hoy comienza la ofensiva”. La notificada era la presidenta Bachelet, de quien los universitarios, en particular, habían esperado algún anuncio trascendente en su discurso a la nación. En cambio, la jefa del Ejecutivo dio una cifra de alumnos que se beneficiarán con la gratuidad inferior a la dada en sus promesas electorales, y responsabilizó al estado de la economía por no poder hacer más. Lo prometido originalmente era dar el beneficio de estudios superiores gratuitos al 70 por ciento de los alumnos; la oposición derechista consiguió trabar la inclusión de esa promesa en el presupuesto y en la actualidad los beneficiarios no llegan al 10 por ciento del total de estudiantes. Pero según lo que se entiende por educación gratuita en otros países, esta gratuidad tampoco es tal, porque, al igual que en el sistema escolar subvencionado, el Estado paga a las universidades privadas –y estatales, debido a que la dictadura de Pinochet también las obligó a cobrar matrículas y aranceles– una suma por alumno para compensar los aranceles. Si el estudiante beneficiado abandona los estudios, la universidad debe devolver el dinero. Por otra parte, son recursos que engrosan todavía más las arcas de los establecimientos privados, que se llevan más del 60 por ciento de los dineros fiscales destinados a la educación superior. En 2015 este Estado nominalmente laico pasó a las siete principales universidades católicas más de 80 millones de dólares.
El jueves 26, bajo la consigna “Chile se cansó de esperar”, el movimiento estudiantil intentó volver a las calles, con una marcha por la avenida principal del centro de Santiago. Las autoridades prohibieron la manifestación. El desafío de los estudiantes frente a la prohibición fue frustrado por las fuerzas policiales. Los hechos de violencia protagonizados por algunos de los manifestantes sirvieron para que los medios de comunicación –en su mayoría afines a la derecha– y las autoridades desataran una andanada de críticas y comentarios paternalistas hacia los estudiantes. En cuanto a la represión, palabra ésta que parece proscrita del vocabulario oficial y entre la mayor parte de los periodistas, el jefe de la policía militarizada de Carabineros ya había dejado en claro las reglas del juego durante los incidentes del 21 de mayo en Valparaíso: “Basta ya de poner siempre en tela de juicio a los Carabineros. Nosotros ponemos el pecho a las piedras, las balas, los fierros y al final siempre encuentran un pero”. No tuvo siquiera un llamado de atención de parte de los poderes civiles.