Una de las sorpresas de la nueva rendición de cuentas fue la comunicación del Poder Ejecutivo estableciendo que por varios años en adelante no se podrá contar con las ganancias del Banco República, tanto para que sean volcadas a Rentas Generales como para el Fondes, en sus dos ramas: Fondes Inacoop y Fondes Ande. Ello a pesar de que, según cifras oficiales, sus utilidades se ubican promedialmente en 88 millones de dólares anuales. El pasado año fueron de 91 millones de dólares.
Esa imposibilidad responde a directrices emanadas de la Superintendencia de Servicios Financieros (Ssf) del Banco Central del Uruguay (Bcu), que entiende que las ganancias del Brou deben ser incorporadas a su capital, de acuerdo a las normativas de Basilea III, establecidas en 2010 a nivel internacional después de la crisis financiera de 2008. Esas disposiciones son promovidas por el Foro de Estabilidad Financiera (una organización mundial) y pretenden fortalecer la operativa de los bancos oficiales y privados.
De acuerdo a la presentación que el Mef hizo a la bancada oficialista el 14 de junio pasado, esa decisión del Bcu se debe a que el República debe “presentar un balance consolidado con sus sucursales del exterior, lo que implica un aumento de los requerimientos patrimoniales”. El Brou tiene tres dependencias fuera del país: Buenos Aires, Nueva York y San Pablo.
Brecha intentó comunicarse con las autoridades del banco estatal para conocer los detalles de la nueva situación, sin embargo al cierre de esta edición ninguna respuesta había llegado. Mientras, en ámbitos parlamentarios las interrogantes son dos: ¿por qué ahora, después de siete años, se decide adoptar las normativas de Basilea III?, y ¿cuánto de la deficiencia patrimonial responde a deudas incobrables del sector privado?
Uruguay, como tantos países, no se alinea inmediatamente a las disposiciones internacionales, por ejemplo ha desconocido las de la Omc respecto de eliminar la tasa consular, incluso la aumenta en esta rendición de cuentas (véase nota en la página 5). Por otro lado, se sabe que tiene préstamos incobrables, tal el caso conocido, entre otros, de la deuda de varias decenas de millones de dólares dejada por Fripur y la recientemente conocida del Union Agriculture Group (Uag) por 23,7 millones de dólares, de la que Búsqueda informó el jueves 15 de junio pasado. Por tanto, la interrogante es cuánto de esas deudas influyen en su situación patrimonial.
EL GOLPE. La imposibilidad de contar con las utilidades del Brou fue una de las razones que el Ejecutivo adujo para acotar el espacio fiscal. Pero la otra derivación es que cesará, de ahora en adelante, el apoyo financiero a las empresas de propiedad social y a las pymes. De acuerdo a la ley aprobada a comienzos de esta administración, esas dos áreas de la economía se financiarían con un porcentaje de entre el 15 y el 30 por ciento de las utilidades del República.
Incluso al Fondes Ina-coop no se le han entregado 20 millones de dólares, procedentes de las ganancias del banco estatal de los años 2014 y 2015. En realidad sólo recibió 10 millones de dólares provenientes de las utilidades generadas por la compra de bonos realizada por el Fondes durante el gobierno de José Mujica, con dineros sobrantes de la anterior actividad (recuérdese que, antes, el 30 por ciento de las ganancias del Brou tenían ese fin, y no todos esos fondos fueron utilizados). Ese pago de 10 millones de dólares lo hizo la Corporación Nacional para el Desarrollo, a cuenta de las ganancias del banco estatal, y no el propio Brou.
LOS CIERRES. En otro orden de cosas ha llamado la atención la operativa del “banco país”, que en los últimos tiempos ha decidido el cierre de sucursales (seis en Montevideo) y la disminución de la actividad de varias ubicadas en el Interior. El dirigente del sector oficial de Aebu Matías Arbizu dijo a Brecha que el banco ha privatizado parte de la operativa en corresponsalías (Abitab y Red Pagos) que cobran a la entidad estatal una comisión de un millón de dólares mensuales. Para Arbizu el hecho de juntar dependencias enlentece todos los trámites, y empuja a los clientes hacia los bancos privados, incluso en la solicitud de créditos.
El sindicalista comentó que en una reunión realizada con las autoridades, éstas les trasmitieron que la idea es potenciar la parte de negocios (la que corresponde a ejecutivos de cuentas), disminuyendo la parte operativa en beneficio de las corresponsalías. Esta realidad preocupa a varios legisladores oficialistas y sectores frenteamplistas, que ven cómo el banco parece perder su calidad de entidad que apunta al desarrollo, con un fuerte énfasis en lo social, para transformarse en una empresa financiera más.